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Última modificación: 2008-07-29
Deber del estado de restituir a personas en sus cargos y pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir por violación de derechos en un juicio político o en proceso administrativo

En el Caso del Tribunal Constitucional, la Corte advierte que el Congreso de la República del Perú dispuso la reinstalación de los magistrados en sus cargos, la cual ya se efectuó. Adicionalmente, el Estado debe resarcir a dichos magistrados por los salarios y prestaciones dejados de percibir y por las costas y gastos en que hubieran incurrido por las gestiones relacionadas con la tramitación del caso ante la justicia, en la jurisdicción interna e internacional. En cuanto al daño moral, los magistrados fueron restituidos en sus funciones mediante una resolución del Congreso, es decir, por el propio órgano que los había removido de sus cargos y con la publicación en el Diario Oficial "El Peruano". La Corte considera que esos hechos constituyen una reparación moral al igual que la sentencia de la Corte. Finalmente, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones, por lo que debe ordenar una investigación real y efectiva para identificar y sancionar a los responsables de las mismas. nota 1

En el Caso Baena Ricardo y otros, el Estado está obligado a restablecer en sus cargos a las víctimas que se encuentran con vida y, si esto no fuera posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos. En caso de no ser tampoco posible esto último, el Estado deberá proceder al pago de la indemnización que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo, de conformidad con el derecho laboral interno. La reparación por las violaciones de los derechos humanos debe comprender una justa indemnización y el resarcimiento de las costas y gastos en que hubieran incurrido las víctimas o sus familias con motivo de la tramitación de la causa ante la justicia, tanto en la jurisdicción interna como internacional. Finalmente, aunque la obtención de una sentencia que ampare las pretensiones de las víctimas es por sí misma una forma de satisfacción, la Corte considera que debido al sufrimiento causado a las víctimas y a sus familias con el despido en las condiciones en que se hizo, el daño moral ocasionado debe además ser reparado mediante una indemnización pecuniaria. La Corte declaró que la Ley 25 violó la Convención pero como ya no forma parte del ordenamiento jurídico panameño, no es pertinente ordenar su derogación. nota 2

En el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo"), la Corte estableció como medida de reparación el reintegro de las víctimas, si ellas lo desean, al Poder Judicial a un cargo equiparable, en cuanto a rango, remuneración y beneficios sociales. En caso de que el Estado no pudiese reincorporarlos al Poder Judicial, por motivos fundados y ajenos a la voluntad de las víctimas, en los seis meses siguientes contados desde la notificación de esta sentencia, se deberá pagar a cada víctima como indemnización, la suma de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional. nota 3



  1. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 71 .
  2. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia Serie C. No. 72 
  3. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 

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