› Observatorio de Justicia Constitucional
» Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2008-07-29
Cesación de la controversia y orden de efectuar las reparaciones correspondientes

Con base en el artículo 53 del Reglamento de la Corte, ésta ha establecido que cuando el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En el evento en que el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado sea aceptado por la Corte, cesa la controversia sobre el vínculo causal entre los hechos perpetrados y los daños causados, y la Corte considera que se debe pronunciar sobre las reparaciones e indemnizaciones respectivas.

En el Caso Aloeboetoe y otros, más de 20 cimarrones varones fueron detenidos y golpeados por militares y algunos de ellos fueron heridos gravemente. Los militares retuvieron siete personas, entre ellas un menor de edad y los asesinaron. La Corte considera que, dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Gobierno de Suriname, ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. Por lo tanto, corresponde a la Corte decidir sobre las reparaciones y sobre las costas del procedimiento. nota 1

En el Caso El Amparo, efectivos militares y policiales dieron muerte a 14 pescadores residentes del pueblo ?El Amparo? y otros dos lograron escapar. Los sobrevivientes se entregaron al Comandante de la Policía, quien les brindó protección. El comandante recibió presiones de funcionarios policiales y militares, a fin de entregar a los sobrevivientes acusados de guerrilleros, al Ejército, produciéndose un intento de sacarlos por la fuerza, el cual fue evitado por personas que se instalaron frente al puesto policial. El Gobierno comunicó que Venezuela ?no contiende los hechos referidos en la demanda y acepta la responsabilidad internacional del Estado?, y solicitó a la Corte que pidiera a la Comisión realizar un procedimiento para determinar amigablemente las reparaciones correspondientes. La Corte considera que, dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Venezuela, ha cesado la controversia sobre los hechos que dieron origen al presente caso y por lo tanto, corresponde que éste pase a la etapa de reparaciones. La Corte, considera apropiado que la determinación del monto de las reparaciones y costas se haga de común acuerdo entre el Estado y la Comisión, teniendo en cuenta la disposición del Gobierno y los intereses superiores de las víctimas. En caso de no llegarse a un acuerdo, la Corte determinará el alcance de las reparaciones y el monto de las indemnizaciones y costas. nota 2

En el Caso Garrido y Baigorria, los señores Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda fueron detenidos por personal de la Policía. Los familiares de Adolfo Garrido iniciaron su búsqueda pero encontraron que no se hallaba detenido en ninguna dependencia policial. Se interpusieron acciones de habeas corpus a favor de los retenidos, que fueron rechazadas por no haberse probado la privación de libertad y se presentó una denuncia formal por la desaparición forzada de ambas personas. Durante los cinco años transcurridos desde la desaparición de los señores Garrido y Baigorria, sus familiares denunciaron los hechos a nivel local, nacional e internacional, efectuaron múltiples reclamos ante las autoridades gubernamentales y realizaron una intensa búsqueda en dependencias judiciales, policiales y sanitarias, sin éxito alguno. El expediente judicial sobre esta causa está aún en la etapa inicial del proceso. Dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por la Argentina, la Corte considera que no existe controversia entre las partes en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso, ni en cuanto a la responsabilidad internacional. Concede a las partes un plazo de seis meses para llegar a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones para someterlo a su aprobación y en el caso de no llegar a él, se continuará el procedimiento sobre reparaciones e indemnizaciones. nota 3

