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Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales y del deber de protección judicial a los familiares de las víctimas, por irregularidades en la investigación y exceso en la razonabilidad del plazo

En el Caso 19 comerciantes la Corte señala que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación debe tener un sentido y ser asumida por el mismo como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.

La Corte ha dicho que el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu. El mencionado texto comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia.

En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la muerte de estas últimas sea efectivamente investigada por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. nota 1

En una frase la investigación seguida debe ser seria, imparcial y efectiva. nota 2

Para la época comprendida entre 1980 hasta 1991, El Salvador se vio sumido en un conflicto armado interno durante el cual se configuró el fenómeno de desapariciones forzadas de personas. El Caso de las Hermanas Serrano Cruz versa sobre la desaparición de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, supuestamente ocurrida en junio de 1982 en Chalatenango. Su madre, María Victoria Cruz Franco, emprendió la búsqueda de sus hijas desaparecidas. Para tal efecto, interpuso una denuncia el 30 de abril de 1993, que fue tramitada en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango contra los miembros del Batallón Atlacatl. Adicionalmente, el 13 de noviembre de 1995, la misma denunciante solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que decretara un auto de exhibición personal a favor de sus hijas por el supuesto secuestro de las mismas. El 14 de marzo de 1996, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió terminar el proceso de exhibición personal porque el hábeas corpus no era un medio idóneo para investigar el paradero de una persona detenida ilegalmente trece años atrás. Además los jefes militares del Batallón Atlacatl no podían requerirse porque dicho Batallón ya no existía. La mencionada Sala de lo Constitucional remitió al Juez de Primera Instancia de Chalatenango la resolución para que siguiera la investigación de los hechos denunciados.

Después de estar archivada la investigación en el Juzgado de Chalatenango, desde el 22 de septiembre de 1993, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango emitió un auto, calendado 19 de abril de 1996, en el cual resolvió dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Aproximadamente dos años y un mes después de la reapertura del proceso éste fue archivado mediante resolución de 27 de mayo de 1998, por no haberse podido establecer quién o quienes secuestraron a las menores. En el presente Caso, la Corte Interamericana estableció que desde la primera reapertura del proceso penal en abril de 1996 (hasta la fecha de emisión de la Sentencia de dicha Corte) el proceso había permanecido siempre en la fase de instrucción, durante aproximadamente 7 años y 10 meses, sin que se hubiera proferido acusación alguna. La Corte consideró, que si bien era cierto, el asunto que se investigaba por los tribunales nacionales era complejo y que esto debía tenerse en consideración para apreciar la razonabilidad del plazo, las demoras en el proceso penal no se habían producido por éste hecho, sino por una inacción del órgano judicial que, a juicio de la Corte, no tenía explicación. Por ello, la Corte consideró que en el proceso penal seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango se había desconocido el principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana. En consecuencia, la Corte declaró que el Estado violó, en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de sus familiares, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 3

En el Caso Blake, desde el momento de su desaparición (1985), el Estado de Guatemala no ha concluido la investigación sobre los hechos, ni ha sancionado a los responsables de su muerte. Durante más de siete años, miembros de la familia Blake realizaron múltiples gestiones para investigar los hechos relativos a la detención, desaparición, muerte y paradero del señor Nicholas Blake, pues se reunieron con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos y con funcionarios civiles y militares de Guatemala. El Estado encubrió el paradero del señor Blake y obstaculizó la investigación de su familia. En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención sobre las garantías judiciales, confiere a los familiares del señor Blake el derecho a que su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido los familiares. Por lo tanto, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Nicholas Blake en relación con el artículo 1.1 de la Convención. De acuerdo con el deber de reparación establecido en el artículo 63.1, declara que el Estado de Guatemala está obligado a poner todos los medios a su alcance para investigar los hechos y sancionar a los responsables por la desaparición y muerte del señor Blake. nota 4

En el Caso de Los Niños de la Calle, la Corte considera que aún cuando Guatemala ha realizado diversas actuaciones judiciales para investigar los hechos, es evidente que los responsables se encuentran en la impunidad, porque no han sido identificados ni sancionados. Se encuentra probado que las autoridades judiciales que condujeron las actuaciones originadas en el secuestro, tortura y homicidio de los 5 jóvenes, faltaron al deber de adelantar una investigación y un proceso judicial adecuados que llevaran al castigo de los responsables, y afectaron el derecho de los familiares de las víctimas a ser oídos y a tramitar sus acusaciones ante un tribunal independiente e imparcial. Observa la Corte que los procesos judiciales internos revelan dos tipos de deficiencias graves: i) se omitió por completo la investigación de los delitos de secuestro y tortura; ii) se dejaron de ordenar, practicar o valorar pruebas determinantes para el esclarecimiento de los homicidios. Los jueces fragmentaron el acervo probatorio y pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos los elementos probatorios de la responsabilidad de los imputados. Esto contraviene los principios de valoración de la prueba, de acuerdo con los cuales las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo. Por lo anterior, la Corte declara que Guatemala violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas y sus familiares inmediatos, y por lo tanto, el Estado debe realizar una investigación real y efectiva para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y, eventualmente, sancionarlas. nota 5

