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Última modificación: 2008-07-17
Violación del derecho a la vida por imposición de la pena de muerte sin respetar las restricciones establecidas en la convención

En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, el Estado de Trinidad y Tobago juzgó a 32 personas por homicidio intencional, las declaró culpables y las condenó a pena de muerte de acuerdo con la Ley de Delitos contra la Persona, vigente desde 1925. Las 32 personas acudieron a los procedimientos internos para la revisión de sus condenas. En algunos casos no se respetaron las garantías del debido proceso en la fase previa al juicio, durante el desarrollo de éste y en la etapa de apelación, en virtud de diversos factores como la demora injustificada en los procesos y la falta de disponibilidad de asistencia letrada y especializada. En los casos de 30 de las presuntas víctimas los plazos que mediaron entre el arresto y la decisión judicial final, presentan una duración que va desde 4 años hasta 11 años y 9 meses. La detención previa y posterior al juicio de todas las presuntas víctimas se realizó en condiciones de agudo hacinamiento y falta de higiene. Las celdas de los condenados carecen de suficiente ventilación y de iluminación natural, y están ubicadas cerca a la cámara de ejecución. Estas personas carecen de condiciones de alimentación, atención médica y recreación adecuadas. Dichas condiciones de detención son características del sistema carcelario trinitario y todas las supuestas víctimas han estado sometidas a las mismas. De los 32 condenados, 30 se encuentran detenidos en espera de su ejecución en la horca, siendo las únicas excepciones Joey Ramiah, quien fue ejecutado, y Wayne Matthews, por cuanto su pena fue conmutada. El Estado ejecutó a Joey Ramiah luego de haber sido condenado a la pena de muerte en la horca a pesar de existir una medida provisional de la Corte a su favor, por la cual se ordenó al Estado abstenerse de quitarle la vida. El Comité Judicial del Privy Council ordenó suspender la ejecución de las penas de muerte de las demás personas hasta que la Comisión y la Corte adopten las decisiones que les competen para dar amparo a esas personas de acuerdo con la Convención, al considerar que la ejecución de las sentencias de pena de muerte sin esperar la decisión de la Comisión y la Corte constituiría una violación de los derechos constitucionales de las presuntas víctimas. nota 1

El artículo 4 de la Convención garantiza el derecho a la vida y dispone que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Establece que en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Aún cuando la Convención no prohíbe expresamente la aplicación de la pena de muerte, la Corte ha afirmado que las normas convencionales sobre ésta deben interpretarse en el sentido de ?limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final?. De acuerdo con el artículo 4 de la Convención, la Corte ha establecido que se definen tres grupos de limitaciones para la pena de muerte en los países que no han resuelto su abolición: i) la imposición o aplicación de dicha pena está sujeta al cumplimiento de reglas procesales cuyo respeto debe vigilarse y exigirse de modo estricto; ii) su ámbito de aplicación debe reducirse al de los más graves delitos comunes y no conexos con delitos políticos; iii) es preciso atender a ciertas consideraciones propias de la persona del reo, las cuales pueden excluir la imposición o aplicación de la pena capital. La Corte tiene presente el sufrimiento causado por los homicidas a las víctimas o a sus familiares en los casos de homicidio intencional, y recuerda el deber que tienen los Estados de proteger a las víctimas potenciales de ese género de delitos, sancionar a los responsables y mantener el orden público, que puede verse afectado por la multiplicación de esos crímenes. Sin embargo, la Corte señala que la lucha de los Estados contra el delito debe desarrollarse con pleno respeto a los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción, y de conformidad con los tratados aplicables. La privación intencional e ilícita de la vida de una persona (homicidio intencional o doloso, en sentido amplio) puede y debe ser contemplada en la legislación penal, si bien bajo diversas categorías (tipos penales) que correspondan a la diversa gravedad de los hechos, tomando en cuenta los distintos elementos que pueden concurrir en ellos: especiales relaciones entre el delincuente y la víctima, móvil de la conducta, circunstancias en las que ésta se realiza, medios empleados por el sujeto activo, etc. De esta forma se establecerá una graduación en la gravedad de los hechos, a la que corresponderá una graduación de los niveles de severidad de la pena aplicable.

La Corte constata que la Ley de Delitos contra la Persona de Trinidad y Tobago, ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica para el delito de homicidio intencional y desconoce que éste puede presentar diversos órdenes de gravedad. Así, la Ley impide al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, pues se limita a imponer, de modo indiscriminado, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes entre sí, lo que, a la luz del artículo 4 de la Convención, es sumamente grave cuando se encuentra en riesgo el bien jurídico mayor, que es la vida humana, y constituye una arbitrariedad en los términos del artículo 4.1 de la Convención. La Ley de Delitos contra la Persona ofrece dos particularidades principales: a) en cuanto a la determinación de la responsabilidad penal, solamente autoriza al juzgador para encontrar responsable a una persona por homicidio intencional basándose en la categoría del delito, sin que pueda tomar en cuenta las condiciones personales del justiciable ni las circunstancias particulares del delito y b) respecto a la determinación de la sanción, impone de manera mecánica y genérica la aplicación de la pena de muerte para todo culpable de homicidio intencional e impide que dicha sanción pueda ser modificada por la vía de la revisión judicial. La Corte advierte que al considerar a todo responsable del delito de homicidio intencional como merecedor de la pena capital, se está tratando a los acusados no como seres humanos individuales y únicos, sino como miembros indiferenciados y sin rostro de una masa que será sometida a la aplicación ciega de la pena de muerte.

