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Última modificación: 2006-08-01
La existencia de una práctica sistemática de desaparición forzada en un país no es prueba suficiente para presumir el incumplimiento de la obligación general del estado de respetar y garantizar los derechos en un caso determinado.

En el Caso Fairén Garbi y Solís Corrales a principios de la década de los ochenta, existió en Honduras una práctica sistemática de desapariciones forzadas, que la población atribuía a agentes estatales. Las autoridades negaban la detención y la suerte de las víctimas y se negaban o eran incapaces de prevenir, investigar y sancionar los hechos. Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales, costarricenses, ingresaron a Honduras, luego de lo cual no existe certeza sobre su suerte. De acuerdo con la Corte hay numerosas e insalvables dificultades de prueba para establecer que estas desapariciones hayan ocurrido en Honduras y que, sean imputables a este Estado. La sola comprobación de la práctica de desapariciones no basta, en ausencia de otra prueba, aun circunstancial o indirecta, para demostrar que una persona cuyo paradero se desconoce fue víctima de ella. Si bien el Gobierno de Honduras incurrió en numerosas contradicciones, la omisión de investigar este caso, no es suficiente, en ausencia de otras pruebas, para configurar una presunción judicial que atribuya la responsabilidad a Honduras. La falta de diligencia, cercana al obstruccionismo, mostrada por el Gobierno al no responder a reiteradas solicitudes del Gobierno de Costa Rica, del padre de una de las víctimas, de la Comisión y de la Corte, relativas a la localización y exhumación de un cadáver ha imposibilitado el hallazgo de dicho cuerpo y podría dar lugar a una presunción de responsabilidad contra el Gobierno. No obstante, esa presunción por sí sola no autoriza a tener por establecida la responsabilidad de Honduras por la desaparición de Francisco Fairén Garbi, a la luz de los otros elementos de prueba del caso. nota 1

El artículo 1.1 de la Convención impone a los Estados la obligación de respetar los derechos y libertades y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. En el presente caso, no ha sido probado que el poder del Estado de Honduras hubiera sido usado para violar los derechos de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales; y aunque ha sido probado la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas, tampoco ha podido comprobarse que las desapariciones hayan ocurrido en el marco de esa práctica o sean de otra manera imputables al Estado de Honduras. Por lo anterior, la Corte declara que no ha sido probado que Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales hayan desaparecido por causa imputable a Honduras, cuya responsabilidad, por consiguiente, no ha quedado establecida. nota 2



  1. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 6 .
  2. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. honduras. Sentencia Serie C No. 6 .

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