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Última modificación: 2008-07-24
Vulneración del derecho a la vida de una persona desaparecida luego de ser privada de la libertad por agentes estatales

En el Caso Castillo Páez, durante la época de los hechos, existía en el Perú una práctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistía en la desaparición forzada de personas consideradas miembros de grupos subversivos. En ocasiones, las fuerzas de seguridad introducían a los detenidos en la maletera de las patrullas policiales, como ocurrió en este caso. Con ocasión de actividades del grupo subversivo ?Sendero Luminoso?, las fuerzas de seguridad organizaron una operación para detener a los responsables. Durante dicha acción, se detuvo al señor Ernesto Rafael Castillo Páez, y se le introdujo en la maletera del vehículo policial. Los padres del señor Castillo Páez iniciaron su búsqueda en las dependencias policiales y realizaron gestiones judiciales para localizarlo. El padre de la víctima, interpuso un recurso de hábeas corpus el cual se declaró fundado con base en las pruebas y en irregularidades descubiertas en el procedimiento, que obstaculizaron la investigación. El Procurador Público para Asuntos de Terrorismo apeló, se confirmó la resolución de primera instancia y se ordenó la remisión de los documentos para formular la denuncia penal correspondiente. Sobre la decisión de la acción de hábeas corpus, se tramitó un proceso por el delito de abuso de autoridad contra varios oficiales de la Policía, supuestamente involucrados en la desaparición del señor Castillo Páez. Aunque se concluyó que había quedado acreditado que el señor Castillo Páez fue detenido por un vehículo de la Policía Nacional y desde ese momento se desconoce su paradero, la sentencia indicó que no había indicios que demostraran la responsabilidad de los inculpados, por lo que ordenó archivar el caso sin sancionar a persona alguna, ni compensar a los familiares del señor Castillo Páez. Desde su desaparición, éste no ha sido puesto en libertad por la policía ni se tiene información alguna sobre él. nota 1

La Corte considera demostrada la violación al artículo 4 por parte del Estado, ya que el señor Castillo Páez fue detenido arbitrariamente por agentes de la Policía del Perú; dicha detención fue negada por las mismas autoridades, las cuales lo ocultaron para que no fuese localizado, y desde entonces se desconoce su paradero por lo que se puede concluir que, debido al tiempo transcurrido la víctima ha sido privada de la vida. Este Tribunal ha señalado en fallos anteriores, que con la desaparición de personas se violan varios derechos establecidos en la Convención, entre ellos el de la vida, cuando hubiese transcurrido, como en este caso, un período de varios años sin que se conozca el paradero de la víctima. La Corte considera que el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron. En el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los responsables, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. El Estado debe satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables. Tales obligaciones a cargo del Perú se mantendrán hasta su total cumplimiento. En este caso es evidente, por la naturaleza irreversible de los perjuicios causados, que no puede disponerse que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados. Ante tal situación, la Corte considera que es procedente la reparación de las consecuencias configuradas por la violación de los derechos especificados por la Corte, dentro de lo cual cabe el pago de una justa indemnización. nota 2

En el Caso Paniagua Morales y otros, la Corte ha considerado probado que fueron guardias de Hacienda quienes privaron de su libertad a los señores Gómez Ayala, Paniagua Morales, González Rivera, Corado Barrientos y González López, lo cual conduce a la Corte a la conclusión de que fueron dichos agentes quienes privaron de su vida a estas víctimas, muertes que, por lo tanto, son imputables al Estado. En el caso del señor Erik Leonardo Chinchilla la Corte no encuentra relación alguna con agentes de la Guardia de Hacienda, pues este señor no fue detenido y su muerte fue producida por disparos de arma de fuego, hechos que difieren del modus operandi demostrado en los otros casos y por esta razón en tal caso, no hay elementos suficientes para imputarle al Estado responsabilidad por la muerte de esa persona. Por lo tanto, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 4.1 de la Convención. La Corte no encuentra que se haya probado que su muerte fue ocasionada por autoridades estatales. nota 3

En el Caso Bámaca Velásquez, la Corte considera que por las circunstancias en que ocurrió la detención a manos de agentes del Estado, la condición de la víctima como comandante de la guerrilla, la práctica estatal de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y el transcurso de 8 años y 8 meses desde que aquél fue capturado sin que se haya vuelto a tener noticias de él, hacen presumir que Bámaca Velásquez fue ejecutado. La Corte ha señalado, que si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, el derecho a la vida. nota 4

