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Última modificación: 2008-07-24
Violación de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura por incumplimiento del deber del estado de investigar este delito

En el Caso Paniagua Morales y otros, la Corte se refirió al derecho a la integridad (artículo 5 de la Convención) y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece la obligación de los Estados de prevenir y sancionar la tortura (artículo 1) y, de tomar las medidas efectivas para ello como consagrar la tortura como delito con sanciones severas y tomar medidas para prevenir y sancionar otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 6); el derecho de la víctima a una investigación imparcial y el deber del Estado de investigar de oficio (artículo 8). En el caso de las víctimas que fueron privadas del derecho a la vida, con excepción del caso del señor Chinchilla, las autopsias revelaron la presencia de signos de tortura, la cual es imputable al Estado por la misma razón que le es imputable su muerte. Para ocasionar la muerte se infligió a las víctimas heridas que aumentaron su sufrimiento, y este fue un patrón en la mayoría de los homicidios relacionados con el presente caso. Respecto de las otras víctimas que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales, la Corte constata que en el caso de los señores Vásquez y Angárita Ramírez, el médico forense encontró heridas, excoriaciones y contusiones que evidencian un trato cruel, inhumano o degradante mientras estuvieron detenidos. En consecuencia, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención y las obligaciones dispuestas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales; Julián Salomón Gómez Ayala; William Otilio González Rivera; Pablo Corado Barrientos; Manuel de Jesús González López; Augusto Angárita Ramírez y Oscar Vásquez. nota 1

En el Caso de Los Niños de la Calle, la Corte encuentra probado que las autoridades guatemaltecas no adoptaron decisión formal alguna para iniciar una investigación penal sobre la presunta comisión del delito de tortura y tampoco lo investigaron en la práctica, a pesar de que, al indagar por los homicidios, se recogió evidencia sobre tratamientos crueles y torturas a las víctimas. El artículo 8 de la Convención contra la Tortura consagra en forma expresa la obligación del Estado de proceder de oficio y en forma inmediata en casos como el presente, y la Corte ha sostenido que en los procesos sobre violaciones de los derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. El Estado no actuó con arreglo a esas previsiones. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de los cuatro jóvenes. nota 2

En el Caso Cantoral Benavides, la Corte determinó que las autoridades administrativas y judiciales peruanas no adoptaron decisión formal alguna para iniciar una investigación penal en torno a la presunta comisión del delito de tortura, a pesar de que existían evidencias sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes, y sobre torturas cometidas en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides. Adicionalmente, dado que se encontró que el Estado peruano sometió la víctima a tortura y a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, resulta claro que dicho Estado no previno eficazmente tales actos y que, al no realizar una investigación al respecto, omitió sancionar a los responsables de los mismos. En consecuencia, declara la Corte que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. nota 3

En el Caso Bámaca Velásquez, la Corte considera demostrado que la víctima fue sometida a tortura durante el tiempo que duró su reclusión clandestina en instalaciones militares. Por ende, resulta claro que el Estado no previno eficazmente tales actos y que, al no realizar una investigación al respecto, omitió sancionar a los responsables de los mismos. El artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura consagra en forma expresa la obligación del Estado de proceder de oficio y en forma inmediata en casos como el presente. El Estado, sin embargo, no actuó en el presente caso con arreglo a esas previsiones. También se constató que, a pesar de los numerosos procesos iniciados para dar con el paradero de Bámaca Velásquez, los mismos demostraron ser inefectivos. La comprobada negación de la protección judicial determinó también que el Estado no previniera e investigara eficazmente las torturas a las que la víctima estaba siendo sometida. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado incumplió, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, la obligación de prevenir y sancionar la tortura en los términos de los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. nota 4

En el Caso Gutiérrez Soler, ninguna persona ha sido sancionada por las torturas infligidas al señor Wilson Gutiérrez Soler. La Corte expresó que, a la luz de la obligación general de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Además, dicha actuación está regulada, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos de tortura sean examinados imparcialmente. Por lo anterior, la Corte observó que Colombia no actuó con arreglo a esas previsiones, por tanto, el Tribunal consideró que dicha conducta constituye incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura en lo que atañe a la obligación de prevenir y sancionar la tortura en el ámbito interno. nota 5



  1. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 37 .
  2. Caso de los Niños de la Calle (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 63 .
  3. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 .
  4. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 70 .
  5. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 132 .

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