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Última modificación: 2008-07-24
Detención ilegal y arbitraria por autoridad militar, al desobedecer orden de autoridad judicial competente

La Corte ha dicho que nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el análisis de la violación a la libertad personal y a la protección judicial del Caso Cesti Hurtado, la Corte estableció que el estudio no se refiere a la inocencia o culpabilidad del acusado en los hechos que se le han atribuido en el sistema interno. Aunque la legislación peruana consagra recursos distintos del hábeas corpus dirigidos a dirimir conflictos de competencia entre distintos órganos judiciales, también es cierto que según la Convención, hay un margen de acción para que el juez del hábeas corpus se ocupe de la competencia del funcionario que ha ordenado la privación de libertad. Efectivamente, la autoridad judicial encargada de resolver sobre el hábeas corpus interpuesto por Cesti Hurtado, debía apreciar los datos conducentes a definir si la detención que se pretendía realizar tenía el carácter de arbitraria. Entre esos datos figuraba necesariamente la competencia de la jurisdicción militar para emitir la orden de detención, considerando los hechos imputados y las circunstancias de la persona a la que éstos se atribuían cual era, ser un civil. En este caso se tiene que las autoridades militares desafiaron la orden de la Sala Especializada en su integridad, y procedieron a detener, procesar y condenar al señor Cesti Hurtado en flagrante violación de una orden clara de un tribunal competente. La Corte declaró que, como resultado de la negativa de sus autoridades militares de obedecer y ejecutar la orden legítima de la Sala Especializada de Derecho Público, y de la consiguiente detención, procesamiento y condena del señor Cesti Hurtado, el Estado de Perú violó su derecho a la libertad personal de acuerdo a lo garantizado en el artículo 7.1. 2 y 3 de la Convención, en relación con el deber general de respetar y garantizar los derechos y adoptar disposiciones en el orden interno (artículos 1.1 y 2). nota 1



  1. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 56 .

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