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Última modificación: 2008-07-24
Violación de la integridad personal por torturas y otros actos que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes

En el Caso Loayza Tamayo, la señora María Elena Loayza Tamayo fue detenida por autoridades de policía cuando existía en el Perú, un estado de emergencia y de suspensión de las garantías. Estuvo retenida administrativamente, incomunicada y no tuvo derecho de interponer alguna acción de garantía para defender su libertad personal. Fue exhibida públicamente a través de medios de comunicación con un traje a rayas como terrorista, sin haber sido procesada ni condenada. Durante la época de su detención, existió en el Perú una práctica generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las investigaciones por delitos de traición a la patria y terrorismo. La señora Loayza Tamayo fue procesada por el delito de traición a la patria por el fuero militar y permaneció detenida hasta su absolución. Luego fue procesada y condenada por la justicia ordinaria a una pena privativa de la libertad de 20 años. En ambos casos, fue juzgada por ?jueces sin rostro? y la calificación legal del ilícito fue efectuada por las autoridades militares. En el fuero militar existió una práctica que dificultó el derecho de los procesados por traición a la patria de escoger su abogado defensor; durante el proceso de instrucción de la señora Loayza Tamayo en el fuero militar no procedía ningún tipo de libertad y durante el proceso ante el fuero civil por terrorismo, pudo escoger su abogado, pero se le obstaculizó el acceso al expediente y el derecho a ejercer la defensa en forma amplia y libre. La señora Loayza Tamayo ha estado privada de libertad por más de 4 años. Actualmente permanece en una celda muy reducida, sin ventilación ni luz natural, con media hora de sol al día, con aislamiento celular continuo y con un régimen de visitas muy restringido, situación que fue objeto de medidas provisionales ante esta Corte. nota 1

Sobre la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención), la Corte considera que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada caso. Aún en ausencia de lesiones, los sufrimientos físicos y morales, con turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima. Dicha situación es agravada por la vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida. Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por la conducta de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención. Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona. Hechos como la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de actos violentos, las restricciones al régimen de visitas, constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención. La Corte declara entonces la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención. nota 2

En el Caso Suárez Rosero, la Corte reiteró que la incomunicación es una medida excepcional para asegurar los resultados de una investigación y sólo puede aplicarse si es decretada de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley, en el sentido que le atribuye el artículo 30 de la Convención. En este caso, dichas condiciones están previstas en la Constitución del Ecuador, al disponer que el detenido no puede ser incomunicado por más de 24 horas. Este precepto es aplicable en virtud de la referencia al derecho interno del artículo 7.2 de la Convención. Una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido. El aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles. La sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días de toda comunicación, le permite a la Corte concluir que el señor Suárez Rosero fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando se ha demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en contravención de la normativa interna. La víctima señaló ante la Corte los sufrimientos que le produjo verse impedido de la posibilidad de buscar un abogado y no poder comunicarse con su familia. Durante su incomunicación, fue mantenido en una celda húmeda y subterránea con otros 16 reclusos, sin condiciones necesarias de higiene y recibió golpes y amenazas durante su detención. Estos hechos confieren al tratamiento a que fue sometido el señor Suárez Rosero la característica de cruel, inhumano y degradante. Por lo anterior, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5.2 de la Convención. nota 3

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, el ciudadano chileno Castillo Petruzzi estuvo incomunicado en poder de la autoridad administrativa, durante 36 días, hasta ser puesto a disposición judicial. Los señores Pincheira Sáez, Astorga Valdez y Mellado Saavedra, estuvieron 37 días en las mismas condiciones. Esto sumado al hecho de que las personas eran presentadas a las diligencias de declaración ante las autoridades judiciales -vendadas o encapuchadas, ?amarrocadas? o ?engrilletadas?- constituye una violación al artículo 5.2 de la Convención. Además, los señores mencionados fueron condenados a cadena perpetua, por habérseles encontrado culpables del delito de traición a la patria. La sentencia de primera instancia establece como condiciones de reclusión, el aislamiento celular y continuo durante el primer año de la detención y luego con trabajo obligatorio, pena que deberán cumplir las supuestas víctimas en celdas unipersonales. La Corte reitera su jurisprudencia sobre el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva como tratos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano. En este caso, la Corte considera que las condiciones de detención impuestas a las víctimas como consecuencia de la aplicación de los Decretos-Leyes por parte de los tribunales militares, constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, violatorios del artículo 5 de la Convención. Se estableció que, en la práctica, algunas de dichas condiciones, como el aislamiento en celdas unipersonales, variaron a partir de determinado momento. Sin embargo, dicha variación no conduce a modificar la conclusión anterior de la Corte. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5 de la Convención. nota 4

