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Última modificación: 2008-07-24
Vulneración del derecho a la libertad personal por detención practicada con ausencia de información sobre las causas que la originan y/o los delitos que se imputan

En el Caso Palamara Iribarne, los fiscales militares impusieron la medida cautelar de prisión preventiva al señor Palamara Iribarne quien fue privado de su libertad en varias ocasiones, tanto durante la tramitación de la Causa No. 471 instaurada en su contra por el delito de desacato, como en la Causa No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Las autoridades militares que emitieron la orden de prisión preventiva, para establecer la procedencia de dicha medida se limitaron a mencionar el artículo 363.1 del Código de Procedimiento Penal sin fundamentar y acreditar los hechos del caso concreto que pudieran configurar los supuestos exigidos por la ley.

En sentir de la Corte, al dictar prisión preventiva sin tener en cuenta los elementos legales y convencionales para que ésta procediera, el Estado no desvirtuó la presunción de inocencia y privó de su libertad al señor Palamara Iribarne con base en órdenes de prisión preventiva sin fundamento jurídico razonado, arbitrarias, sin observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por tanto, el Estado violó los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana en su perjuicio.

De otra parte, la Corte estimó que el hecho de que el señor Palamara Iribarne al ser detenido fuera puesto a disposición del Fiscal Naval, quien de acuerdo a la normativa interna tenía funciones jurisdiccionales, no garantizó el derecho a que una autoridad judicial revise la legalidad de su detención. Al ser el Fiscal Naval la autoridad que ordenó las prisiones preventivas en contra del señor Palamara Iribarne no puede controlar la legalidad de su propia orden. Por lo anterior, el Estado no satisfizo las exigencias del artículo 7.5 de la Convención.

Durante el acto de incautación realizado en la noche del 1 de marzo de 1993, el señor Palamara Iribarne rindió su primera declaración sin que se le hubiera comunicado de forma previa los delitos que se estaban imputando, por lo cual el Estado violó los artículos 7.4 y 8.2.b) de la Convención. Por otro lado, el artículo 7.4 de la Convención exige que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados en su contra. A su vez, el artículo 8.2.b) exige que la comunicación al inculpado de la acusación formulada en su contra sea ?previa y detallada. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2 y 8.2.b) de la Convención Americana, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 1



  1. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .

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