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Última modificación: 2008-07-31
Implementación de un programa de formación y capacitación en derechos humanos

En el Caso Gutiérrez Soler, la Corte consideró que el Estado debe implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, como una forma de prevenir que casos de violación a los derechos humanos sean investigados y juzgados por dicha jurisdicción. Además, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que dicha jurisprudencia y los precedentes de la Corte Constitucional de Colombia respecto del fuero militar sean aplicados de manera efectiva en el ámbito interno. nota 1

En el Caso de las Niñas Yean y Bosico, la Corte consideró necesario que el Estado implemente, en un plazo razonable, un programa para la formación y capacitación en derechos humanos, con especial énfasis al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, de los funcionarios estatales encargados de la inscripción de nacimiento, en el cual se les instruya sobre la especial situación de los menores de edad y se impulse la cultura de tolerancia y no discriminación. nota 2

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado debe capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Asimismo, el Estado debe diseñar e implemente un programa de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales en materia de personas privadas de la libertad, dirigido a agentes policiales y penitenciarios. nota 3

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte, en consideración de que los hechos fueron perpetraddos por paramilitares que actuaron con la colaboración, tolerancia y aquiescencia de agentes estatales, en violación de normas imperativas de derecho internacional, el Estado, dentro de las fuerzas armadas colombianas, deberá implementar, en todos los niveles jerárquicos, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario permanentes, y sobre los límites a los que debe estar sometidas. nota 4

En el Caso de las Masacres de Ituango, el Tribunal ordenó que el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y sobre los límites a los que debe estar sometido. Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. nota 5

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado debe implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención ? DISIP, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso. nota 6

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos policiales sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos. Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos permanentes dentro de las fuerzas policiales paraguayas, en todos los niveles jerárquicos. Dentro de dichos programas se deberá hacer especial mención a la presente Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos y, específicamente a los relativos a la desaparición forzada de personas y tortura. nota 7

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado deberá diseñar e implementar programas de formación y cursos regulares sobre derechos humanos para todos los miembros de las Fuerzas Armadas paraguayas. nota 8

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que el Estado deberá diseñar e implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos, dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre los estándares internacionales aplicables en materia de tratamiento de los reclusos en situaciones de alteración del orden público en centros penitenciarios. nota 9

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso que el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cuanto a la legalidad y las restricciones del uso de la fuerza en general y en situaciones de conflicto armado y terrorismo, conceptos de obediencia debida y la función de dichas instituciones en situaciones como las ocurridas en el presente caso. Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en derechos humanos dirigidos a los miembros de aquellas instituciones, en todos los niveles jerárquicos. Asimismo, el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los fiscales y jueces, incluidos aquéllos del fuero penal militar, en cuanto a los estándares internacionales en materia de protección judicial de derechos humanos. Para ello, el Estado deberá implementar, de igual manera, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en derechos humanos dirigidos a aquellos funcionarios. Dentro de dichos programas se deberá hacer especial mención a la Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. nota 10

En el Caso Ximenes Lopes, la Corte dispuso que el Estado debe desarrollar un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de Salud Mental, en particular, sobre los principios que deben regir el trato a ser ofrecido a las personas que padecen de discapacidad mental, conforme a los estándares internacionales en la materia y aquellos establecidos en la presente Sentencia. nota 11

En el Caso Claude Reyes y otros, la Corte dispuso que el Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información. nota 12

En el Caso Servellón García y Otros, la Corte dispuso que, en un plazo razonable, el Estado debe establecer un programa de formación y capacitación para el personal policial, judicial, del Ministerio Público y penitenciario. Esa capacitación deberá versar sobre la especial protección que debe ser prestada por el Estado a los niños y jóvenes, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación y los principios y normas de protección de los derechos humanos, relacionados con la aplicación de los estándares internacionales sobre la detención de personas, respeto a sus derechos y garantías judiciales, el trato que deben recibir, sus condiciones de detención, tratamiento y control médico, el derecho a contar con un abogado, a recibir visitas y a que los menores y adultos, así como los procesados y condenados, se alojen en instalaciones diferentes. El diseño e implementación del programa de capacitación deberá incluir la asignación de recursos específicos para conseguir sus fines. nota 13



  1. Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 132 .
  2. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia Serie C. No. 130 .
  3. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  4. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  5. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
  6. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 138 
  7. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  8. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  9. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  10. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  11. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 
  12. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151 
  13. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 

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