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Última modificación: 2008-07-31
Violación del artículo 22.1 de la convención que protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un estado parte, por la desprotección sufrida por las víctimas y/o sus familiares por el desplazamiento interno producido como consecuencia de la incursión de grupos paramilitares, que actúan con la aquiescencia del estado

En el Caso de la Masacre de Mapiripán, los paramilitares, que incursionaron con la acción y omisión de agentes estatales, llegaron a Mapiripán y permanecieron desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual, impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas. La masacre ocurrida en Mapiripán, aunada, al miedo de que se repitieran hechos similares, al amedrentamiento por parte de paramilitares, a las vivencias de los días en que ocurrió la masacre, los daños sufridos por las familias y la posibilidad de sufrir otros daños, en razón de tener que dar su testimonio o de haberlo dado, provocó el desplazamiento interno de familias enteras de Mapiripán. Algunas de las personas desplazadas no vivían propiamente en Mapiripán al momento de los hechos, pero se vieron igualmente obligadas a desplazarse como consecuencia de los mismos. Muchas de esas personas han enfrentado graves condiciones de pobreza y la falta de acceso a muchos servicios básicos. Asimismo, varios de ellos han declarado su profunda preocupación ante la posibilidad de sufrir agresiones, una vez más, si vuelven a Mapiripán, que se encuentra ubicada en un área con presencia paramilitar. Para la Corte, las circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a las víctimas, incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento de esos familiares tiene origen en la desprotección sufrida durante la masacre y revela sus efectos en las violaciones a su integridad personal y en las consecuencias de las faltas al deber de investigar los hechos, que han derivado en impunidad parcial. Además, es manifiesta la desprotección a que se han visto sometidos quienes eran niños y niñas al momento de ser desplazados o mantienen esa condición actualmente. El conjunto de estos elementos llevan al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el derecho de los familiares de las víctimas a una vida digna, en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas normas. Mediante una interpretación evolutiva del artículo 22 de la Convención, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y de conformidad con el artículo 29.b de la Convención, que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos, la Corte consideró que el artículo 22.1 de la Convención protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un Estado Parte. Por las razones anteriores, la Corte declaró que Colombia violó el artículo 22.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 4.1, 5.1, 19 y 1.1 de dicho tratado. nota 1

En el Caso de las Masacres de Ituango, en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997, en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia, grupos paramilitares perpetraron sucesivas incursiones armadas, asesinando a su paso en forma selectiva a 19 civiles en estado de indefensión. En relación con el caso de La Granja, 31 miembros del grupo familiar de una de las personas ejecutadas, se vieron obligados a desplazarse hacia otros municipios de Antioquia. Antes de retirarse de El Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron el 80% de las viviendas y propiedades de El Aro, quedando a salvo sólo una capilla y ocho viviendas, y obligaron a 671 pobladores a abandonar sus casas y lugares de trabajo, para un total de 702 personas desplazadas en el presente caso, sin que se sepa con certeza cuántas personas realmente se vieron desplazadas por la falta de identificación. Para la Corte las masacres ocurridas en La Granja y El Aro, así como los daños sufridos por la sustracción del ganado y la destrucción de las propiedades de los pobladores, aunados al miedo a que se repitieran hechos similares, al amedrentamiento y a las amenazas recibidas por algunos de ellos por parte de paramilitares, provocaron el desplazamiento interno de muchas familias. En sentir de la Corte, las circunstancias de desplazamiento forzado interno que han enfrentado las víctimas en el presente caso no pueden ser desvinculadas de los demás derechos violados, por tanto, dicha situación incluye pero trasciende el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 de la Convención. Por todo lo anterior, la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en el artículo 22 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las setecientas dos (702) personas desplazadas de El Aro y La Granja. nota 2



  1. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  2. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .

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