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Última modificación: 2013-04-09
Violación del derecho a la propiedad y expropiación arbitraria, en relación con el debido proceso legal y la protección judicial efectiva cuando la respuesta a los recursos interpuestos por la víctima exceden el plazo razonable y han carecido de efectividad

En el Caso Salvador Chiriboga, los hermanos María y Julio Guillermo Salvador Chiriboga adquirieron por sucesión de su padre un predio localizado en el actual Distrito Metropolitano de Quito. Ella es la propietaria.

El Concejo Municipal de Quito en mayo de 1991 declaró el predio, conjuntamente con otros, de utilidad pública y ordenó su ocupación ?urgente con fines de expropiación total?, destinado a la construcción del Parque Metropolitano, para la protección del medio ambiente. En junio del mismo año, los hermanos apelaron la decisión de tal declaratoria y solicitaron que se dejara sin efectos el proceso que se realizó para tales efectos. En respuesta a la apelación, en septiembre de 1997, mediante Acuerdo Ministerial se dejó sin efectos la declaratoria de utilidad pública. En el mismo mes y año, se revocó el anterior Acuerdo, quedando vigente nuevamente tal declaratoria. La Corte estimó que la ocupación del predio por parte del Municipio de Quito ocurrió entre el 7 y 10 de julio de 1997.

Los hermanos Salvador Chiriboga interpusieron recursos objetivos o de plena jurisdicción, que de conformidad con la legislación ecuatoriana, están diseñados como procedimientos sencillos y expeditos, por su objeto y por su trámite, tendientes al pronunciamiento sobre la nulidad e ilegalidad de la declaratoria de utilidad pública, sin que se hubiere dictado sentencia, no obstante los diversas peticiones para que se falle de fondo. El primero fue interpuesto en mayo de 1994 y el segundo en diciembre de 1997.

La Corte advierte que teniendo en cuenta la legislación interna, el juicio de expropiación no es un procedimiento complejo, es más bien un proceso expedito. El objeto del proceso es simple, establecer el precio de un bien expropiado, en donde el juez interno es quien determina el precio del inmueble. En lo que se refiere a la actuación procesal de las víctimas, en el presente caso la señora Salvador Chiriboga es la única persona afectada por la expropiación de su propiedad y del examen del juicio no se desprende que su actuación haya obstruido o dilatado el proceso

Para efectos de determinar el precio que se debe por el inmueble expropiado, el municipio de Quito, presentó, en julio de 1996, cinco años después de la declaratoria de utilidad pública, la demanda de expropiación, procedimiento que de conformidad con la legislación ecuatoriana es expedito. De acuerdo con la legislación vigente para el caso, el plazo legal para su resolución era de 38 días, más los que devinieran de otras circunstancias del proceso. El plazo extraordinario establecido en el código de procedimiento civil, nunca podría ser mayor al triple del ordinario.

Dentro del procedimiento, en septiembre de 1996, el juez emitió auto de calificación autorizando la ocupación inmediata del predio, en tanto el municipio había consignado una suma e dinero, que había sido determinada por esa entidad. A partir de allí, se sucedieron varias actuaciones procesales, hasta que 10 años después de iniciado el juicio de expropiación, en mayo y junio de 2007, el perito dictaminó que el valor total del predio era de ?55.567.055,00 (cincuenta y cinco millones quinientos sesenta y siete mil cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América)?. La impugnación que interpuso el municipio, en junio de 2007, contra el informe del perito fue denegada, en el 2008, pero el juez de conocimiento nombró otro perito para un nuevo peritaje, sin que a la fecha de la sentencia se le hubiera allegado a la Corte información alguna sobre ese particular.

La Corte constató la falta de diligencia de autoridades judiciales ecuatorianas y la situación de incertidumbre jurídica en la que se encontraba la señora Salvador, por la demora procesal.

La Corte estableció que el Estado violó el derecho a la propiedad privada, específicamente a no ser privada de sus bienes, salvo por utilidad pública o de interés social, según las formas establecidas por la ley y mediante el pago de indemnización justa, en relación con los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial efectiva y al deber de respeto de los derechos humanos, porque la respuesta del Estado frente a los recursos interpuestos excedieron el plazo razonable y han carecido de efectividad, privando a la víctima del inmueble y de la indemnización justa, lo que constituye una expropiación arbitraria por parte del Estado nota 1



  1. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 179 

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