En el Caso Cantoral Benavides, el señor Cantoral Benavides fue mantenido en condiciones de incomunicación durante los primeros ocho días de su detención cuando en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana. En cuanto a las condiciones de reclusión, la Corte ha dado por probado que el señor Cantoral Benavides fue mantenido durante un año bajo aislamiento, hacinado con otros presos en una celda pequeña, sin ventilación ni luz natural, y con un régimen de visitas muy restringido. Además, cuando aún no había sido procesado ni condenado, el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con ropas infamantes, como autor del delito de traición a la patria. Finalmente, el señor Cantoral Benavides fue varias ocasiones golpeado y agredido físicamente en varias ocasiones y esto le produjo intensos dolores corporales y sufrimientos emocionales. De acuerdo con las circunstancias del caso y el contexto en que se produjeron los hechos, estima la Corte, sin lugar a duda razonable, que parte de los actos de agresión examinados pueden ser calificados como torturas, físicas y psíquicas. Dichos actos fueron preparados e infligidos deliberadamente contra el señor Cantoral Benavides con un doble propósito. En la fase previa a la condena, para suprimir su resistencia psíquica y forzarlo a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas. En la etapa posterior a la condena, para someterlo a modalidades de castigo adicionales a la privación de la libertad en sí misma. Por lo expuesto, concluye la Corte que el Estado violó, en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides, el derecho a la integridad personal (artículo 5.1 y 5.2 de la Convención). nota 5

Esta jurisprudencia es reiterada en el Caso Tibi cuyos hechos se exponen a continuación. El 27 de septiembre de 1995 el señor Daniel Tibi, francés, fue detenido en la ciudad de Quito. La detención fue efectuada por agentes de la INTERPOL, sin orden judicial y con una sola prueba que consistía en la declaración de un coacusado, quien posteriormente se retractó y dijo que la declaración había sido provocada violentamente. El señor Tibi no estaba cometiendo ningún delito al momento de su detención. Cuando se realizó su arresto, los policías no le comunicaron los cargos en su contra. Al momento de la detención del señor Tibi, fueron incautadas sus pertenencias y no se le permitió comunicación con ningún familiar ni con su consulado. Posteriormente, se expidió la orden judicial en sus contra. En la audiencia preprocesal no se le hizo el interrogatorio en presencia de juez o de defensa. Se indicó que el señor Tibi era proveedor de clorhidrato de cocaína a minoristas, para que fuera expendida a consumidores. El señor Tibi estuvo sin defensa letrada durante un mes, pese a que en el auto cabeza de proceso se le había designado un defensor de oficio, hecho que él ignoraba, a quien nunca tuvo oportunidad de conocer. El 21 de enero de 1998, el señor Tibi fue liberado y viajó a París. Desde 1996, el señor Tibi interpuso dos recursos de amparo judicial, que mientras el primero fue negado sin razón aparente, el segundo no había sido resuelto para la expedición de la sentencia de la Corte. nota 6

En el Caso de la Cruz Flores, el 27 de marzo de 1990 la señora María Teresa De La Cruz Flores fue detenida y procesada por el delito de terrorismo en la modalidad de asociación ilícita. A partir de su detención, la señora De La Cruz Flores estuvo en el Penal Castro Castro por cuatro meses, al cabo de los cuales se le concedió la ?libertad incondicional? el 26 de julio de 1990, en aplicación del artículo 201 del Código de Procedimientos Penales. Por hechos no relacionados con la primera detención, la señora De La Cruz Flores fue privada de libertad nuevamente el 27 de marzo de 1996, sin que se le presentara en ese momento una orden judicial para tal efecto. Del contenido de un atestado policial y de las declaraciones de dos personas, la Dincote consideró que se encontraba ?plenamente identificada? la presunta víctima y su vinculación con la organización Sendero Luminoso, en la cual realizaba diversas actividades médicas, incluidas la conducción de cirugías y la provisión de medicamentos; así como estar imbuida de los conocimientos doctrinarios e ideológicos del Partido y tener un nivel elevado en la referida organización. La señora de la Cruz nunca fue informada de estas pruebas por las que no pudo controvertirlas. El proceso seguido contra la señora De La Cruz Flores por la segunda detención fue llevado ante un tribunal del fuero ordinario ?sin rostro?. Después de recibir dictámenes periciales a favor de la señora de la Cruz, el 21 de noviembre de 1996 la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió sentencia condenatoria contra la señora De La Cruz Flores y otros, condenándola a 20 años de prisión por terrorismo, en aplicación del artículo 4 del Decreto Ley No. 25.475. Igualmente, el 4 de marzo de 1999 la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia, condenando a la señora María Teresa De La Cruz Flores a 10 años de prisión por el delito de terrorismo en la modalidad de asociación ilícita, tipificado en el Código Penal, a raíz de la primera detención de la señora de la Cruz. Esta última se declaró nula por ser un juicio penal retrospectivo. En el 2003 la sentencia por su segunda detención fue declarada nula, sin embargo, la señora de la Cruz permaneció detenida en calidad de procesada. Finalmente en el 2004 fue liberada. Durante su detención, la señora De La Cruz Flores sufrió diversos padecimientos físicos, por los cuales recibió tratamiento médico inadecuado. nota 7

