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Última modificación: 2008-07-29
Violación de la obligación de respetar y garantizar los derechos cuando se violan las garantías judiciales a unos magistrados y se desarticula el tribunal constitucional de un estado

La Corte encontró en el Caso del Tribunal Constitucional, que el Estado violó los derechos a las garantías y a la protección judicial (artículos 8 y 25) en perjuicio de los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, por lo que concluye que Perú no ha cumplido con su deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo dispone el artículo 1.1 de la Convención. Por demás, el Tribunal Constitucional quedó desarticulado e incapacitado para ejercer adecuadamente su jurisdicción, sobre todo en cuanto se refiere al control de constitucionalidad, ya que la Ley Orgánica de dicho Tribunal exige el voto conforme de seis de los siete magistrados que lo integran para la declaratoria de la inconstitucionalidad de las leyes. La destitución de los magistrados y la omisión por parte del Congreso de designar a los sustitutos conculcó la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad y el consecuente examen de la adecuación de la conducta del Estado a la Constitución. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado del Perú ha incumplido la obligación general del artículo 1.1 de la Convención. nota 1



  1. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 71 .

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