En el Caso Juan Humberto Sánchez en Honduras, donde existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares, éstas actuaban bajo cierta doctrina de seguridad nacional, en razón de la cual capturaban a las personas ?peligrosas? o ?sospechosas? de ser presuntos subversivos hondureños, simpatizantes de la guerrilla salvadoreña o de los sandinistas. Juan Humberto Sánchez, técnico operador de una radio hondureña, fue detenido el 9 de julio de 1992 por agentes estatales sin orden judicial. A la familia del detenido se le informó al día siguiente que la captura de Juan Humberto se había producido por presuntas vinculaciones con guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El 11 de julio Juan Humberto fue liberado por falta de evidencia en su contra. Los militares le advirtieron al padre que no comentara nada de lo sucedido. Ese mismo día, un grupo de militares entraron a la fuerza a la casa de los Sánchez y se llevaron a Juan Humberto, sin dar explicación. Este fue sometido a interrogatorios con el ejército. El padre reportó lo sucedido a las autoridades. Posteriormente el cuerpo de Juan Humberto fue encontrado sin vida con evidentes señales de tortura. Una vez conocida la noticia, oficiales del ejército intimidaron a la familia Sánchez para que no revelaran lo sucedido. Se llevaron al señor Sánchez a un lugar desconocido donde le dijeron que firmara una declaración en la que aseguraba que el ejército no tenía nada que ver con lo sucedido. En declaraciones a la prensa, el ejército negó la participación de las fuerzas armadas en el asesinato de Juan Humberto Martínez. nota 5

Teniendo en cuenta que la muerte del señor Sánchez se debió a una ejecución extrajudicial perpetrada por agentes militares luego de que fuere detenido arbitrariamente, lo cual se enmarca dentro del patrón de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en la época de los hechos; el cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva). En el caso, se considera que ello no sucedió y, por lo tanto, se estima que el Estado es responsable de la inobservancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana. La Corte declara la violación del artículo 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención. nota 6

Lo anterior es ratificado en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. nota 7

En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y en ese momento, uno de los oficiales al mando, con una lista en la mano, llamó al señor Eustaquio Baldeón, pero como éste no se encontraba presente, procedió a llamar a algunos de sus familiares, entre ellos, a Bernabé Baldeón García, quienes fueron detenidos ilegal y arbitrariamente. Durante su detención, el señor Bernabé Baldeón García fue golpeado, atado con alambres y colgado boca abajo de una viga, y luego fue sumergido en un cilindro de agua fría. Posteriormente, el señor Bernabé Baldeón García murió en la madrugada del 26 de septiembre de 1990 en la localidad de Pacchahuallua, mientras se encontraba en custodia de efectivos militares. El cadáver del señor Bernabé Baldeón García fue enterrado inmediatamente ese mismo día por los agentes estatales, sin presencia de los familiares. El único documento oficial que se elaboró el día de la muerte de la víctima, lo fue el acta de reconocimiento del cadáver, que señaló como causa de muerte: ?paro cardiaco?. Tampoco se tomaron fotografías. Asimismo, la Corte observó que durante los años de conflicto, era generalizada la implementación de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del Estado, como mecanismo de lucha antisubversiva. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado privó de la vida al señor Bernabé Baldeón García a través de sus agentes, lo cual se traduce en una violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la víctima. nota 8

En el Caso Goiburú y otros, el señor Agustín Goiburú Giménez era un médico paraguayo, fundador del Movimiento Popular Colorado (?MOPOCO?), grupo político opositor al régimen dictatorial de Stroessner. En septiembre de 1959, decidió exiliarse en Argentina. El 9 de febrero de 1977 el doctor Agustín Goiburú Giménez fue detenido arbitrariamente en Entre Ríos, Argentina, por agentes del Estado paraguayo o por personas que actuaban con su aquiescencia, luego llevado al Departamento de Investigación de Paraguay. ?El señor Carlos José Mancuello Bareiro era un ciudadano paraguayo que estudiaba ingeniería en La Plata, Argentina. Fue detenido el 25 de noviembre de 1974, en la aduana paraguaya cuando ingresaba al país desde Argentina con su esposa Gladis Ester Ríos de Mancuello y su hija de ocho meses. El 23 de noviembre de 1974 fueron detenidos los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba, el primero al entrar desde Argentina en la frontera paraguaya y el segundo en la ciudad de Asunción. El señor Mancuello y los hermanos Ramírez Villalba, a quienes se acusaba de pertenecer "a un grupo terrorista que preparaba un atentado contra Stroessner", supuestamente liderado por el doctor Goiburú, estuvieron detenidos en el Departamento de Investigaciones, entre otras dependencias. Las presuntas víctimas permanecieron detenidas por veintidós meses. Antes de ser desaparecidas, las víctimas fueron mantenidas en incomunicación y sometidas a graves condiciones de detención, intensos interrogatorios y brutales torturas, entre las que destacan la aplicación de latigazos con el llamado ?teyuruguay? y la denominada ?pileteada?. Las detenciones ilegales y arbitrarias o secuestro, torturas y desapariciones forzadas de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba fueron producto de una operación de inteligencia policial, planificada y ejecutada en forma encubierta por miembros de la policía paraguaya, con el conocimiento y por órdenes de las más altas autoridades del gobierno del General Stroessner y al menos en las fases previas de planeación de las detenciones o secuestros, en estrecha colaboración con autoridades argentinas. Esto es consistente con el modus operandi de la práctica sistemática de detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas verificada en la época de los hechos, en el marco de la Operación Cóndor.

