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Última modificación: 2008-07-31
Frente al reconocimiento parcial de responsabilidad de un estado, subsiste la controversia sobre una parte importante de la materia que conforma el caso

En el Caso Gutiérrez Soler, el 24 de agosto de 1994, en horas de la tarde, el Coronel de la Policía, Comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional (UNASE) de Colombia, y su primo, un ex Teniente Coronel del Ejército detuvieron y condujeron al señor Wilson Gutiérrez Soler al sótano de las instalaciones de la UNASE. Una vez en el sótano, fue esposado a las llaves de un tanque de agua y sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves. El señor Gutiérrez Soler fue inducido bajo coacción a rendir declaración ?en versión libre? sobre los hechos motivo de la detención. El señor Gutiérrez Soler no contó con la presencia de su representante legal ni con la de un defensor público al rendir declaración. La declaración de 24 de agosto de 1994 del señor Gutiérrez Soler, obtenida mediante tortura, sirvió de base para que la entonces llamada Justicia Regional, el 2 de septiembre de 1994, iniciara un proceso en su contra por el delito de extorsión. Transcurridos ocho años desde su detención inicial, el señor Gutiérrez Soler fue absuelto.

El 25 de agosto de 1994 el señor Gutiérrez Soler denunció ante la Fiscalía Regional Delegada las torturas padecidas el día anterior. El 26 de agosto de 1994 el señor Gutiérrez Soler, presentó su queja ante un asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos.

Como resultado de estas denuncias la justicia penal militar decidió cesar todo procedimiento en contra del Coronel ya que no merecía credibilidad el dicho de Gutiérrez Soler. El 30 de septiembre de 1998 la cesación de procedimiento fue confirmada por el Tribunal Superior Militar. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación archivó el proceso, alegando la aplicación del principio non bis in idem en vista de la decisión adoptada el 27 de febrero de 1995 por el Director de la Policía Judicial, la cual había exonerado de toda responsabilidad disciplinaria al Comandante. Dentro del proceso penal adelantado contra el ex teniente coronel del Ejército, el 15 de enero de 1998 la Fiscalía General de la Nación resolvió precluir la investigación y ordenar el archivo del expediente, pues ?los testimonios fueron considerados 'sospechosos'?. El 8 de junio de 1999 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó dicha decisión.

Debido a las denuncias interpuestas por el señor Wilson Gutiérrez Soler, él y sus familiares han sido objeto de amenazas, hostigamientos, vigilancia, detenciones, allanamientos y atentados contra la vida e integridad personal, los cuales no han sido adecuadamente investigados. Producto de dicha situación, el señor Wilson Gutiérrez Soler y su hijo Kevin tuvieron que exiliarse y actualmente residen en los Estados Unidos de América. Ante las referidas persecuciones constantes, agravadas por el apoyo que Ricardo siempre brindaba a su hermano Wilson en relación con sus varias denuncias, dicha familia ha tenido que separarse y trasladarse. En vista de que el Estado reconoció los hechos y su responsabilidad internacional la Corte resolvió admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6; 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler. En cuanto a la detención de éste, la Corte observa que la misma fue realizada sin orden escrita de autoridad judicial competente y en una situación no constitutiva de flagrancia. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte reconoció que subsiste una controversia en relación con otras violaciones alegadas en el presente caso. Finalmente, la Corte estimó que el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado constituye un avance importante al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. nota 1

