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Última modificación: 2008-07-08
Violación del deber de adopción de medidas de derecho interno para evitar la violación de los derechos de los niños (artículo 19)

En el Caso Instituto de Reeducación del Menor, Después de tres incendios a la institución de detención de menores propiciados por el amotinamiento de algunos de los menores y tras haber muerto varios de los que se encontraban el Instituto, el Estado decidió cerrar el establecimiento, en el año 2001.Las condiciones del Instituto eran deplorables y en vez de ser rehabilitados en el Instituto para una reinserción satisfactoria en la sociedad, los internos fueron sometidos a sufrimiento diario y, por tanto, a un proceso de aprendizaje negativo y vicioso, el cual, en parte, explicaba el alto índice de reincidencia de los mismos. El Estado cubrió diversos gastos ocasionados respecto de los internos fallecidos y heridos, tales como algunos montos correspondientes a atención médica y psicológica y gastos funerarios, pero estas medidas no beneficiaron a todos los afectados, ya que los familiares de algunas de las presuntas víctimas también debieron proporcionarles medicamentos y pagar gastos funerarios. En la jurisdicción interna se interpuso un recurso de hábeas corpus, y se abrieron dos procesos civiles y dos procesos penales. Los dos procesos civiles se encuentran en la etapa inicial, mientras los penales fueron archivados por falta de prueba. nota 1

La Corte concluye que el Estado, al no establecer un órgano jurisdiccional especializado para niños, ni un procedimiento diferente al de los adultos que tuviera en consideración de manera adecuada su situación especial, violó el artículo 2 en relación con el artículo 19. nota 2



  1. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .
  2. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .

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La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada

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