En el presente caso, la Corte reiteró que la desaparición forzada de personas, constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. La responsabilidad internacional del Estado se ve agravada cuando la desaparición forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. Se trata, en suma, de un delito de lesa humanidad que implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado es responsable de la desaparición forzada de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, lo que constituye una violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los mismos. nota 9

En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina, grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), ingresaron al campus de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle ? La Cantuta, de Lima, irrumpiendo en las residencias de profesores y estudiantes. Los militares violentaron las puertas de las habitaciones y con lista en mano se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Por otro lado, los militares ingresaron en forma violenta a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez, para luego llevarlo por la fuerza, mientras algunos de los efectivos revisaban su dormitorio impidiendo que su esposa pudiera salir. Los militares se retiraron de la Universidad llevándose con ellos a los detenidos con rumbo desconocido. Los estudiantes Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea permanecieron desaparecidos hasta el descubrimiento, en julio y noviembre de 1993, de sus restos mortales en fosas clandestinas en Cieneguilla y en Huachipa. El profesor y los demás estudiantes continúan desaparecidos. En relación con los hechos del presente caso, fueron presentadas acciones de habeas corpus a favor de las 10 personas que habían sido detenidas. Sin embargo, los juzgados rechazaron las acciones, en dos de las cuales se limitaron a aceptar las justificaciones o silencio de las autoridades militares, que alegaban estado de emergencia o razones de ?seguridad nacional? para no brindar información, En este caso, a pesar de haber sido tramitadas y decididas, las acciones de habeas corpus no constituyeron una investigación seria e independiente, por lo que la protección debida a través de las mismas resultó ilusoria. Frente a los hechos, en agosto de 1992 fue dispuesta una investigación en el fuero común. Por su parte, el fuero militar había iniciado sus propias investigaciones en abril de 1993. Posteriormente, la competencia fue adjudicada al fuero militar. En mayo de 1994, fueron condenados en el fuero militar ocho oficiales del Ejército y, en agosto del mismo año, sobreseídas tres personas señaladas como autores intelectuales de los hechos. En vigencia de la Ley No. 26.479, por la cual se concedía amnistía al personal militar, el Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 16 de junio de 1995, aplicó el beneficio de amnistía sobre personal militar, que en algunos casos había sido condenado. Luego de la caída del régimen del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y el consecuente proceso de transición ocurrido desde el año 2000, fueron activadas 5 nuevas causas en el fuero común, las cuales han tenido resultados parcciales. Aquéllos procesos han sido abiertos contra los más altos mandos del gobierno de entonces, desde el ex Presidente hasta altos rangos militares y de inteligencia, además de varios ex miembros del Grupo Colina.

La Corte observó que la privación de libertad de aquellas personas, por parte de agentes militares y del Grupo Colina, fue un paso previo para la consecución de lo que en definitiva les había sido ordenado: su ejecución o desaparición. La utilización de listas en las que aparecían los nombres de personas por ser detenidas hace parte del modus operandi de agentes estatales para seleccionar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Los hechos del caso fueron producto de una operación ejecutada en forma coordinada y encubierta por el Grupo Colina, con el conocimiento y órdenes superiores de los servicios de inteligencia y del mismo Presidente de la República de ese entonces. Esto es consistente con la práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas verificada en la época de los hechos. Es necesario precisar que la plena identificación de los restos de Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea permite calificar los actos cometidos en su perjuicio como ejecuciones extrajudiciales. En razón de las consideraciones anteriores, y en los términos del allanamiento efectuado por el Estado, la Corte declaró que éste es responsable por la ejecución extrajudicial de Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea y la desaparición forzada de Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Dora Oyague Fierro, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Hugo Muñoz Sánchez, lo que constituye una violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los mismos. La responsabilidad internacional del Estado se configura de manera agravada en razón del contexto en que los hechos fueron perpetrados. nota 10



  1. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No 34 .
  2. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No 34 .
  3. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 37 .
  4. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 70 .
  5. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  6. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  7. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 .
  8. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  9. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 153 
  10. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 

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