La jurisprudencia anterior es reiterada en este caso, esto es, el aislamiento constituye un trato cruel e inhumano que viola el artículo 5 de la Convención. Esto se reitera en el Caso Lori Berenson Mejía. nota 8

En el Caso Maritza Urrutia, después de dejar a su hijo en la escuela, Maritza Urrutia Sánchez fue secuestrada por tres hombres armados vestidos de civil. Una vez capturada, fue encapuchada y trasladada a las instalaciones del centro de detención clandestino del Ejército de Guatemala denominado ?La Isla?, donde permaneció en cautiverio durante ocho días. En esos actos participaron por lo menos ocho especialistas del Ejército y dos oficiales, todos miembros de la Inteligencia del Ejército guatemalteco. Durante los ocho días en que estuvo detenida, permaneció encerrada en un cuarto, esposada a una cama, encapuchada y con la luz de la habitación encendida y la radio siempre prendida a todo volumen. Fue sometida a largos y continuos interrogatorios referentes a su vinculación y la de su ex esposo con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Durante los interrogatorios fue amenazada de ser torturada físicamente y de matarla a ella o a miembros de su familia si no colaboraba. Además fue forzada a prestar una declaración filmada donde se refirió a su participación, la de su ex esposo y la de su hermano en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP); en esta declaración, justificó su desaparición como una manera de abandonar esa organización, agradeció a todas las personas que la habían ayudado a lograrlo e instó a sus compañeros a dejar la lucha armada. El 30 de julio de 1992 Maritza Urrutia fue liberada y forzada a declarar en comunicación de prensa y ante la justicia la verdad del video en el que aceptaba su vinculación con el grupo guerrillero solicitando una amnistía fundamentada en el Decreto 32-88 del Congreso de la República. La juez que oyó su declaración, en ningún momento le preguntó sobre lo que le había sucedido. El 23 de julio de 1992, se presentó la denuncia sobre la desaparición de la señora Urrutia ante la instancia penal respectiva. Sin embargo después de procedimientos que redundaron en la dilación del proceso, desde el 19 de junio de 1995 hasta la fecha de la sentencia de la Corte IDH, el expediente del caso se encontraba en manos del Ministerio Público, sin que se haya dicho nada al respecto. nota 9

La Corte reitera que la incomunicación a la que es sometida la víctima durante la detención, más aún si ésta es ilegal, constituye un trato cruel e inhumano. Igualmente se reitera que los actos preparados e infligidos deliberadamente para anular la personalidad y desmoralizar a la víctima son una forma de tortura, como ya se había concluido en el Caso Bámaca Velásquez. nota 10

En el Caso Juan Humberto Sánchez, la Corte señala que el Estado Hondureño violó el artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio del señor Juan Humberto Sánchez, ya que en las condiciones en que fueron encontrados sus restos mortales permiten inferir que éste fue objeto de severas torturas por parte de sus captores. Sobre el particular, el Tribunal destaca que, en la noche del 11 de julio de 1992 antes de ser aprehendido por los militares el señor Juan Humberto Sánchez se encontraba en condiciones físicas normales y el Estado no presentó ninguna explicación con respecto a la muerte de la víctima.. Lo anterior, unido a que la Corte ha entendido por probado que durante la década de los 80 y hasta inicios de los 90, en Honduras existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares y que el señor Juan Humberto Sánchez fue retenido por las mismas para esa época, permite concluir que se configuró la violación del artículo 5 de la Convención Americana. nota 11

