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Última modificación: 2008-07-28
Vulneración de las garantías judiciales cuando se detiene y no se juzga a una persona en un plazo razonable

La Corte considera que el artículo 8.1 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. nota 1

El principio de ?plazo razonable? dentro de aquellas garantías que se deben seguir en un debido proceso legal, al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Para la Corte el término debe empezar a contarse con la primera actuación, que en un proceso penal sería la vinculación al proceso del inculpado por su aprehensión o su indagatoria si no se le ha declarado la detención preventiva. La Corte, al igual que en la primera subregla de este documento, señaló que se deben tener en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.

En el Caso Suárez Rosero, el primer acto del procedimiento es la aprehensión del señor Suárez Rosero y, por lo tanto, a partir de ese momento debe comenzar a apreciarse el plazo. Considera la Corte que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran presentarse. Al realizar un estudio del procedimiento en la jurisdicción interna contra el señor Suárez Rosero, se advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses. Este período excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención. Asimismo, la Corte estima que el hecho de que un tribunal ecuatoriano haya declarado culpable al señor Suárez Rosero del delito de encubrimiento no justifica que hubiese sido privado de libertad por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía un máximo de dos años como pena para ese delito. Por lo anterior, la Corte declara que el Estado del Ecuador violó en perjuicio del señor Rafael Iván Suárez Rosero el derecho establecido en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad. nota 2



  1. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 . Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
  2. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 . Ver también Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .

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