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Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales cuando se impide ejercer adecuadamente el derecho de defensa

En el Caso Lori Berenson Mejía al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, la Corte señaló que en el proceso se deben observar todas las formalidades que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. nota 1

El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa

A su vez, la Corte observa en el Caso Tibi que en los casos de detenidos extranjeros, debe obrara notificación del derecho de comunicarse con un funcionario consular de su país con el fin de procurar la asistencia reconocida en el artículo 36.1.b de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En este sentido, la Corte señaló que el derecho individual del nacional de solicitar asistencia consular a su país debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. La inobservancia de este derecho afecta el derecho a la defensa, el cual forma parte de las garantías del debido proceso legal. nota 2

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte observa que el artículo 717 del Código de Justicia Militar, aplicable a los casos de traición a la patria, establece que una vez producida la acusación fiscal se pondrán los autos en conocimiento de la defensa por espacio de doce horas. De acuerdo con la ley, la defensa no pudo interrogar a los agentes de la DINCOTE que participaron en la fase de investigación. La condena del señor Astorga Valdez pone aún más en evidencia la escasa posibilidad de ejercer una defensa efectiva del inculpado. En dicho caso, el inculpado fue condenado en última instancia con base en una prueba nueva, que el abogado defensor no conocía ni pudo contradecir. La Corte estima que la restricción a la labor de los abogados defensores y la escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han quedado demostradas. Los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las víctimas contaron con una defensa adecuada. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.b y 8.2.c de la Convención. nota 3

La Corte considera que de conformidad con la legislación vigente en el Perú, las víctimas no pudieron contar con asistencia legal desde la fecha de su detención hasta su declaración ante la DINCOTE, cuando se les nombró un defensor de oficio. Por otra parte, cuando los detenidos tuvieron la asistencia de los abogados de su elección, la actuación de éstos se vio limitada. La disposición que niega la posibilidad de que un mismo defensor asista a más de un inculpado, limita las alternativas en cuanto a la elección del defensor, pero no significa, una violación del artículo 8.2.d de la Convención. Sin embargo, como ha quedado demostrado que los abogados defensores tuvieron obstáculos para entrevistarse privadamente con sus defendidos, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.d de la Convención. nota 4

En el Caso Suárez Rosero, la Corte se refirió a la violación de los incisos c, d y e del artículo 8.2 de la Convención, que establecen como garantías mínimas de toda persona, la concesión al inculpado del tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa; el derecho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con éste; y el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor del Estado, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Debido a su incomunicación durante los primeros 36 días de su detención, el señor Suárez Rosero no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su defensa, ya que no pudo contar con el patrocinio de un defensor público y, cuando tuvo un abogado de su elección, no pudo comunicarse en forma libre y privada con él. Por ende, la Corte considera que el Ecuador violó el artículo 8.2.c, 8.2.d y 8.2.e de la Convención. nota 5



  1. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú Sentencia Serie C. No. 119 . Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia Serie C. No. 107 
  2. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
  3. Caso Castillo Petruzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  4. Caso Castillo Petruzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  5. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .

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