En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y detuvieron ilegal y arbitrariamente al señor Bernabé Baldeón García. Durante su detención, fue torturado y asesinado en la madrugada del 26 de septiembre de 1990, y su cadáver fue enterrado ese mismo día. Dentro de los actos de tortura, el señor Bernabé Baldeón García fue atado con alambres y colgado boca abajo de una viga para luego ser azotado y sumergido en cilindros de agua. Por lo anterior, y tomando en consideración el allanamiento del Estado, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Bernabé Baldeón García. nota 12

En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. En el presente caso, la Corte consideró que por las circunstancias en que fueron detenidas y trasladadas a un lugar indefinido antes de ser ejecutadas o desaparecidas, las presuntas víctimas fueron colocadas en una situación de vulnerabilidad y desprotección que afectaba su integridad física, psíquica y moral. Ciertamente no existe prueba de los actos específicos a que fueron sometidas cada una de esas personas antes de ser ejecutadas o desaparecidas. No obstante, el propio modus operandi de los hechos del caso en el contexto de ese tipo de prácticas sistemáticas, sumado a las faltas a los deberes de investigación, permiten inferir que esas personas experimentaron profundos sentimientos de miedo, angustia e indefensión. En la menos grave de las situaciones, fueron sometidos a actos crueles, inhumanos o degradantes al presenciar los actos perpetrados contra otras personas, su ocultamiento o sus ejecuciones, lo cual les hizo prever su fatal destino. De tal manera, que por los actos contrarios a la integridad personal de las 10 víctimas ejecutadas o desaparecidas, la Corte declaró que el Estado es responsable de la violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, en perjuicio de las víctimas. nota 13

En el Caso Bueno Alves, el 5 de abril de 1988, cuando se estaba llevando a cabo una reunión de rescisión de un contrato inmobiliario, el señor Bueno Alves y su abogado, el señor Carlos Alberto Pérez Galindo, fueron detenidos y la oficina profesional de éste fue allanada. Todas estas acciones fueron realizadas por funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina. En la madrugada del día 6 del abril de 1988, en una oficina del Departamento Central de Policía, el señor Bueno Alves fue golpeado en los oídos y en el estómago, insultado en razón de su nacionalidad uruguaya y privado de su medicación para la úlcera, por agentes policiales, mientras se encontraba detenido bajo su custodia, con el fin de que confesara en contra de quien era su abogado, el señor Pérez Galindo, quien también se encontraba detenido. Dicho trato, le produjo un debilitamiento en la capacidad auditiva del oído derecho y en el sentido del equilibrio, así como severos padecimientos psicológicos. Con base en la denuncia de torturas realizada el 8 de abril de 1988, se inició el procedimiento judicial No. 24.079, que culminó el 15 de abril de 1997, por insuficiencia probatoria, sin que se hubiese identificado y sancionado a los responsables de las torturas.

Para la Corte, para definir lo que a la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana debe entenderse como ?tortura?, debe tomarse en cuenta la definición que al respecto hace la primera parte del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. En razón de lo expuesto, la Corte entendió que los elementos constitutivos de la tortura son los siguientes: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se cometa con determinado fin o propósito. En el caso concreto, la Corte señaló que los hechos confesados por el estado y probados constituyen tortura, debido a que reúnen los presupuestos enunciados. En efecto, a) fueron deliberadamente infligidos en contra de la víctima y no producto de una conducta imprudente, accidente o caso fortuito; b) los maltratos tuvieron como finalidad específica forzar la confesión del señor Bueno Alves; y c) la víctima padeció maltratos durante los actos de violencia a que fue sometida y tuvo consecuencias en su integridad física y emocional, que impiden a la víctima desarrollar sus actividades cotidianas y requiere tratamiento. Por todo lo anterior, y tomando en consideración la confesión del Estado, la Corte consideró que los hechos constituyeron tortura en perjuicio del señor Bueno Alves, lo que implica la violación por parte del Estado al derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la persona mencionada. Adicionalmente, de conformidad con un peritaje psicológico efectuado por orden del Presidente de la Corte, en el que se concluyó que la ausencia de respuesta por parte del sistema judicial argentino afectó en forma grave al señor Bueno Alves, la Corte declaró que el estado violó el derecho contemplado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la víctima. nota 14



  1. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Serie C. No. 33 .
  2. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 33 .
  3. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .
  4. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  5. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 .
  6. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
  7. Caso de La Cruz Flores Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 115 .
  8. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 .
  9. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 .
  10. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 . Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 70 .
  11. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  12. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  13. Para ver los hechos del Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  14. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 164 

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