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Última modificación: 2008-05-19
Vulneración de las garantías judiciales cuando se excede la razonabilidad del plazo en proceso administrativo de reivindicación de tierras ancestrales, interpuesto por comunidad indígena

En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la mencionada Comunidad, inició en 1993 los procedimientos administrativos ante el Instituto de Bienestar Rural (IBR, actualmente Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT) para obtener la reivindicación y titulación de un mínimo de 15.000 hectáreas correspondientes a sus tierras tradicionales, ubicadas en la actual Estancia Loma Verde, Maroma y Ledesma propiedad de empresas particulares. Desde el año 1996, la comunidad abandona las tierras de la Iglesia anglicana en la Estancia El Estribo y regresa paulatinamente a sus territorios, donde se niega la entrada a sus miembros. Durante la tramitación del proceso administrativo de reivindicación, los miembros de la comunidad fueron denunciados penalmente en 1999 por parte del representante legal de la firma Livestock Capital Group INC, compañía que figura como una de las propietarias del predio, por supuesta comisión del delito de invasión de inmueble ajeno, coacción grave y hurto. Además, las condiciones de vida de esta comunidad, fueron degradándose por la falta de atención médica, adecuada alimentación y acceso al agua potable e incluso por las agresiones que han sufrido por parte de vecinos, situación que condujo a la declaratoria de un estado de emergencia, por parte de la Presidencia del Gobierno mediante Decreto número 3789, de 26 de junio de 1999.

Transcurridos 11 años, 8 meses y 12 días (hasta la fecha de emisión de la sentencia) aún no se ha dado una solución definitiva al reclamo. El expediente administrativo pasó de las manos del IBR al INDI y viceversa en múltiples ocasiones. Así por ejemplo, en diversas oportunidades, el IBR requirió al INDI la presentación de cualquier dato respecto a la Comunidad Yakye Axa, sin que esta institución dé cumplimiento a lo requerido. El INDI esperó hasta el 28 de mayo de 1997 para solicitar la ubicación de la fracción reivindicada y su relación con las fincas afectadas, y el informe técnico-antropológico de la Comunidad Yakye Axa. En diversas ocasiones los abogados de la Comunidad solicitaron al IBR la realización de una inspección ocular en las tierras reivindicadas, la que no fue ordenada sino hasta el 25 de julio de 1996. El IBR demoró hasta el 8 de septiembre de 1998 para emitir la resolución No. 755, mediante la cual resolvió decretar racionalmente explotadas las tierras reivindicadas. Hasta el 2 de noviembre de 2001 el INDI decidió solicitar al Parlamento Nacional, por vía del Poder Ejecutivo, la expropiación de parte de las fincas reivindicadas, a través de anteproyectos normativos rechazados en las Cámaras Legislativas. Con fundamento en lo anterior, la Corte consideró la demora prolongada, constituye en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, advirtió que las demoras en el proceso administrativo no se han producido por la complejidad del caso, sino por las actuaciones sistemáticamente demoradas de las autoridades estatales, por lo cual concluyó que el procedimiento legal de reivindicación de tierras instaurado por los miembros de la Comunidad Yakye Axa desconoció el principio del plazo razonable. nota 1

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Comunidad Indígena, desde 1991, se encuentra tramitando su solicitud de reivindicación territorial, sin que se haya resuelto su petición por parte del Estado. El 7 de septiembre de 1993 se iniciaron los trámites ante el Instituto Paraguayo del Indígena - INDI para el reconocimiento de lo que en el Paraguay se conoce como ?personería jurídica? de la Comunidad Sawhoyamaxa, y finalmente el 21 de julio de 1998 el Presidente del Paraguay emitió el Decreto No. 22008, mediante el cual reconoció la personalidad jurídica de la Comunidad indígena Sawhoyamaxaque. El procedimiento para la atención de los problemas de la tenencia de tierras en el Paraguay, es el administrativo, a cargo del Instituto de Bienestar Rural - IBR. Las cuestiones territoriales indígenas son tramitadas ante el INDI y el IBR, que actúan siempre dentro del ámbito administrativo y forman parte de su hábitat tradicional. El procedimiento de reivindicación de tierras tradicionales que forman parte del hábitat tradicional de la Comunidad Sawahoyamaxa, se inició el 6 de agosto de 1991, con la comunicación de los líderes de la Comunidad Sawhoyamaxa al Instituto de Bienestar Rural - IBR, para que les fueran entregadas 8.000 hectáreas, petición que el 7 de septiembre de 1993 fue ampliada a 15.000. Los miembros de la Comunidad señalaron en su solicitud de tierras que la misma era ?urgente?, pues su situación era ?muy precaria?. El 21 de abril de 1997, los líderes de la Comunidad remitieron al INDI un informe antropológico elaborado por el señor Miguel Chase-Sardi, en el que se detallaba, el riesgo real y la situación de vulnerabilidad en la que permanecen los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, en especial los niños, mujeres embarazadas y ancianos, así como de su mortandad. Los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa que fallecieron por la situación en que se encuentra dicha comunidad, no contaron con registros de su nacimiento y defunción, ni con algún otro documento proveído por el Estado capaz de demostrar su existencia e identidad.

En el presente caso, las actuaciones del INDI y del IBR se limitaron a remitirse el expediente mutuamente y a solicitar en reiteradas ocasiones a los propietarios particulares de las tierras reclamadas por los miembros de la Comunidad que realicen ofertas ?sobre la fracción afectada?, sin que se reciba ninguna respuesta positiva al respecto. El 3 de diciembre de 1998 la Asesoría Jurídica del IBR emitió el dictamen No. 2065, mediante el cual señaló, entre otras, que de las diligencias realizadas por el IBR y de los documentos anexados se acreditaba ?la racionalidad de la explotación? de los propietarios de las tierras objeto del procedimiento, por lo cual, de conformidad con el Estatuto Agrario, resultaba imposible su afectación compulsiva y los propietarios se niegan a otra salida negociada. Por lo anterior, el 15 de junio de 1999, mediante la resolución No. 170, el IBR se declaró incompetente de decidir o no la expropiación de las tierras, declaró terminada la instancia administrativa y trasladó la responsabilidad al INDI, institución que no ha realizado actuación alguna desde julio de 1999. El 13 de mayo de 1997 líderes de la Comunidad Sawhoyamaxa presentaron al Congreso Nacional un proyecto de ley con el fin de declarar de interés social y expropiar a favor del INDI, para su posterior entrega a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, las fincas comprendidas dentro de los territorios que trataban de reivindicar. Proyecto que fue archivado, el 11 de junio de 1998. Un segundo proyecto de ley propuesto fue igualmente rechazado el 16 de noviembre de 2000. No obstante, en vista de que el Paraguay ratificó la competencia contenciosa del Tribunal el 26 de marzo de 1993, consideró la Corte que desde esa fecha debía contabilizarse la duración del procedimiento. Así, desde esa fecha hasta la de la Sentencia, han transcurrido 13 años y aún no se ha dado una solución definitiva al reclamo de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. Por lo anterior, la Corte consideró que las actuaciones de las autoridades estatales en el procedimiento administrativo de reivindicación de tierras no han sido compatibles con el principio del plazo razonable, en violación del artículo 8 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 y 2 de la misma. nota 2



  1. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
  2. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 

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