En el Caso Las Palmeras, la Corte considera que en el procedimiento disciplinario, se presentaron irregularidades; se realizó en forma sumarísima; impidió el esclarecimiento de los hechos; y conllevó a la prescripción de la acción penal por el delito de prevaricato. El ?juzgador? ejerció la doble función de juez y parte, lo cual no otorga a las víctimas o, en su caso, a sus familiares, las garantías judiciales consagradas en la Convención. La brevedad con que se tramitó este procedimiento disciplinario impidió el descargo de pruebas y únicamente la parte involucrada (miembros de la policía) participó en el proceso. En lo que refiere al proceso penal militar, los jueces encargados de conocer la causa estaban adscritos a la Policía Nacional, institución a la que pertenecían las personas implicadas como autores materiales de los hechos. Además, la policía era parte del Ministerio de Defensa, Poder Ejecutivo. La aplicación de la jurisdicción militar en este caso, no garantizó el debido proceso (artículo 8.1), que regula el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas del caso, en el sentido de acceder a un juez imparcial e independiente, que decida en un tiempo razonable. En cuanto al proceso penal ordinario, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Nación avocó al conocimiento de la causa. A la fecha, éste no se ha concluido, de manera que haya una resolución definitiva que identifique y sancione a los responsables, lo que propicia una situación de impunidad. La investigación penal de dichos hechos lleva más de diez años, lo que demuestra que la administración de justicia no ha sido rápida ni efectiva. Finalmente, las partes admitieron que los miembros de la policía implicados, obstaculizaron o no colaboraron de una manera adecuada con las investigaciones iniciadas con el fin de esclarecer el caso, ya que alteraron, ocultaron y destruyeron las pruebas. Por todo lo anterior, los familiares de las víctimas no contaron con un recurso efectivo que les garantizara el ejercicio de sus derechos. Como el proceso penal ha durado más diez años, este período excede los límites de razonabilidad previstos en el artículo 8.1 de la Convención, establecido por esta Corte en cinco años. En consecuencia, la Corte declara que Colombia violó los derechos a las garantías y a la protección judicial, y ordena que la muerte de las seis víctimas sea efectivamente investigada por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que los familiares han sufrido. Inclusive, en el supuesto de que las dificultades de orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de las víctimas a conocer integralmente lo sucedido. nota 6

En el Caso 19 comerciantes, la Corte establece la violación de las garantías judiciales, en tanto el Estado demoró la investigación de la desaparición de los comerciantes injustificadamente; por lo tanto, le otorga la debida indemnización a sus familiares. nota 7

En el Caso Gómez Palomino, en la madrugada del 9 de julio de 1992, la víctima fue objeto de desaparición forzada por cuenta de un grupo de hombres y mujeres armados que entraron a su casa y se lo llevaron, sin presentar una orden judicial o administrativa ni informar el motivo de la detención o el sitio a donde lo trasladaban. La Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió una investigación con base en la denuncia presentada el 3 de agosto de 1992, por la señora Victoria Margarita Palomino Buitrón, con el apoyo del representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Esta investigación no produjo resultados. Durante el Gobierno de transición democrática del Presidente Valentín Paniagua, fueron reabiertas investigaciones por masacres atribuidas, junto a otros graves hechos, al llamado ?Grupo Colina?. En el curso de una nueva investigación en la Fiscalía Provincial Especializada de Lima, el 6 de diciembre de 2001, se obtuvo la declaración de uno de los miembros del ?Grupo Colina?, quien declaró sobre el modo en que detuvieron y asesinaron al ?evangelista?, cuya descripción coincidía con la de Gómez Palomino, así como la posible ubicación de los restos de la víctima. El 11 de diciembre de 2002 la señora Victoria Margarita Palomino Buitrón, patrocinada por APRODEH, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial Especializada de Lima contra el señor Vladimiro Montesinos Torres y otros por la presunta comisión de los delitos de secuestro y desaparición forzada de su hijo Santiago Gómez Palomino. Por resolución de la misma fecha, la Fiscalía resolvió abrir la investigación, remitiendo la denuncia a la División de Investigaciones Especiales de la Dirección contra el Terrorismo. Posteriormente la nueva fiscal designada para la investigación, solicitó autorización a la Fiscal de la Nación para realizar diligencias de exhumación de restos de presuntas víctimas del ?Grupo Colina?, entre ellos los restos del señor Santiago Gómez Palomino. Los días 13 y 19 de noviembre de 2003 fueron llevadas a cabo las diligencias de excavación y exhumación en las inmediaciones de la playa La Chira en Chorrillos, donde presuntamente se encontraban los restos enterrados clandestinamente del señor Gómez Palomino. Sin embargo, no fueron hallados. Finalmente, El señor Santiago Gómez Palomino fue incluido en la nómina de personas muertas y desaparecidas reportadas a la Comisión de Verdad y Reconciliación en su informe final de 27 de agosto de 2003. Dado que el Estado no aportó prueba de que se hayan realizado otras actuaciones, la Corte consideró que la investigación emprendida por la Fiscalía Provincial Especializada de Lima no ha sido realizada con la debida diligencia para conducir al esclarecimiento de los hechos, a la determinación del paradero de los restos de la víctima, así como al enjuiciamiento de los responsables de su desaparición forzada, por lo que no puede ser considerada efectiva en los términos de la Convención. Además, las falencias investigativas que se dieron con posterioridad a la desaparición forzada del señor Gómez Palomino y que han sido aceptadas por el Estado, difícilmente pueden ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias probatorias que el Estado ha desarrollado a partir del año 2002. Prueba de ello son los trece años que han trascurrido desde que sucedieron los hechos y los cinco años que han mediado desde que el Perú reestableció la democracia, sin que la investigación pase de su fase preliminar. Finalmente, la Corte consideró que dicha demora, en exceso prolongada, ha desconocido el principio de plazo razonable y constituye una violación de las garantías judiciales, que no ha sido justificada por el Estado. En razón de lo anterior, la Corte Interamericana consideró que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 8



  1. Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  2. Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 . Caso Blake Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 36 . Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 . Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103  y Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 98 .
  3. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C No. 120 
  4. Caso Blake Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 36 .
  5. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 63 .
  6. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 90 .
  7. Caso de los 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  8. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 

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