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Última modificación: 2013-03-06
Violación de los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial por denegación de acceso a la justicia: ejecuciones extrajudiciales y suspensión de garantías judiciales en situaciones de emergencia

En septiembre de 1992, el Presidente de Ecuador decretó, en desarrollo de la Ley de Seguridad Nacional, y atendiendo hechos de violencia y delincuencia en las principales ciudades del país, un grave estado de conmoción y en tal sentido dispuso ?la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, como medio de precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados?.

En este contexto y de acuerdo con la legislación vigente, la Ley de Seguridad Nacional, al momento de ocurrencia de los hechos, los delitos de determinada gravedad, ocurridos durante la vigencia del estado de excepción, estaban bajo la jurisdicción penal militar.

Por acción de un operativo conjunto, en desarrollo de las facultades del estado de emergencia, el 6 de marzo de 1993, fueron privados de la vida, en la ciudad de Guayaquil, los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. El operativo desarrollado, cuyo objetivo se planteó en términos generales para ?la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas, entre las Fuerzas Armadas (FF.AA), Marina, Fuerza Aérea y Ejército, y la Policía Nacional, estuvo planificado con tres meses de anticipación; participaron alrededor de 1.200 agentes, con apoyo de camiones del ejército, lanchas y un helicóptero y para el ingreso a los domicilios de los occisos fueron utilizados explosivos. No hubo por parte del Estado, al momento del fallo de la Corte, investigación alguna sobre el uso de la fuerza en el operativo ni sobre las muertes producidas en este

El Estado, en la audiencia pública y en los alegatos finales se allanó y aceptó su responsabilidad en la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial -artículos 8 y 25 de la Convención Americana-, en tanto ?quebrantamiento al derecho a la verdad?.

La Corte estableció la violación de los derechos al debido proceso legal y la protección judicial -artículos 8.1 y 25 Convención Americana-, en relación con el deber de respeto de los derechos humanos -artículo 1.1-, en perjuicio de los familiares de las víctimas, en tanto que hubo denegación de justicia, porque: 1- No se abrió proceso penal alguno para la investigación de los hechos e identificación y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales; 2- No se adoptaron medidas para asegurar el material probatorio para efectos de llevar la respectiva investigación; 3-No se adoptaron medidas desde las primeras diligencias para establecer la verdad de los hechos en el contexto de las muertes sucedidas 4- Se desconoció el plazo razonable para efectos de la investigación, sanción de los responsables y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad; 5- Las garantías judiciales resultaron suspendidas, como resultado de normas de emergencia que impidieron el control de tal situación y de la verificación, mediante una investigación seria, pronta, independiente e imparcial la legalidad del uso de la fuerza que produjeron las ejecuciones extrajudiciales.

De lo señalado por la Corte, se puede afirmar que la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia no está condicionada, en casos de probada denegación de justicia como el presente, al eventual establecimiento de una comisión de la verdad y a los resultados que se puedan obtener. nota 1



  1. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 166 

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