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Última modificación: 2008-05-06
Contenido y posibles restricciones al derecho a la libre circulación

El derecho de circulación se trata del derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y a establecerse libremente en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona.

El derecho de circulación y de residencia, incluido el derecho a salir del país, pueden ser objeto de restricciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.3 y 30 de la Convención. Sin embargo, es necesario que dichas restricciones se encuentren expresamente fijadas por ley, y que estén destinadas a prevenir infracciones penales o a proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás, en la medida indispensable en una sociedad democrática. En especial las restricciones impuestas deben cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. nota 1



  1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .

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 Orden público

Son normas de orden público aquellas de obligatorio cumplimiento y que no se pueden modificar por la simple decisión o voluntad de las partes. También se conoce como orden público al conjunto de condiciones mínimas, jurídicas y estructurales que sirven de apoyo y garantía a una vida social y al ejercicio de las prerrogativas y obligaciones en comunidad. El Presidente de la República es el encargado del manejo del orden público en el país, y como tal, le corresponde conservarlo en todo el territorio y restablecerlo donde fuere turbado (Art. 189-4 C.P.); para ello se le conceden una serie de atribuciones que le permiten adoptar las medidas necesarias destinadas a lograr los propósitos mencionados. Durante los períodos de excepción (guerra exterior, conmoción interior, y emergencia económica, social y ecológica), el Presidente cuenta con facultades especiales y extraordinarias para contrarrestar la alteración del orden público, conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Los gobernadores y Alcaldes en consecuencia, deben someterse a las directrices presidenciales sobre el manejo del orden público interno. La Policía Nacional tiene la competencia de conservar el orden público en el territorio Nacional.

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