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Última modificación: 2008-07-17
Violación del derecho a la vida de menores por acción y omisión del estado

En el Caso de los Niños de la Calle en 1990, cuando existía en Guatemala una práctica sistemática de persecución por parte de agentes de seguridad estatales, contra ?los niños de la calle?, cuatro jóvenes fueron detenidos, desparecidos y luego aparecieron sus cuerpos sin vida; otro menor fue muerto en vía pública por dos agentes de la Policía Nacional. nota 1

La Corte considera que el derecho a la vida relacionado con la obligación general del Estado de respetar y garantizar los derechos, presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), y además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva). Concluye, que el Estado violó los dos aspectos del derecho porque, ?los niños de la calle? eran objeto de diversas formas de persecución, incluyendo amenazas, hostigamientos, torturas y homicidios. Como consecuencia de esta situación, hubo un número sustancial de denuncias a las que el Estado ha debido responder con investigaciones efectivas, persecuciones y sanciones; sin embargo, los agentes responsables fueron raramente investigados o condenados dando lugar a una impunidad de hecho que permitía, y hasta alentaba, la persistencia de estas violaciones contra ?los niños de la calle?, haciéndolos aún más vulnerables. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La Corte advierte la especial gravedad que reviste este caso por tratarse las víctimas de jóvenes, tres de ellos niños, y por el hecho de que la conducta estatal no solamente viola la expresa disposición del artículo 4 de la Convención, sino numerosos instrumentos internacionales, aceptados por la comunidad internacional, que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su jurisdicción. Por lo anterior, la Corte declara que el Guatemala violó el artículo 4 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las victimas. nota 2

En el Caso Bulacio el 19 de abril de 1991, la Policía Federal Argentina realizó una detención masiva o ?razzia? de ?más de ochenta personas? en la ciudad de Buenos Aires. Ésta ocurrió en un estadio, previa la realización de un concierto. Entre los detenidos se encontraba Walter David Bulacio, de 17 años de edad, quien luego de su detención fue trasladado a la Comisaría respectiva, donde sufrió lesiones a su integridad física, que posteriormente conllevaron a su muerte el 26 de abril del mismo año. La detención nunca fue avisada a los padres del menor; además, nunca se le abrió causa penal en su contra, no se le notificó al Juez Correccional de Menores, ni se le informó al menor sobre el motivo de la privación de su libertad. Se argumentaba que el Memorandum 40 facultaba a los policías para decidir si se notificaba o no al juez de menores respecto de los niños o adolescentes detenidos. La Comisaría respectiva inició una investigación policial por el delito de lesiones del cual conoció el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción de Menores quien posteriormente se declaró incompetente y remitió el caso a un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, que conoce de delitos cometidos por mayores de edad. En el proceso se decidió procesar al Comisario Miguel Ángel Espósito por delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa se mantuvo en ?secreto de sumario?. Una vez se abrió la investigación a los querellantes, se solicitó el procesamiento de todos los implicados, entre los cuales se encontraban autoridades superiores al Comisario Espósito. Igualmente los representantes de los familiares del menor iniciaron una demanda civil contra la Policía Federal Argentina y el Comisario Miguel Ángel Espósito, proceso que se suspendió hasta tanto no se dictara sentencia penal. Dentro del proceso penal se dictó detención preventiva del implicado y el embargo respectivo, medidas que nunca se llevaron a cabo. Después de agotar todas las instancias judiciales y de haber interpuesto todos los recursos ordinarios y extraordinarios posibles, además de interponer recusaciones contra el fiscal y algunos de los jueces inmersos en el proceso, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones, con fecha 21 de noviembre de 2002 resolvió que había prescrito la acción penal. Esta resolución fue impugnada por la Fiscalía y hasta la fecha de la presente Sentencia las partes no han comunicado a la Corte IDH decisión alguna sobre el particular. En el transcurso del proceso el Estado reconoció su responsabilidad internacional mediante acuerdo de solución amistosa alcanzado por las partes el 26 de febrero de 2003 y del documento aclaratorio de 6 de marzo de 2003. nota 3

La Corte reitera en este caso la jurisprudencia anterior y señala que en este caso, el Estado, que se hallaba en una posición de garante frente al menor, no observó un apropiado ejercicio del deber de custodia, obligación que tenía a su cargo. nota 4

Por otra parte, en el Caso Instituto de Reeducación del Menor la Corte reitera lo expuesto en el Caso de los Niños de la Calle explicando que el Estado no tomó las previsiones necesarias en un centro de reclusión para garantizar la vida de los internos. nota 5



  1. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia Serie C. No. 63 .
  2. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros). Sentencia Serie C. No. 63 .
  3. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 100 .
  4. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 100 .
  5. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .

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