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Última modificación: 2006-08-01
Desaparición forzada: violación de múltiples derechos humanos

En el Caso Velásquez Rodríguez, en la República de Honduras, a principios de la década de los ochenta, se presentó una práctica sistemática de desapariciones forzadas, cumplida o tolerada por autoridades estatales. Tanto las autoridades militares y de policía como el Gobierno y el Poder Judicial se negaban o eran incapaces de prevenir, investigar y sancionar los hechos. En el marco de esta práctica sistemática, el estudiante Manfredo Velásquez desapareció luego de ser secuestrado por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección y hoy, casi siete años después, continúa desaparecido, por lo que se puede suponer razonablemente que ha muerto. En este caso se produjeron las mismas negativas de sus captores y de las autoridades de las Fuerzas Armadas, las mismas omisiones de éstas y del Gobierno en investigar y dar cuenta de su paradero, y la misma ineficacia de los tribunales de justicia ante los cuales se interpusieron tres recursos de exhibición personal y dos denuncias penales. nota 1

De acuerdo con la Corte, en América Latina las desapariciones se han convertido durante los últimos años, en una práctica sistemática utilizada como técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor. El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral. Aunque no existe ningún texto convencional vigente, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado las desapariciones como un delito contra la humanidad. El Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad y toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico, pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.

La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, que los Estados están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal. Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona, y del derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano. Lo anterior constituye una violación del artículo 5 de la Convención que reconoce el derecho a la integridad personal. Las investigaciones donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho de la integridad física reconocido en el artículo 5 de la Convención. La práctica de desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención. La práctica de desapariciones, además de violar numerosas disposiciones de la Convención, significa una ruptura radical de este tratado, pues implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención. nota 2

Posteriormente, en el Caso Bámaca Velásquez la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la desaparición forzada o involuntaria al señalar que constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos de la Convención, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. Al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar desapariciones forzadas o involuntarias, al no investigarlas de manera adecuada y al no sancionar, en su caso, a los responsables, el Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la víctima como de sus familiares, para conocer el paradero de aquélla. En razón de las características del fenómeno y las dificultades probatorias que conlleva, la Corte ha establecido que si se ha demostrado la existencia de una práctica impulsada o tolerada por el Estado de desaparición forzada de personas, y que, ya sea por prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lógicas pertinentes, el caso de una persona puede vincularse a dicha práctica, entonces esta desaparición específica se considera demostrada. La Corte considera probado que cuando ocurrieron los hechos, existía en Guatemala una práctica sistemática por parte del Ejército, por la cual capturaba guerrilleros, los retenía clandestinamente sin dar noticia a autoridad judicial competente, independiente e imparcial, los torturaba física y psicológicamente para la obtención de información y, eventualmente, incluso les causaba la muerte. Considera demostrado que la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez está vinculada con dicha práctica y que, pese a los diferentes recursos internos utilizados con el fin de aclarar los hechos, éstos no fueron eficaces para enjuiciar y sancionar a los responsables de éstos. nota 3

En el Caso 19 Comerciantes, la jurisprudencia anterior es reiterada. Según los hechos de este caso, en el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado Colombiano impulsó la creación de los llamados ?grupos de autodefensa? entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. A partir de 1985, se hace notorio que muchos ?grupos de autodefensa? cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados ?paramilitares? nota 4. Las normas por medio de las cuales se crearon estos grupos seguían vigentes en 1987, época en la cual sucedieron los hechos y para la cual ya era más que evidente el degeneramiento de estos grupos. Para ese entonces, 19 comerciantes son desaparecidos, asesinados y descuartizados en manos de grupos ?paramilitares? por rehusarse al pago de un ?impuesto? solicitado por los delincuentes para poder comercializar las mercancías y por presuntos vínculos con grupos subversivos en la venta de armas.

Lo anterior ocurre con la ayuda de las fuerzas militares quienes sabían de la presencia de ?paramilitares? en la carretera por la que circulaban los comerciantes y quienes además sabían y estaban de acuerdo con el plan de los paramilitares para el asesinato de los comerciantes. nota 5



  1. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 4 .
  2. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 4 . Reiteración total en el Caso Godinez Cruz Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 5 .
  3. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 70 .
  4. Cfr. audiencia pública Celebrada en la sede de la Corte el 21 y 22 de abril de 2004, respuesta del Estado ante una pregunta del Tribunal; Decreto 0180 de 27 de enero de 1988; Decreto 0815 de 19 de abril de 1989; Decreto 1194 de 8 de junio de 1989 (prueba para mejor resolver presentada por el Estado el 26 de mayo de 2004, la cual fue solicitada por la Corte mediante Resolución de 22 de abril de 2004, tomo II, folios 3557 a 3572); sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar el 17 de marzo de 1998 (expediente de prueba presentada por el Estado el 18 de abril de 2002, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte -párrafo 68 de la demanda-, tomo II, anexo 9, folios 1496 a 1498); e informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989, E-CN.4-1990-22-Add.1 (expediente de anexos de la demanda, tomo II, anexo B9, folios 965, 968, 978, 991, 992 y 994).
  5. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .

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