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Última modificación: 2008-07-29
Violación del principio de legalidad y de retroactividad por ley que no se encontraba vigente al momento de los hechos

En el Caso Baena Ricardo y otros, al parecer de la Corte, de conformidad con el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, el Estado se encuentra impedido de ejercer su poder punitivo en el sentido de aplicar de modo retroactivo leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstancias agravantes o creen figuras agravadas de delito. Asimismo, tiene el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punible o perseguible. nota 1

Baena Ricardo, entre 270 trabajadores del sector público, realizaba una manifestación en reclamación de derechos laborales, que coincidió con un intento de toma militar realizado por otro grupo, razón por la cual la manifestación fue suspendida. Posteriormente, con base en la Ley 25, fueron destituídos los trabajadores que participaban en las manifestaciones por ?atentar contra la democracia?.

La Corte señaló que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Por lo tanto, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. En lo que concierne al principio de legalidad, la Ley 25 de Panamá sólo contenía un concepto muy amplio e impreciso sobre posibles conductas ilícitas, cuyas características específicas no se establecían puntualmente, y que sólo se caracterizaban bajo el concepto de participación en actos contrarios a la democracia y el orden constitucional. En el Caso Baena Ricardo, la Ley 25 se aplicó retroactivamente. Las cartas de despido entregadas a los trabajadores contienen actos administrativos dictados según una ley que no existía al momento de los hechos. A los trabajadores despedidos se les informaba que su destitución se debía a la participación en la organización, llamado o ejecución de acciones que atentaron contra la democracia y el orden constitucional y señalaban a la participación en el paro nacional como la conducta atentatoria de la democracia y el orden constitucional. Por todo ello, la Corte concluye que el Estado violó los principios de legalidad y de irretroactividad consagrados en el artículo 9 de la Convención, en perjuicio de los 270 trabajadores. nota 2



  1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 . Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 . Caso de la Cruz Flórez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 115 .
  2. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panama. Sentencia Serie C. No. 72 .

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