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Última modificación: 2008-07-24
La ineficacia del recurso de habeas corpus en estados de excepción vulnera el derecho a la libertad personal y el deber de protección judicial

En el Caso Neira Alegría y otros, la Corte se refirió al alcance del recurso de Habeas Corpus y a la prohibición de suspender derechos inalienables durante los Estados de Excepción (artículos 7.6 y 27.2 de la Convención. Consideró que fueron infringidos, debido a la aplicación de los Decretos que declararon el estado de emergencia en determinadas provincias y Zona Militar Restringida en el penal. Si bien dichos decretos no suspendieron de manera expresa el recurso de hábeas corpus, de hecho, el cumplimiento que se dio a ambos decretos produjo la ineficacia del instrumento tutelar, y por tanto, su suspensión en perjuicio de las presuntas víctimas. El hábeas corpus era el procedimiento idóneo para que la autoridad judicial pudiese investigar y conocer el paradero de las tres personas a que se refiere el caso. La Corte ha sostenido que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven para preservar la legalidad de una sociedad democrática. El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. Es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto por el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1 consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. Estos criterios interpretativos son aplicables a este caso, en cuanto el control y jurisdicción de las Fuerzas Armadas sobre el Penal se tradujeron en una suspensión implícita de la acción de hábeas corpus, en virtud de la aplicación de los Decretos que declararon la emergencia y la Zona Militar Restringida. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, de lo cual se desprende que esta es una disposición de carácter general cuya violación está siempre relacionada con la que establece un derecho humano específico. El artículo 1 contiene la obligación contraída por los Estados en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención. nota 1

En el Caso Durand y Ugarte reitera que en la declaración de estados de emergencia en los casos de guerra, peligro público u otra emergencia, si se ha decretado debidamente la suspensión de garantías, ésta no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario, y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción. En este caso, los decretos supremos no suspendieron el recurso de hábeas corpus que dispone el artículo 7.6 de la Convención, pero el cumplimiento que el Estado dio a dichos decretos produjo, de hecho, la ineficacia del recurso, en virtud de que los jueces ordinarios no podían ingresar a los penales por ser éstos zonas militares restringidas, y de que dichas disposiciones impedían investigar y determinar el paradero de las personas a favor de las cuales se había interpuesto el recurso. La acción de hábeas corpus interpuesta por la madre y hermana de las victimas, fue declarada improcedente, por considerar el juez que los beneficiarios se encontraban procesados y detenidos en virtud de órdenes emanadas de un procedimiento regular, por el delito de terrorismo. Adicionalmente, la aplicación de los Decretos-Supremos, que declararon el estado de emergencia y la zona militar restringida, así como el control efectivo de las Fuerzas Armadas sobre el centro penitenciario, produjeron implícitamente la suspensión de la acción de hábeas corpus, en contravención de lo dispuesto en la Convención. Por lo tanto, puede afirmarse que no fue efectiva la acción de hábeas corpus intentada, con base en lo cual, la Corte declara que el Estado violó los derechos a la libertad personal y a la protección judicial (artículos 7.6 y 25.1), en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera. nota 2



  1. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 20 .
  2. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 68 .

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