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Última modificación: 2008-07-21
Vulneración del derecho a la vida por uso desproporcionado de la fuerza producto de la reacción estatal frente al quebrantamiento del orden dentro del penal

En el Caso Neira Alegría y otros, los señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar, detenidos en una cárcel peruana perecieron por efecto de la debelación de un motín en manos de las fuerzas del Gobierno y como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza. No se usó la diligencia necesaria para rescatar a las víctimas que quedaron con vida, ni para identificar los cadáveres. nota 1

El artículo 4.1 de la Convención estipula que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Como lo ha dicho la Corte en casos anteriores, el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad y toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana De las circunstancias que rodearon la debelación del penal y del hecho de que ocho años después de ocurrida no se tengan noticias del paradero de las tres personas, del reconocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de que las víctimas no aparecieron dentro de los sobrevivientes y de que ?tres de los cadáveres no identificados sin duda corresponden a esas tres personas? y del uso desproporcionado de la fuerza, se desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en violación del artículo 4.1 de la Convención. Por lo anterior, se declara la violación del derecho a la vida por parte del Estado de Perú. La Corte decide que el Perú está obligado a pagar a los familiares de las víctimas, una indemnización compensatoria y a reembolsarles los gastos en que pudieron haber incurrido en sus gestiones ante las autoridades nacionales. nota 2

En el Caso Durand y Ugarte, Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera fueron detenidos sin mediar orden judicial, ni haber sido encontrados en flagrante delito, pero los recursos de hábeas corpus interpuestos fueron declarados infundados. Mientras las víctimas se encontraban detenidas en el centro de reclusión, se presentó un motín cuyo debelamiento fue adelantado por el ejército peruano y como consecuencia murieron muchos reclusos y otros se encuentran aún desaparecidos. Se atribuye al Estado un uso desproporcionado de la fuerza en dicho operativo, y no haber usado la diligencia necesaria para identificar a los cadáveres. De las circunstancias que rodearon la debelación del motín, especialmente en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Marina peruana, y del hecho de que desde hace catorce años se desconoce el paradero de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, se desprende la conclusión razonable de que éstos fueron privados arbitrariamente de su vida por las autoridades peruanas en violación del artículo 4 de la Convención. En consecuencia, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, el derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención). nota 3

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), los días 27 y 28 de noviembre de 1992 dentro del Retén e Internado Judicial de ?los Flores de Catia?, en adelante ?Retén de Catia?, centro penitenciario ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela, los guardias del establecimiento y tropas del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron masivamente, haciendo uso desproporcionado de la fuerza y dispararon indiscriminadamente a la población reclusa, produciendo la muerte de 37 reclusos. Según las versiones de los hechos de algunos sobrevivientes, los guardias del Retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y dispararon contra ellos. Otras versiones de lo ocurrido indican que se generó un intento masivo de fuga que fue reprimido por las autoridades con exceso en el uso de la fuerza. A pesar de las distintas versiones de lo ocurrido, de conformidad con las actas de autopsia y del allanamiento del Estado, se supo que las muertes de las víctimas fueron producidas por heridas con armas de fuego, y en muchas de ellas, por la trayectoria de los proyectiles que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Además de lo anterior, los reclusos vivían en condiciones de detención inhumanas, los servicios de asistencia médica no cumplían los estándares mínimos, y no había clasificación entre procesados y condenados. Dentro de la investigación iniciada por las autoridades estatales, se registraron omisiones importantes ocasionadas por la falta colaboración de la fuerza pública y las autoridades carcelarias en la recopilación y custodia de pruebas esenciales. En sentir de la Corte el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 37 víctimas, por el uso desproporcionado de la fuerza que sufrieron. nota 4



  1. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 20 .
  2. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 20 .
  3. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 68 .
  4. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .

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