En el Caso Benavides Ceballos, una profesora fue detenida ilegal y arbitrariamente, torturada y asesinada por agentes del Estado. Los implicados y las instituciones del Gobierno a las que estaban vinculados emprendieron una campaña sistemática para negar estos delitos y rechazar la responsabilidad del Estado. Por los esfuerzos de la familia Benavides y de la Comisión de Investigación Multipartidista designada por el Congreso Nacional, estos delitos salieron a la luz 3 años después de los hechos y el cuerpo de Consuelo Benavides fue ubicado e identificado. Los responsables no han sido llevados ante la justicia, muchos detalles acerca de la suerte de Consuelo Benavides permanecen sin esclarecer y la familia no ha recibido un reconocimiento de la responsabilidad estatal, ni reparación por los perjuicios sufridos. El representante del Ecuador reconoce la responsabilidad de su país en la desaparición y muerte de la Profesora Benavides Cevallos. Del proceso sustanciado en la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, se concluyó que la señorita Benavides fue ilegal y arbitrariamente detenida, torturada y asesinada por miembros de la Infantería Naval Ecuatoriana y luego fue encontrado su cadáver. Por este hecho se instauraron procesos penales en las diversas instancias judiciales. Los actos ejecutados por los agentes de la infantería de marina violaron las normas de su ordenamiento jurídico nacional, así como de la Convención. El proceso judicial interno estuvo caracterizado por demoras injustificadas, ineficiencia y denegación de justicia. En consecuencia, el Estado ecuatoriano reconoce su culpabilidad en los hechos y se obliga a asumir medidas reparadoras mediante el empleo de la figura del arreglo amistoso prevista en el Art. 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana, quien actúa como órgano mediador ante la Corte. La Corporación concluye que cesó la controversia entre el Estado y la Comisión en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. En consecuencia, la Corte tiene por demostrados los hechos y concluye que el Estado incurrió, tal como fue expresamente reconocido por él, en responsabilidad internacional por violaciones de los derechos protegidos por los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), de la Convención, en perjuicio de la señorita Benavides Cevallos. De acuerdo con el deber de reparar, establecido en el artículo 63.1, en el presente caso, la Corte no puede disponer que se garantice a la víctima en el goce de su derecho o libertad conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la situación que ha configurado la violación de los citados derechos. La Corte considera que debe aprobar en todos sus términos la propuesta de solución amistosa, por encontrarse ajustada al propósito de la Convención, dado que se establece una justa indemnización a los familiares de la señorita Benavides, el Estado se compromete a impulsar los procesos contra los sindicados y tratará de evitar que el delito quede impune, buscará que se peremnice el nombre de Consuelo Benavides en lugares públicos del país. Además el Estado buscará ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte reconoce que el allanamiento efectuado por el Ecuador y sus esfuerzos por alcanzar y aplicar una solución amistosa, constituyen un aporte positivo al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención. nota 4

En el Caso del Caracazo, en 1989 el Estado de Venezuela afrontaba una serie de disturbios como consecuencia del aumento en las tarifas de transporte, a las que los sectores populares se oponían. La Policía se encontraba en huelga, razón por la cuál no intervino en los disturbios, y se ordenó la actuación de efectivos militares. Como consecuencia del operativo, resultaron 276 personas muertas, numerosos lesionados y varios desaparecidos. La mayoría de las muertes se ocasionó por disparos indiscriminados y ejecuciones extrajudiciales posteriores al control de la situación. Venezuela reconoció los hechos y aceptó las consecuencias jurídicas, reconociendo plenamente su responsabilidad internacional en el presente caso. La Corte considera que ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. Declara que el Estado, es responsable internacionalmente por violaciones de los derechos a la Vida (Artículo 4), a la Integridad Personal (Artículo 5), a la Libertad Personal (Artículo 7), a las Garantías Judiciales (Artículo 8), a la Protección Judicial (Artículo 25) y a la Suspensión de Garantías (Artículo27) en concordancia con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención, en perjuicio de las personas mencionadas. La Corte reconoce el allanamiento efectuado por Venezuela como un aporte positivo al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana sobre Derechos Humanos. nota 5