Una de las formas que puede asumir la privación arbitraria de la vida, en los términos de la prohibición del artículo 4.1 de la Convención, es la que se configura cuando, en los países en que aún existe la pena de muerte, ésta se utiliza para castigar delitos que no presentan las características de máxima gravedad, como ocurre en Trinidad y Tobago en virtud de lo dispuesto por la Ley de Delitos contra la Persona, es decir, cuando la aplicación de esa pena no se ciñe al artículo 4.2 de la Convención. De lo expuesto, la Corte concluye que, en tanto el efecto de la llamada Ley de Delitos contra la Persona consiste en someter a quien sea acusado de homicidio intencional a un proceso judicial en el que no se consideran las circunstancias particulares del acusado ni las específicas del delito, la mencionada Ley viola la prohibición de privación arbitraria de la vida, en contravención del artículo 4.1 y 4.2 de la Convención. Por lo tanto, la Corte considera que Trinidad y Tobago violó el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención en conjunción con el artículo 1.1 de ésta, en perjuicio de las 32 personas que trata este caso. nota 2

En el Caso Raxcacó Reyes, el 14 de mayo de 1999 el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictó sentencia condenatoria en contra del señor Raxcacó Reyes y de los otros imputados, por la comisión del delito de plagio o secuestro, tipificado por el artículo 201 del Código Penal de Guatemala, vigente en la época de los hechos. Los señores Raxcacó Reyes, Jorge Mario Murga Rodríguez y Hugo Humberto Ruiz Fuentes fueron condenados a la pena de muerte, establecida en el artículo 201 del Código Penal. Frente a la condena, el señor Raxcacó Reyes interpuso diversos recursos. El 13 de septiembre de 1999 la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones declaró improcedente la impugnación. El 20 de julio de 2000 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedentes los recursos de casación interpuestos. El 28 de junio de 2001, la Corte de Constitucionalidad rechazó en única instancia una acción de amparo interpuesta contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El 19 de mayo de 2004 el señor Raxcacó Reyes interpuso el recurso de gracia ante el Ministerio de Gobernación de Guatemala el cual no ha sido tramitado. El señor Raxcacó Reyes durante la privación de su libertad ha sido sometido a condiciones de reclusión inhumanas, crueles y degradantes, todo lo cual le produjo sufrimientos, así como consecuencias físicas y psicológicas.

En el momento en que Guatemala ratificó la Convención Americana se encontraba vigente el Decreto No. 17/73, Código Penal, en cuyo artículo 201 se sancionaba con pena de muerte el secuestro seguido de la muerte del secuestrado. En consecuencia, existía un deslinde entre el secuestro simple y el secuestro calificado por la muerte del ofendido. Esta norma fue modificada en varias ocasiones, aplicándose finalmente a la presunta víctima del presente caso la disposición establecida mediante Decreto Legislativo No. 81/96, de 25 de septiembre de 1996, que tipifica una sola conducta: sustracción o aprehensión de una persona, acompañada de cierto propósito, la cual se sanciona con la imposición de pena de muerte al secuestrador. La Corte consideró que la regulación vigente ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica a los autores de tal ilícito, sin tener en cuenta las circunstancias particulares del delito y del acusado, tales como los antecedentes penales de éste y de la víctima, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras consideraciones del autor y del delito. En sentir de la Corte, el artículo 201 del Código Penal aplicado al señor Raxcacó Reyes sanciona con pena de muerte tanto el plagio simple, como cualquier otra forma de plagio o secuestro, desatendiendo la limitación que impone el artículo 4.2 de la Convención Americana respecto de la aplicación de la plena de muerte solamente a los ?delitos más graves?. La Corte estima que, aun cuando no se ha ejecutado al señor Raxcacó Reyes, se ha incumplido el artículo 2 de la Convención. La sola existencia del artículo 201 del Código Penal guatemalteco, que sanciona con pena de muerte obligatoria cualquier forma de plagio o secuestro y amplía el número de delitos sancionados con dicha pena, es per se violatoria de esa disposición convencional. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el artículo 201 del Código Penal guatemalteco, en el que se fundó la condena al señor Raxcacó Reyes, viola la prohibición de privación arbitraria de la vida establecida en el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. nota 3



  1. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 .
  2. Caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 .
  3. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia Serie C No. 133 .

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