En el Caso Gómez Palomino, en la madrugada del 9 de julio de 1992, la víctima fue objeto de desaparición forzada por cuenta de un grupo de hombres y mujeres armados que entraron a su casa y se lo llevaron, sin presentar una orden judicial o administrativa ni informar el motivo de la detención o el sitio a donde lo trasladaban, luego fue ejecutado, sus restos siguen sin encontrarse y la investigación penal no ha sobrepasado su fase preliminar. En atención al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el Tribunal consideró que ha cesado la controversia sobre los hechos contenidos en la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana en el presente caso. No obstante, la Corte consideró que subsiste la controversia entre aquéllas en cuanto a los hechos relativos a la presunta violación de la integridad personal en perjuicio de las hermanas y el hermano del señor Santiago Gómez Palomino, que constituirían una violación del artículo 5 de la Convención; la supuesta violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Gómez Palomino y sus familiares a partir del período de transición democrática iniciado en el Perú a finales del año 2000; el supuesto incumplimiento de los artículos 2 de la Convención Americana y I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; los hechos relativos a los daños materiales e inmateriales que habrían sido ocasionados a los familiares del señor Gómez Palomino a raíz de su desaparición forzada, así como lo referente a la determinación de las reparaciones y costas. nota 2

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, el Estado reconoció los hechos planteados en la demanda de la Comisión anteriores a septiembre de 2000, momento en el que se recuperó la democracia en el Perú. La Corte Interamericana, en ejercicio de su función contenciosa, aplica e interpreta la Convención Americana y, cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción, es la facultada para declarar la responsabilidad internacional de un Estado Parte en la Convención por violación a sus disposiciones. Por tanto, la Corte podrá determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar o no con el conocimiento del fondo y la determinación de las eventuales reparaciones. En el presente caso, en atención al reconocimiento efectuado por el Estado de los hechos anteriores a septiembre de 2000 contenidos en la demanda interpuesta por la Comisión y en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, el Tribunal consideró que ha cesado la controversia sobre éstos, los cuales se tienen por establecidos. Asimismo, La Corte estimó que dicho reconocimiento estatal constituye un avance importante al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. No obstante, la Corte consider analizar tanto los hechos reconocidos por el Estado como los que resulten probados del conjunto de elementos que obran en el expediente con posterioridad a septiembre de 2000. nota 3

En el Caso de la Masacre de Mapiripán, los paramilitares, que incursionaron con la acción y omisión de agentes estatales, llegaron a Mapiripán y permanecieron desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual, impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas. y, como consecuencia de estos hechos, numerosas familias se vieron forzadas a desplazarse. Colombia reconoció la violación de obligaciones internacionales convencionales por ?los hechos de julio de 1997? en Mapiripán, pero objetó la atribución al Estado de actos de los paramilitares que ejecutaron dicha masacre. La Corte observó que, si bien los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, inclusive de altos funcionarios de éstas zonas. Al analizar los hechos reconocidos por el Estado, surge claramente que tanto las conductas de sus propios agentes como las de los miembros de grupos paramilitares son atribuibles a Colombia en la medida en que éstos actuaron de hecho en una situación y en zonas que estaban bajo el control del Estado. Toda vez que la responsabilidad internacional por violaciones de la Convención Americana ha sido parcialmente reconocida, no podría el Estado excluir válidamente del contenido de su declaración algunos de los extremos reconocidos. Una vez establecida la vinculación de las Fuerzas Armadas con ese grupo de paramilitares al perpetrar la masacre cometida con base en el reconocimiento estatal de los hechos y en el conjunto de pruebas allegadas al expediente, la Corte llegó a la conclusión de que la responsabilidad internacional del Estado se ha generado por un conjunto de acciones y omisiones de agentes estatales y de particulares realizadas en forma coordinada, paralela o concatenada con el propósito de perpetrar la masacre.

Por tanto, la atribución de responsabilidad al Estado por dichos actos radica en el incumplimiento de sus obligaciones convencionales erga omnes de asegurar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones inter-individuales. Por lo anteriormente expuesto la Corte otorgó plenos efectos al reconocimiento parcial de responsabilidad, en cuyos términos el Estado es responsable por la violación de los artículos 4.1, 5.1 y 5.2, y 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, quedó abierta la controversia sobre una parte importante de la materia que conforma el presente caso. En efecto, subsistió la controversia entre las partes en cuanto al alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos en el presente caso no abarcados en el reconocimiento de responsabilidad formulado por el Estado; las supuestas violaciones a los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana; las supuestas violaciones a los artículos 19 y 22 de dicho instrumento alegadas por los representantes, así como lo referente a las eventuales reparaciones y costas. Respecto del reconocimiento estatal de responsabilidad por la violación de los artículos 4, 5 Y 7 de la Convención Americana en relación con los hechos de julio de 1997, la Corte consideró indispensable hacer algunas precisiones respecto de ciertos puntos relacionados estrechamente con el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, así como determinar si el Estado es responsable por la alegada violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas. nota 4

