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Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a ejercer adecuadamente el derecho de defensa, a la cosa juzgada y a la publicidad del proceso, a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a declarar sin coacción de naturaleza alguna

Ha señalado la Corte que el traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, como sucede en el Caso Cantoral Benavides, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. Estima la Corte que los tribunales militares del Estado que han juzgado a la presunta víctima por el delito de traición a la patria no satisfacen los requerimientos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8.1 de la Convención, por el hecho de que las fuerzas armadas tengan la doble función de combatir militarmente a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a los miembros de dichos grupos. Finalmente, está probado que en el proceso contra Cantoral Benavides: a) se pusieron obstáculos a la comunicación libre y privada entre el señor Cantoral Benavides y su defensor; b) el abogado de la víctima no pudo lograr que se practicaran ciertas diligencias probatorias cruciales para los fines de la defensa, y; c) los jueces encargados de llevar los procesos por terrorismo tenían la condición de funcionarios de identidad reservada, o ?sin rostro? por lo que fue imposible para Cantoral Benavides y su abogado conocer si se configuraban en relación con ellos causales de recusación y ejercer al respecto una adecuada defensa. Por las anteriores razones, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el derecho a ser oído por un juez imparcial (artículo 8.1). Con lo que queda también resuelto lo referente a la violación del derecho a unos medios adecuados para preparar la defensa, derecho de elegir un abogado, derecho de interrogar testigos, cosa juzgada y publicidad del proceso (artículos 8.2.c, d y f, 8.4 y 8.5), en cuanto atañe al proceso penal militar contra Luis Alberto Cantoral Benavides. La Corte considera procedente la reparación de las consecuencias, la que debe comprender una justa indemnización y el resarcimiento de los gastos en que la víctima, sus familiares o los peticionarios hubieran incurrido en las gestiones relacionadas con este proceso. También decide que el Estado debe ordenar una investigación para determinar los responsables de las violaciones de los derechos humanos y sancionarlos. nota 1



  1. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 .

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