En el Caso Trujillo Oroza, un estudiante de 21 años de edad, fue detenido sin orden judicial previa por autoridades de Bolivia y trasladado a un establecimiento carcelario. Fue visitado por su madre quien constató que su hijo era víctima de evidentes torturas. Meses después la visita no fue posible por cuanto, pese a ser expedida una orden de libertad, el joven habría sido trasladado y desde entonces se desconoce su paradero. Bolivia reconoció los hechos y su responsabilidad internacional en el presente caso, y aceptó las consecuencias jurídicas, manifestando que: a) el Estado de Bolivia reconoce los hechos; b) solicitó por escrito disculpas a la peticionaria y a su familia con lo cual se cumplió una satisfacción moral; c) está modificando su legislación interna para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir y asegurar que se sancione la desaparición forzada de personas; d) la investigación judicial penal abierta por iniciativa del Gobierno para juzgar a los sospechosos de los hechos es un medio satisfactorio para investigar los hechos, sancionar a los culpables y encontrar el cuerpo de la víctima; e) ha ofrecido a la peticionaria y a sus familiares una indemnización de cuarenta mil dólares, cifra que considera justa y razonable. La Corte declara que, tal como fue reconocido por el Estado, éste incurrió en responsabilidad internacional por violaciones de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), a la vida (artículo 4), a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25), en conexión con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos), todos de la Convención, en perjuicio de las víctimas. La Corte reconoce que el allanamiento de Bolivia constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspirar la Convención. nota 6

En el Caso Barrios Altos, en 1991, hombres con el rostro cubierto irrumpieron en un vecindario de la ciudad de Lima, asesinando a 14 personas y una mas quedó herida. Testigos manifestaron que los verdugos pertenecen a un escuadrón de inteligencia militar que adelanta su propio programa antisubversivo. Cuatro años después los autores identificados fueron beneficiados con una amnistía concedida por el Gobierno. El Perú reconoció su responsabilidad internacional, por lo que la Corte considera que ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. La Corte declara que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención, en perjuicio de catorce personas, por la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en perjuicio de una persona y por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía. También es responsable por el incumplimiento de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía y de la violación a los artículos de la Convención señalados anteriormente. La Corte reconoce que el allanamiento del Perú constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención. nota 7

En el Caso Masacre Plan de Sánchez la Corte estableció que reconocida la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala, se tendría en cuenta las pretensiones de los demandantes y la determinación hecha por éstos sobre las víctimas de la masacre y en concordancia se determinarían las reparaciones e indemnizaciones necesarias nota 8.

En el mismo sentido y basado en la misma Resolución que en el Caso Masacre Plan de Sánchez, en el Caso Molina Theissen contra Guatemala la Corte resolvió aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del estado, para posteriormente establecer el monto de reparaciones e indemnizaciones a las víctimas nota 9.

De la misma forma en el Caso Carpio Nicolle y otros, la Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional, del Estado de Guatemala sobre la muerte del político y periodista del señor Jorge Carpio Nicolle en el año de 1993. nota 10

En el Caso Huilca Tecse, la Corte dio por establecidos los hechos descritos en la demanda presentada por la Comisión, por cuanto se presentó un allanamiento del Estado demandado. Igualmente, consideró que había cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen a la demanda. Respecto al caso, esa Alta Corporación señaló que hay indicios suficientes para concluir que la ejecución extrajudicial del señor Pedro Huilca Tecse tuvo una motivación política, producto de una operación encubierta de inteligencia militar y tolerada por diversas autoridades e instituciones nacionales del Perú. Asimismo, expresó que el asesinato de la presunta víctima fue motivado por su carácter de líder sindical opositor y crítico de las políticas del entonces gobierno en turno. Adicionalmente, de los términos del allanamiento concluyó, que en el proceso judicial interno para investigar lo ocurrido al señor Pedro Huilca Tecse, hubo una obstrucción continua, así como una falta de diligencia en el desarrollo de las investigaciones por parte del Estado, que dio paso a la impunidad de los responsables materiales e intelectuales. Con fundamento en lo anterior, la Corte estimó que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida) y 16 (Libertad de Asociación) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Pedro Huilca Tecse, y los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares del señor Pedro Huilca Tecse. Como en el presente caso, el Estado y los representantes de la víctima y sus familiares presentaron un acuerdo relativo a las modalidades y plazos de cumplimiento de las reparaciones durante la etapa del procedimiento escrito ante la Corte, dicha Corporación procedió a evaluar la compatibilidad del acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Convención Americana, así como a verificar si en el mismo se garantiza el pago de una justa indemnización a los familiares de la víctima y se reparan las diversas consecuencias de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el presente caso. La Corte consideró que el allanamiento del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. Finalmente, esa Alta Corporación expresó que el acuerdo ha sido homologado por la Sentencia de la Corte, y cualquier controversia o diferencia que se suscite será dilucidada por el Tribunal. La Corte se reserva la facultad de supervisar el cumplimiento íntegro de la Sentencia. nota 11

