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Última modificación: 2008-05-19
Violación del deber de protección judicial por ineficacia de un proceso administrativo de reivindicación de tierras ancestrales, interpuesto por comunidad indígena

En el Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, el Instituto de Bienestar Rural reconoció el derecho que le asistía a la comunidad indígena de pretender la recuperación de su territorio; reconociendo incluso, que dicho espacio era su territorio ancestral. No obstante, también señaló que según el Estatuto Agrario los propietarios de la estancia Loma Verde poseían un justo título y estaban explotando racionalmente dicho predio, elemento que impedía que se procediera a expropiar a favor de la comunidad. En efecto, los procedimientos establecidos en la Ley No. 854/63 y en la Ley No. 904/81 únicamente permiten al IBR y al INDI, respectivamente, disponer de tierras fiscales, expropiar tierras irracionalmente explotadas o negociar con los propietarios privados, a efectos de entregarlas a las comunidades indígenas, pero cuando los propietarios particulares se niegan a vender las tierras y demuestran la explotación racional de las mismas, los miembros de las comunidades indígenas no tienen un recurso administrativo efectivo que les permita reclamarlas. Posterior a largos trámites administrativos y a intentos de producir un acuerdo entre la comunidad y los propietarios del predio, ambas instituciones decidieron poner fin al procedimiento y enviar al Parlamento Nacional la solicitud de que procediera a expedir una ley para expropiar los bienes en disputa a favor de las comunidades indígenas, proyecto que fue rechazado por la Cámara Legislativa. De conformidad con el Convenio No. 169 de la OIT, incorporado al derecho interno paraguayo mediante la Ley No. 234/93, el Estado está obligado a ofrecer un recurso eficaz con las garantías del debido proceso a los miembros de las comunidades indígenas que les permita solicitar las reivindicaciones de tierras ancestrales. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte consideró que el proceso administrativo seguido ante IBR en colaboración con el INDI: se mostró abiertamente inefectivo para atender las solicitudes de reivindicación de las tierras que los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa consideran como su hábitat ancestral y tradicional y frente a ello, el Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para asegurar un procedimiento efectivo que dé una solución definitiva a la reclamación planteada por los miembros de la Comunidad. nota 1

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Comunidad Indígena, desde 1991, se encuentra tramitando su solicitud de reivindicación territorial, sin que se haya resuelto su petición por parte del estado. El procedimiento para la atención de los problemas de la tenencia de tierras en el Paraguay, es el administrativo, a cargo del Instituto de Bienestar Rural - IBR. Las cuestiones territoriales indígenas son tramitadas ante el INDI y el IBR, que actúan siempre dentro del ámbito administrativo y forman parte de su hábitat tradicional. El procedimiento de reivindicación de tierras tradicionales que forman parte del hábitat tradicional de la Comunidad Sawahoyamaxa, se inició el 6 de agosto de 1991, con la comunicación de los líderes de la Comunidad Sawhoyamaxa al Instituto de Bienestar Rural - IBR, para que les fueran entregadas 8.000 hectáreas, petición que el 7 de septiembre de 1993 fue ampliada a 15.000. Las actuaciones del INDI y del IBR se limitaron a remitirse el expediente mutuamente y a solicitar en reiteradas ocasiones a los propietarios particulares de las tierras reclamadas por los miembros de la Comunidad que realicen ofertas ?sobre la fracción afectada?, sin que se reciba ninguna respuesta positiva al respecto. El 3 de diciembre de 1998 la Asesoría Jurídica del IBR emitió el dictamen No. 2065, mediante el cual señaló, inter alia, que de las diligencias realizadas por el IBR y de los documentos anexados se acreditaba ?la racionalidad de la explotación? de los propietarios de las tierras objeto del procedimiento, por lo cual, de conformidad con el Estatuto Agrario, resultaba imposible su afectación compulsiva y los propietarios se niegan a otra salida negociada. Por lo anterior, el 15 de junio de 1999, mediante la resolución No. 170, el IBR se declaró incompetente de decidir o no la expropiación de las tierras, declaró terminada la instancia administrativa y trasladó la responsabilidad al INDI, institución que no ha realizado actuación alguna desde julio de 1999. El 13 de mayo de 1997 líderes de la Comunidad Sawhoyamaxa, presentaron al Congreso Nacional un proyecto de ley con el fin de declarar de interés social y expropiar a favor del INDI, para su posterior entrega a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, las fincas comprendidas dentro de los territorios que trataban de reivindicar. Proyecto que fue archivado, el 11 de junio de 1998. Un segundo proyecto de ley propuesto fue igualmente rechazado el 16 de noviembre de 2000. No obstante, en vista de que el Paraguay ratificó la competencia contenciosa del Tribunal el 26 de marzo de 1993, consideró la Corte que desde esa fecha debía contabilizarse la duración del procedimiento. Así, desde esa fecha hasta la de la Sentencia, han transcurrido 13 años y aún no se ha dado una solución definitiva al reclamo de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa.

Respecto de la efectividad del procedimiento administrativo de reivindicación de tierras para comunidades indígenas en el Paraguay, la Corte expresó que los procedimientos establecidos en la ley únicamente permiten al IBR y al INDI, respectivamente, disponer de tierras fiscales, expropiar tierras irracionalmente explotadas o negociar con los propietarios privados, a efectos de entregarlas a las comunidades indígenas, pero cuando los propietarios particulares se niegan a vender las tierras y demuestran la explotación racional de las mismas, los miembros de las comunidades indígenas no tienen un recurso administrativo efectivo que les permita reclamarlas. La Corte consideró que el procedimiento administrativo señalado presenta al menos tres falencias. La primera radica en la remisión que la ley interna hace al Estatuto Agrario, el cual toma como punto de partida la explotación racional o no de las tierras reclamadas, sin entrar a considerar aspectos propios de los pueblos indígenas, como la significación especial que las tierras tienen para éstos. Igualmente, ante el procedimiento legislativo ante el Congreso Nacional no es efectivo por cuanto dicha Corporación es del criterio de que la ley debe privilegiar la productividad o la utilización económica de la tierra. En segundo lugar, el INDI únicamente está facultado para realizar negociaciones de compra de las tierras o de reasentamiento de los miembros de las comunidades indígenas, sin que ello entrañe una valoración judicial o administrativa que dirima la controversia. Finalmente, las autoridades administrativas paraguayas no han realizado suficientes estudios técnicos, que identifiquen la parte específica del territorio Chanawatsam que pertenece a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, por ende, la falta de diligencias técnico-científicas convierten al procedimiento ante el INDI y el IBR en inoperativo. La Corte reiteró que el procedimiento administrativo de reivindicación de tierras ha sido inefectivo y no ha mostrado una posibilidad real para que los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa recuperen sus tierras tradicionales. En el presente caso, el Paraguay no ha adoptado las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para asegurar un procedimiento efectivo que dé una solución definitiva a la reclamación planteada por los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte consideró que el procedimiento legal de reivindicación de tierras instaurado por los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa se mostró completamente inefectivo, todo ello en violación del artículos 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la misma. nota 2



  1. Caso Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
  2. Caso Comunidad Indígena Sawhoyomaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 

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