En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y detuvieron ilegal y arbitrariamente al señor Bernabé Baldeón García. Durante su detención, fue torturado y asesinado en la madrugada del 26 de septiembre de 1990, y su cadáver fue enterrado ese mismo día. El Estado aceptó en su allanamiento que fueron efectivos militares quienes llevaron a cabo la detención y posterior ejecución del señor Bernabé Baldeón García. La Corte resolvió admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Bernabé Baldeón García; así como el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado en relación con la violación del artículo 8.1 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Bernabé Baldeón García, por los hechos del presente caso ocurridos desde septiembre de 1990 ?hasta el inicio de la transición a la democracia? en el mes de noviembre de 2000. Así, de conformidad con lo manifestado por el Estado ?a partir de noviembre de 2000 se producen las condiciones de libertad y autonomía institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial para que las autoridades jurisdiccionales actúen libres de presiones e interferencias del poder político?, por lo cual después de dicha fecha alegó que no se habría configurado una violación de dicho artículo y el artículo 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana en el presente caso. El Estado no contestó expresamente los planteamientos sobre supuestas violaciones de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares del señor Bernabé Baldeón García y ?se reserv[ó] el pronunciamiento? sobre los mismos. Asimismo, tampoco contestó la pretensión sobre una presunta violación del artículo 2 de la Convención contra la Tortura en perjuicio del señor Bernabé Baldeón García, formulada por los representantes. la Corte tiene la facultad de considerar aceptados los hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas. Con base en ello, la Corte consideró que subsiste la controversia sobre dichos puntos. nota 5

En el Caso Goiburú y otros, agentes del Estado paraguayo detuvieron ilegalmente, mantuvieron incomunicados, torturaron y desaparecieron a los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, personas cuyas actividades políticas se oponían al régimen dictatorial de Stroessner. Respecto del reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, la Corte consideró que ha cesado la controversia sobre los hechos contenidos en la demanda referentes a las detenciones, torturas y desapariciones de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín Ramírez Villalba. Con base en ello, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las víctimas. Asimismo, que ha cesado la controversia respecto de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, específicamente en lo que se refiere a la violación del principio del plazo razonable, que el propio Estado calificó como ?retardo judicial grave?. Sin embargo, el Estado alegó que no le eran imputables otros aspectos relativos a los procesos penales en curso o a procedimientos que los familiares de las presuntas víctimas supuestamente han podido ejercer para reclamar reparaciones, entre otros. Por tanto subsiste una controversia sobre la responsabilidad del Estado, a saber los hechos y la alegada violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas, consagrada en el artículo 5 de la Convención; la supuesta violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares, en cuanto a los alegatos no reconocidos por el Estado, y los hechos relativos a los daños materiales e inmateriales que habrían sido ocasionados a las presuntas víctimas y sus familiares a raíz de la detención, tortura y desaparición forzada de aquéllas, así como lo referente a la determinación de las reparaciones y costas. nota 6

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, como consecuencia del ?Operativo Mudanza 1? dentro del Penal Miguel Castro Castro, ejecutado por agentes de la policía y del ejército, que implicó el uso de la fuerza, con gran intensidad, se produjo la muerte de al menos 41 internos y 185 resultaron lesionados, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros internos, incluso, con posterioridad al ?operativo?. El Estado manifestó que reconoce ?responsabilidad parcial? en cuanto a las violaciones de los artículos 4 y 5 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención y respecto a los hechos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 en el Penal Miguel Castro Castro, lo cual para la Corte constituye una contribución positiva. No obstante, debido a que el Perú no reconoció los hechos posteriores al 9 de mayo de 1992, la Corte considera que subsiste la controversia. nota 7

En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. La Corte observó que, de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, ha cesado la controversia respecto de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 10 víctimas. Si bien el Estado también se allanó respecto de la alegada violación del artículo 3 de la Convención, la Corte determinó en el apartado pertinente. Asimismo, declaró que ha cesado parte de la controversia respecto de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Sin embargo, el Estado alegó que no le eran imputables otros aspectos relativos a falta de diligencia al no haber realizado una investigación seria, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable para el esclarecimiento de los hechos ocurridos y la sanción de los autores de los mismos. Por otro lado, el Estado no ha reconocido responsabilidad por el alegado incumplimiento del artículo 2 de la Convención. El Estado no se allanó a las pretensiones sobre reparaciones presentadas por la Comisión o las representantes. La Corte considera que el allanamiento del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. En consecuencia la Corte estimó que ha quedado abierta la controversia sobre la responsabilidad internacional del Estado, sobre los hechos y la alegada violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas, consagrada en el artículo 5 de la Convención; la supuesta violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares, en cuanto a los alegatos no reconocidos por el Estado; el alegado incumplimiento del artículo 2 de la Convención, y los hechos relativos a los daños materiales e inmateriales que habrían sido ocasionados a las presuntas víctimas y sus familiares, así como lo referente a la determinación de las reparaciones y costas. nota 8

En el Caso Bueno Alves, el día 6 del abril de 1988, el señor Bueno Alves fue golpeado en los oídos y en el estómago, insultado en razón de su nacionalidad uruguaya y privado de su medicación para la úlcera, por agentes policiales, mientras se encontraba detenido bajo la custodia del Departamento Central de Policía, con el fin de que confesara en contra de quien era su abogado, quien también se encontraba detenido. Dicho trato, le produjo un debilitamiento en la capacidad auditiva del oído derecho y en el sentido del equilibrio, así como severos padecimientos psicológicos. La Corte consideró que el Estado, al haber aceptado las conclusiones del Informe 26/05 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al no haber controvertido los hechos planteados en su demanda, ha confesado éstos. Por lo tanto, cesó la controversia sobre todos los hechos alegados en la demanda, los cuales se tienen por establecidos. Asimismo, en el mencionado informe la Comisión concluyó que el Estado había violado los derechos contemplados en los artículos 5.1, 5.2, 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Bueno Alves. Estas mismas violaciones fueron las identificadas por la Comisión en su demanda. Por tanto, dado que el Estado aceptó plenamente las conclusiones de la Comisión, la Corte consideró que la ?aceptación? del Estado constituye una allanamiento a las pretensiones de derecho de la Comisión. De esta manera, ha cesado la controversia respecto a la violación de los derechos del señor Bueno Alves. No obstante, la Corte advierte que el Estado, en su escrito de contestación a la demanda, rechazó la atribución de responsabilidad por la supuesta violación del derecho a la libertad personal consagrado por el artículo 7 de la Convención. Asimismo, el Estado rechazó que se hubiera vulnerado en perjuicio del señor Bueno Alves, los derechos reconocidos en los artículos 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y concordantes de la Declaración Americana de [los] Derechos y Deberes del Hombre. Por tanto, consideró que subsiste la controversia en relación con dichos puntos jurídicos. nota 9

En el Caso Ximenes Lopes, el señor Damião Ximenes Lopes, persona con discapacidad mental, fue internado el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, centro de atención psiquiátrica privado. Durante tres días de internación fue sometido a condiciones inhumanas y degradantes de hospitalización, al final de los cuales falleció de forma violenta. La Corte declaró, con base en el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, la violación de los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes; con base en los hechos del caso y la prueba presentada ante el Tribunal, la violación del artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de los familiares de la víctima, y la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, en perjuicio de la madre y hermana de la víctima. No obstante lo anterior, la Corte consideró que subsiste la controversia en cuanto a la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes, con respecto al deber del Estado de realizar una investigación efectiva dentro de un plazo razonable a la luz de los citados artículos; la violación del derecho consagrado en el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes, y lo referente a la determinación de las reparaciones, costas y gastos. La Corte considera que el allanamiento del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo del proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. La Corte reiteró, que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. nota 10

