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Última modificación: 2008-07-02
Deber de eliminar ley que establece la pena de muerte sin respetar las restricciones establecidas por la convención

En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, la Corte sostuvo que si los Estados tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. La Corte estima que aun cuando no se ha ejecutado a 31 de las presuntas víctimas en este caso, es posible declarar una violación del artículo 2 de la Convención, en virtud de que la sola existencia de la Ley de Delitos contra la Persona es violatoria de esa disposición convencional, pues en el caso de las leyes de aplicación inmediata, la violación de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedición. De lo anterior se infiere que como Trinidad y Tobago no ha adecuado su legislación a la Convención, ha incumplido la obligación impuesta a los Estados por el artículo 2 de la misma. Por lo tanto, la Corte concluye que el Estado de Trinidad y Tobago incumplió la obligación establecida en el artículo 2 de la Convención en perjuicio las 32 personas a las que se refiere este caso. nota 1

En el Caso Boyce y otros, los señores Lennox Boyce, y Jeffrey Joseph; Frederick Atkinsy Michael Huggins fueron sentenciados y condenados por los delitos de homicidio, a la pena de muerte mediante la horca, en juicios y sentencias diferentes, con fundamento en la Ley de Delitos contra las Personas de 1994 de Barbados, que en su artículo 2, decía: ?[c]ualquier persona condenada por homicidio será sentenciada a, y sufrirá, la muerte?

La Corte al considerar que el Estado incumplió con la obligación dela artículo 2 en relación con los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tuvo en cuenta que: ?La Corte ya ha manifestado que dicha imposición arbitraria de la máxima e irreversible pena de muerte, sin consideración de las circunstancias individuales del delito y la participación y culpabilidad del delincuente, viola los derechos consagrados en el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento (supra párrs. 62 y 63).? Y al ?Al analizar la cuestión desde la perspectiva del artículo 2 de la Convención, el Tribunal considera que, salvo por la existencia del artículo 2 de la LDCP, no se hubiese violado el derecho a la vida de las presuntas víctimas (supra párrs. 49 a 63). El artículo 2 de la LDCP es, por lo tanto, una norma que impide el ejercicio del derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y, de este modo, es per se contraria a la Convención y el Estado tiene el deber de suprimirla o eliminarla de conformidad con el artículo 2 de dicho instrumento.? nota 2



  1. Caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 .
  2. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Sentencia Serie C. No. 169 .

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