En el Caso Blanco Romero y otros, el 21 de diciembre de 1999 agentes del Ejército irrumpieron en la casa del señor Oscar José Blanco Romero. Ese mismo día, luego de ser detenido y golpeado por los agentes, fue entregado a funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención ? DISIP. Desde esa fecha los familiares del señor Oscar José Blanco Romero no han obtenido información sobre su paradero. El 23 de diciembre de 1999 el señor Roberto Javier Hernández Paz se encontraba en casa de su tío cuando presuntos funcionarios de la DISIP ingresaron a ésta sin orden escrita de allanamiento y detuvieron al señor Roberto Javier Hernández Paz, quien fue obligado a salir de la misma en forma violenta. El señor Roberto Javier Hernández Paz fue presuntamente herido con arma de fuego por los efectivos de la DISIP, quienes lo introdujeron a un vehículo y se lo llevaron hacia un lugar desconocido. Desde esta fecha no se conoce el paradero del señor Roberto Javier Hernández Paz. El 21 de diciembre de 1999 el señor José Francisco Rivas Fernández se encontraba en un albergue para las familias damnificadas por las inundaciones en el Estado Vargas cuando efectivos militares procedieron a detenerlo y golpearlo. Desde esta fecha tampoco se conoce el paradero del señor José Francisco Rivas Fernández. En los tres casos fue interpuesto el hábeas corpus, pero fue resuelto negativamente en todas las instancias, bajo el argumento de que dicha garantía no era el medio idóneo para la necesaria ubicación de una persona que se encuentra presuntamente, ilegítima o ilegalmente desaparecida. Además, la falta de diligencia en la investigación del delito de desaparición forzada contra los presuntos responsables ha coadyuvado a que los casos queden, después de seis años, en la impunidad.

Teniendo en cuenta que Venezuela reconoció su responsabilidad internacional respecto de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos, la Corte consideró que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la detención ilegal y desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado en perjuicio de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández. En consecuencia, la Corte declaró que el Estado violó, en perjuicio de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida); 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como incumplió con las obligaciones establecidas en los artículos 1, 5, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y en los artículos I.a y I.b, X y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Además, el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5.1 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas. Asimismo, el Estado incumplió con la obligación contenida en el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares de las víctimas; y el artículo 8.2 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la esposa de Blanco Romero, al no permitirle en la audiencia preliminar de 6 de septiembre de 2002 celebrada en el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control Judicial del Estado Vargas, ejercer su derecho a expresar los fundamentos de su petición con relación a la acusación fiscal y negar a su abogado la presentación de su respectivo poder, impidiendo de esta manera que pudiera querellarse en el acto mismo de la audiencia en representación de la señora de Blanco, lo cual no le permitió ejercer el derecho a presentar su defensa e interrogar a personas que pudieran arrojar luz sobre los hechos que configuran la desaparición forzada de su esposo. Finalmente, la Corte consideró que el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado constituye un avance importante al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. nota 12



  1. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 11 
  2. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 19 .
  3. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 26 
  4. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 38 .
  5. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Sentencia del 11 de Noviembre de 1999. Serie C. No. 58 
  6. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Sentencia Serie C. No. 64 
  7. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 75 
  8. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 105 
  9. Caso Molina Thiessen Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 106 
  10. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 117 
  11. Caso Huilca Tecse Vs. Perú, Sentencia Serie C. No. 121 
  12. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela, Sentencia Serie C. No. 138 

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-10-08
Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial

2013-09-13
La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada

2013-09-13
Obligación del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una institución estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede aumentar o disminuir el tamaño del texto de todos los elementos haciendo clic en el tamaño correspondiente en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad