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Última modificación: 2006-08-01
Violación de la obligación del estado de respetar y garantizar los derechos cuando no se reparan los daños causados por la detención y posterior desaparición de unas personas

En el Caso Caballero Delgado y Santana, el Municipio donde ocurrieron los hechos, era en la época una zona de intensa actividad del Ejército, paramilitares y guerrilleros. Existen indicios suficientes para inferir que la detención y la desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron efectuadas por personas que pertenecían al Ejército colombiano y por varios civiles que colaboraban con ellos. La circunstancia de que a más de seis años de transcurridos los hechos no se haya tenido noticias de ellos, permite inducir que estas dos personas fallecieron. Esta conclusión se refuerza con el proceso penal que se siguió por el secuestro de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, en el que se dictaron medidas de detención preventiva contra miembros de las fuerzas militares, después fueron absueltos por no existir pruebas suficientes, y luego se ordenó la reapertura de ese juicio criminal. nota 1

La Corte reitera su jurisprudencia sobre el alcance de la obligación general que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos, contemplada en el artículo 1.1 de la Convención. En este caso, Colombia ha realizado una investigación judicial prolongada, no exenta de deficiencias, para encontrar y sancionar a los responsables de la detención y desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana y este proceso no ha terminado. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la Convención, no es suficiente que el Gobierno inicie una investigación y trate de sancionar a los culpables, y además, que toda esta actividad del Gobierno culmine con la reparación a la parte lesionada, lo que en este caso no ha ocurrido. Al no haber reparado Colombia las consecuencias de las violaciones realizadas por sus agentes, ha dejado de cumplir las obligaciones que le impone el citado artículo 1.1 de la Convención. nota 2



  1. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 22 .
  2. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 22 .

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