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Última modificación: 2008-07-28
Violación del derecho a recurrir el fallo cuando la segunda instancia corresponde a la justicia penal militar

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte observa que de conformidad con la legislación aplicable a los delitos de traición a la patria, se ha establecido la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y recurso de nulidad contra la de segunda instancia. También existe el extraordinario de revisión de sentencia ejecutoriada, fundado en la presentación de prueba superviniente, siempre y cuando no se trate de una persona condenada por traición a la patria en calidad de líder o como parte del grupo dirigencial de una organización armada. En el caso en estudio, los recursos de apelación y nulidad fueron ejercidos por los abogados de los señores Castillo Petruzzi, Mellado Saavedra y Pincheira Sáez, mientras que el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto por la abogada del señor Astorga Valdez. Finalmente, existía un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia contra las resoluciones de la jurisdicción militar relativas a civiles. Este recurso, consagrado en la Constitución de 1979, vigente al momento de la detención y aplicable en el procesamiento de las víctimas, fue modificado por la Constitución de 1993, que señalaba que el mencionado recurso sólo cabía en los casos de traición a la patria cuando se impusiera la pena de muerte. Al presentar los abogados de los señores Castillo Petruzzi y Astorga Valdez los recursos de casación, éstos fueron rechazados en aplicación de la norma constitucional vigente. La Corte advierte que los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria, violan la garantía del juez natural establecida en el artículo 8.1 de la Convención. El derecho de recurrir del fallo, consagrado no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso. El proceso penal es uno solo a través de sus diversas instancias y por ello el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal se proyectan sobre todas las etapas procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él. En este caso, el tribunal de segunda instancia forma parte de la estructura militar, por lo cual no tiene la independencia necesaria para actuar ni constituye un juez natural para el enjuiciamiento de civiles. En tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones sumamente restrictivas, de recursos que pueden ser utilizados por los procesados, aquéllos no constituyen una verdadera garantía de reconsideración del caso por un órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competencia, imparcialidad e independencia que la Convención establece. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h de la Convención. nota 1



  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .

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