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Última modificación: 2008-07-24
Detención ilegal cuando se detiene a una persona sin orden judicial previa y por detención arbitraria cuando se le mantiene incomunicada por un tiempo mayor al previsto en la ley

En cuanto al derecho de toda persona detenida o retenida a ser llevada, sin demora, ante un funcionario competente y a ser juzgada dentro de un plazo razonable, se debe analizar la forma en que se produjo la captura y la duración de la detención hasta el momento en que los detenidos fueron puestos a disposición de una autoridad judicial. En el Caso Durand y Ugarte, las víctimas fueron detenidas por miembros de la policía sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados en flagrante delito, y quedaron incomunicados por ocho días. Al respecto, este Tribunal ha dicho que nadie puede ser privado de la libertad personal "sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)". Por otra parte, y en lo que respecta al período de detención de los imputados, conviene observar que la Constitución peruana sólo autorizaba la detención por un término no mayor de 15 días para los casos de terrorismo, con obligación de dar cuenta al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente. Las víctimas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional competente luego de transcurrido el término de 15 días permitido por la Constitución Política del Perú. En consecuencia, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, el derecho a la libertad consagrado en el artículo 7.1 y 7.5 de la Convención Americana. nota 1

En el Caso Suárez Rosero, el señor Rafael Iván Suárez Rosero fue arrestado por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de una operación para desarticular una organización del narcotráfico internacional, sin orden de autoridad competente y sin haber sido sorprendido en flagrante delito. El día de su detención, rindió declaración presumarial ante oficiales de policía y en presencia de tres fiscales del Ministerio Público, sin la presencia de un abogado defensor. Estuvo incomunicado, en una húmeda y poco ventilada celda, sin que se le permitiera recibir visitas de su familia o comunicarse un abogado. Luego, las entrevistas con su abogado se realizaron en presencia de oficiales de la policía Un juez dictó auto de prisión preventiva contra el señor Suárez Rosero y luego se inhibió de conocer la causa, porque uno de los sindicados fue ascendido, y remitió el expediente a la Corte Superior de Justicia de Quito. En dos oportunidades el señor Suárez Rosero solicitó que se revocara la orden de su detención preventiva las cuales fueron negadas. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito ordenó iniciar la fase de instrucción del proceso y en la resolución acusó al señor Suárez Rosero de transportar drogas y ocultar la evidencia. Se citó a declarar a los agentes que efectuaron su detención, quienes no se presentaron. El señor Suárez Rosero interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador quien denegó el recurso en virtud de que la petición no aportó datos informativos sobre el proceso. Al declarar abierta la etapa plenaria en el proceso contra el señor Suárez Rosero, por encubrimiento de tráfico de drogas, el Presidente de la Corte Superior de Quito determinó que no se cumplían los requisitos para la prisión preventiva y ordenó su libertad. El Ministro Fiscal solicitó no disponer la libertad de ninguna persona, mientras el auto no fuera consultado al Superior. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y le impuso la pena privativa de libertad de dos años de prisión, debiéndose imputar a la pena el tiempo que por esta causa hubiera permanecido detenido preventivamente. También se le impuso una multa de dos mil salarios mínimos. El señor Suárez Rosero en ningún momento fue citado ante autoridad judicial competente para ser informado de los cargos en su contra. nota 2



  1. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 68 .
  2. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .

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