En el Caso Servellón García y Otros, el 15 de septiembre de 1995, durante un operativo realizado por la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP, cuatro víctimas jóvenes, entre ellas, Servellón García y Betancourth Vásquez, menores de edad, fueron colectivamente detenidas, sometidas, de forma ilegal y arbitraria, a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención; posteriormente ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. La Corte concluyó que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez, y los artículos 5.5 y 19 de la Convención, en perjuicio de Marco Antonio Servellón García y Rony Alexis Betancourth Vásquez. Asimismo, que el Estado violó los artículos 7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez, por no haberles garantizado una protección efectiva a través del recurso de hábeas corpus, y que el Estado violó el artículo 8.2 de la Convención por no haber respetado el principio a la presunción de inocencia, en perjuicio de las mencionadas víctimas. Asimismo, el Tribunal admitió la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas por la falta de una adecuada investigación de los hechos. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte reconoció que subsiste una controversia en relación a algunas de las violaciones alegadas. En efecto, determinó, respecto a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, que seguía en controversia lo referente al incumplimiento del artículo 8 de la Convención; la alegada violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas; y lo referente a la determinación de las reparaciones y costas y gastos. Finalmente, la Corte consideró que el allanamiento del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo del proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana en Honduras. nota 11

En el Caso Escué Zapata, el 1de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del ejército colombiano entraron de manera violenta en la casa del señor Germán Escué Zapata, sin orden de detención ni de allanamiento o comprobada situación de flagrancia, detuvieron al señor Escué Zapata. Tiempo después se encontró su cuerpo sin vida, con signos de maltrato. El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación a los derechos a las Garantías Judiciales (artículo 8.1) y a la Protección Judicial (artículo 25.1), respecto de la víctima y sus familiares, por cuanto ya había transcurrido un tiempo excesivo desde el momento de la muerte del señor Escué Zapata sin que se hubiera resuelto el caso?. Asimismo, el Estado hizo un reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de la violación de los derechos consagrados en los] artículos 4.1, 5 y 7 en relación con el artículo 1.1, de la Convención, respecto del señor Germán Escué Zapata y del artículo 5, en conexidad con el artículo 1.1, del mismo instrumento internacional, respecto de sus familiares. No obstante lo anterior, el Estado discrepó del contexto que se ha querido presentar al caso y de la calidad de Cabildo Gobernador que se pretende asignar al señor Escué Zapata. Además, controvirtió las alegadas violaciones a los derechos contemplados en los artículos 11.2, 21 y 23 de la Convención, y algunas pretensiones sobre reparaciones. Por lo anterior, la Corte observa que el Estado confesó los hechos ocurridos el 1 de febrero de 1988 respecto del señor Germán Escué Zapata y los referentes a la demora excesiva del procedimiento instaurado en el fuero interno para la investigación y eventual sanción de los responsables. Consecuentemente, declara que ha cesado la controversia sobre estos hechos, los cuales se tienen por establecidos. No obstante, se mantiene la controversia respecto de los hechos relativos al supuesto patrón de violencia contra los pueblos indígenas asentados en el departamento del Cauca, y sus líderes; la alegada calidad de ?Cabildo Gobernador? del señor Escué Zapata, y los referentes a los supuestos ?hurto? y ?destrucción? de bienes de la familia del señor Escué Zapata y de la tienda o empresa comunitaria. Finalmente, la Corte consideró que el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo del proceso, al buen despacho de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos, en general, y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. nota 12



  1. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 132 
  2. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C No. 136 .
  3. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 137 
  4. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  5. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  6. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 153 
  7. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 160 
  8. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  9. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Sentencia Serie C No. 164 
  10. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 
  11. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
  12. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 

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