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Última modificación: 2008-07-24
Vulneración del derecho a la libertad personal por detención arbitraria

En el Caso Velásquez Rodríguez, la Corte afirma que por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de una detención arbitraria, que lo privó de su libertad física sin fundamento en causas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente que conociera de su detención. Todo ello infringe directamente el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención y constituye una violación, imputable a Honduras, de los deberes de respetarlo y garantizarlo, consagrado en el artículo 1.1 de la misma Convención. La Corte declara que Honduras ha violado en perjuicio de Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. nota 1

En el Caso Caballero Delgado y Santana la Corte considera que habiendo quedado establecida la responsabilidad de Colombia por la captura ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, le es imputable la violación del derecho a la libertad personal, garantizado por el artículo 7 de la Convención. nota 2

En el Caso Paniagua Morales y otros, entre 1987 y 1988 se produjeron en Guatemala detenciones arbitrarias acompañadas de maltratos y torturas y, en algunos casos, de privación de la vida. Algunos de los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Guardia de Hacienda y maltratados; otros, cuyo lugar de detención se desconoce, aparecieron muertos y sus cuerpos, con signos de violencia física. El presente caso, se refiere a la detención de 8 personas, algunas de ellas, introducidas en un vehículo tipo ?panel? de color blanco, por agentes de la Guardia de Hacienda. 5 de ellos aparecieron sin vida posteriormente, con huellas de violencia física. Los demás también fueron golpeados y maltratados. Además se incluye el caso de la muerte de una persona en circunstancias no esclarecidas. El Director de la Policía Nacional de Guatemala arrestó a seis agentes de la Guardia de Hacienda dentro de un vehículo ?panel? de color blanco. La Policía Nacional elaboró un informe, en el cual afirmó que agentes de la Guardia de Hacienda habían cometido una serie de delitos utilizando el vehículo tipo ?panel? que fue confiscado. Se estableció que los agentes presentaron falso testimonio respecto de sus actividades; que varios de ellos habían sido identificados como participantes en los delitos; que robaban y torturaban a sus víctimas después de detenerlas. La Policía Nacional concluyó que los agentes de la Guardia de Hacienda habían abusado de su autoridad y violado los derechos de los ciudadanos guatemaltecos. El informe de la Policía Nacional fue entregado un Juzgado Penal de Instrucción que ordenó la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Se ordenó la comparecencia de agentes de la Policía involucrados en la investigación, testigos y perjudicados; el reconocimiento de los vehículos y se solicitó a los Juzgados que tramitaban los procesos individuales por las muertes y desapariciones mencionadas en el Informe Policial, que informaran sobre lo actuado. El Juez de Primera Instancia Penal de Instrucción, ordenó la detención de varios de los agentes de la Guardia de Hacienda y citó al Director y a dos oficiales para interrogarlos. El Juez fue secuestrado y liberado dos días después. El Juez que sustituyó al primero mientras éste estuvo secuestrado, ordenó la prisión provisional varios de los agentes de la Guardia de Hacienda, por encontrar motivos suficientes para vincularlos a la investigación por los delitos de secuestro, asesinato, robo agravado, todos en forma continuada, hurto agravado, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y abuso contra particulares. También ordenó la detención del, ex Director de la Guardia de Hacienda y de dos oficiales de esa entidad. Una vez reintegrado a sus funciones, el Juez que había sido secuestrado revocó la orden de prisión provisional de todos los acusados de la Guardia de Hacienda por considerar que no existían motivos suficientes para mantenerlos detenidos. Las resoluciones que ordenaban la libertad de los implicados fueron apeladas y confirmadas. No hubo avances significativos en la investigación y después de esta decisión el caso continúa abierto en la etapa de sumario. nota 3

De conformidad con el artículo 7 de la Convención, la Corte observa que las víctimas fueron detenidas arbitrariamente por agentes del Estado y asesinadas. Además, los señores Gómez Ayala, Paniagua Morales y González López fueron introducidos en un vehículo "panel" de color blanco al servicio de la Guardia de Hacienda y, posteriormente, asesinados. Si bien los señores González Rivera y Corado Barrientos fueron privados de su libertad en circunstancias diferentes, existe coincidencia respecto al tiempo en que fueron detenidos, de los medios con los cuales se les infligió las heridas mortales, la crueldad de su tratamiento y las circunstancias de la aparición de sus cadáveres, lo cual permite la deducción de que sus detenciones y muertes se encuentran circunscritas dentro del llamado ?Caso de la Panel Blanca?. Todo lo anterior conduce a la conclusión de que los autores de su detención y muerte fueron agentes de la Guardia de Hacienda. La Corte encuentra elementos suficientes, graves y convergentes que demuestran que, al ser detenidos arbitrariamente, se violó el derecho a la libertad de los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil y Marco Antonio Montes Letona. La Corte declara que el Estado de Guatemala violó el artículo 7 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores mencionados. La Corte considera que Guatemala debe ordenar una investigación real y efectiva para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y, eventualmente, sancionarlas. Dada la naturaleza del presente caso, la Corte no puede disponer que se garantice a los lesionados en el goce de los derechos o libertades conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la violación de los derechos señalados y, por ende, debe establecerse una justa indemnización a las víctimas y, en su caso, a los familiares. nota 4

En el Caso Juan Humberto Sánchez, la Corte observa que las detenciones del señor Sánchez se enmarcaron en un cuadro de abuso de poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, eventualmente, ejecutar impunemente a la presunta víctima, situación que se enmarca dentro del patrón de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la época de los hechos del caso. La Corte concluye que dichas detenciones fueron arbitrarias y que, por lo tanto, se violó el artículo 7.3 de la Convención en perjuicio del señor Juan Humberto Sánchez. nota 5.

Esta subregla es reiterada en el Caso Maritza Urrutia. nota 6

En el Caso 19 Comerciantes establece que la detención arbitraria e ilegal es violatoria del artículo 7 de la Convención nota 7
como sucede también en el Caso De la Cruz Flores. nota 8

Lo concluido en estos casos es ratificado en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri precisando que la detención arbitraria se ve agravada por el hecho de que las víctimas se encuentren indefensas y sean menores de edad. nota 9



  1. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia Serie C No. 4 .
  2. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 22 .
  3. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros). Sentencia Serie C. No. 37 .
  4. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros). Sentencia Serie C. No. 37 .
  5. Caso Juan Humberto Sanchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  6. Caso Maritza Urrutia Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 .
  7. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  8. Caso de la Cruz Flores Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 115 .
  9. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 .

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