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Última modificación: 2008-07-31
Obligación del estado de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y sancionar a los responsables

En el Caso Comunidad Moiwana, la Corte estimó que para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Suriname debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; c) sancionar, de conformidad con las leyes internas aplicables, a los funcionarios estatales, así como a los particulares, que sean declarados responsables de haber obstruido la investigación penal sobre el ataque a la aldea de Moiwana; y d) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, testigos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia. Asimismo, consideró que emplear todos los medios técnicos y científicos posibles para recuperar con prontitud los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron durante el ataque de 1986 y entregarlos a los miembros de la comunidad sobrevivientes para que los fallecidos puedan ser honrados según los rituales de la cultura N?djuka. nota 1

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro contra el Perú, la Corte al estudiar la solicitud de interpretación presentada por el Estado peruano, consideró que la obligación que compete al Estado en razón de la sentencia es la de investigar penalmente respecto de los hechos conocidos y decididos por la Corte en el presente caso, siendo diferente y compatible con eventuales investigaciones penales que pudieran adelantarse por delitos atribuidos a personas relacionados por el Estado con hechos delictuosos. nota 2

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado debe remover, en un plazo razonable, todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a las víctimas, y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia y atender situaciones de emergencia en el Retén. nota 3

En el Caso de la Masacre de Mapiripán, la Corte estableció que la investigación conducida por Colombia sobre la masacre en Mapiripán ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997 incumple los estándares de acceso a la justicia y protección judicial establecidos en la Convención Americana. La Corte reiteró que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. Por lo anterior, el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente la investigación para determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como de las personas cuya colaboración y aquiescencia hizo posible la comisión de la misma. El Estado debe llevar a término el proceso penal sobre la masacre de Mapiripán, de forma que permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de los responsables. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán. nota 4

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, así como la de quienes hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. Igualmente, el Estado debe adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello en Colombia. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. nota 5

En el Caso de las Masacres de Ituango, el Estado debe realizar las debidas diligencias para activar y completar eficazmente las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los autores de la masacre y de las personas responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Ituango. nota 6

En el Caso Gómez Palomino, la Corte valoró el compromiso del Estado de investigar efectivamente los hechos denunciados en este caso. Los familiares del señor Santiago Gómez Palomino o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias del proceso penal interno instaurado en el presente caso, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. El Tribunal dispuso que el resultado del proceso penal debe ser públicamente divulgado, para que la sociedad peruana conozca la verdad de lo ocurrido. Finalmente, la Corte advirtió que el Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a investigar lo sucedido al señor Santiago Gómez Palomino e identificar, juzgar y sancionar a los responsables, surta sus debidos efectos. El Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. nota 7

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado debe emprender con seriedad todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos, aun en los casos de los señores Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández en los cuales las investigaciones fueron archivadas por el Ministerio Público. Los familiares de las víctimas o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de los procesos penales internos instaurados en el presente caso, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad venezolana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Además, la Corte señaló que, ninguna ley ni disposición de derecho interno ? incluyendo leyes de amnistía, plazos de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad ? puede impedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de graves de los derechos humanos, como las desapariciones forzadas. nota 8

En el Caso López Álvarez, la Corte dispuso que el Estado debe investigar, en un plazo razonable, los hechos del presente caso y aplicar las providencias que resulten de esa investigación a los responsables por dichos hechos. nota 9

En el Caso Baldeón García, la Corte consideró que el Estado debe emprender con seriedad, en un plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio del señor Bernabé Baldeón García, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos. Los familiares de la víctima o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de los procesos penales internos instaurados en el presente caso, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad peruana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Los referidos procedimientos, además, deben tomar en consideración las normas internacionales de documentación e interpretación de los elementos de prueba. La Corte observó que la familia del señor Bernabé Baldeón García pertenece a una comunidad campesina de habla quechua. Por lo anterior, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que los recursos que éstos ejerzan sean llevados en condiciones de igualdad y sin discriminación orense respecto de la comisión de actos de tortura y particularmente las definidas en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (?el Protocolo de Estambul?). nota 10

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar las correspondientes responsabilidades intelectuales y materiales de los autores de los hechos cometidos en perjuicio de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba; y debe llevar a término los procesos penales incoados. Para ello debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos y así evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto y, en particular, sobre los resultados obtenidos. Asimismo, dichos resultados deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad paraguaya pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. En particular, en los términos de la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Asimismo, en función de la efectividad del mecanismo de garantía colectiva establecido bajo la Convención, y según fue declarado, Paraguay, al igual que los Estados Partes en la Convención, deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas en este caso mediante el juzgamiento y sanción de sus responsables y a colaborar de buena fe entre sí, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de esos responsables. nota 11

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado deberá adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de reabrir la investigación por los hechos del presente caso. Dichas investigaciones deberán tener por materia los hechos relacionados con la supuesta tortura del niño Vargas Areco. Los familiares de Gerardo Vargas Areco o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de los correspondientes procesos, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana, sin descargar sobre los familiares el impulso procesal. Asimismo, el Estado debe asegurar el cumplimiento efectivo de la decisión que adopten las instancias internas, en acatamiento de esta obligación. nota 12

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que, en un plazo razonable, el Estado debe conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a abrir, y debe adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso y no sólo aquellos que derivaron en la muerte de las víctimas, en aras de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad peruana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Asimismo, como garantía de no repetición, la Corte dispuso que el Estado debe, en un plazo razonable, establecer los medios necesarios para asegurar que la información y documentación relacionada con investigaciones policiales relativa a hechos tan graves como los del presente caso se conserve de forma tal que no se obstaculicen las correspondientes investigaciones. nota 13

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas. Además, debe continuar adoptando todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Finalmente, el Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Asimismo, dichos resultados deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad peruana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. nota 14

En el Caso Bueno Alves, la Corte dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea. El Estado debe asegurar que la víctima tenga pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. nota 15

En el Caso Ximenes Lopes, la Corte dispuso que el Estado debe garantizar que en un plazo razonable el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos efectos, dando aplicabilidad directa en el derecho interno a la normativa de protección de la Convención Americana. nota 16

En el Caso Servellón García y Otros, la Corte dispuso que el Estado debe emprender con seriedad, en un plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos. Para ello, el Estado debe remover, en un plazo razonable, todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso. Los familiares de las víctimas o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de los procesos penales internos instaurados en el presente caso, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad hondureña pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. nota 17

En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso que el Estado debe conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a abrir para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea. Asimismo, Colombia, a través de sus instituciones competentes, debe agotar las líneas de investigación respecto a la ejecución del señor Escué Zapata, para establecer la verdad de los hechos. El Estado debe asegurar que los familiares de la víctima tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana, y en especial la Comunidad Indígena Paez, pueda conocer lo realmente ocurrido en el presente caso. nota 18

En el Caso de la Masacre de la Rochela contra el Estado colombiano, la Corte ordenó como medida de reparación, entre otras medidas, que ?los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos de la masacre de La Rochela.?

En posterior pronunciamiento, la Corte aclaró que la expresión ?resultados de los procesos penales?, en el contexto de reparación hace relación a las decisiones judiciales penales de carácter firme que generan la finalización del proceso y resuelven la controversia principal, de carácter absolutorio o condenatorio.

Los resultados deben ser divulgados, en la forma que garantice que la sociedad pueda conocer los hechos examinados y los responsable, según el caso.[175]

En el Caso Tiu Tojín, la Corte al pronunciarse sobre el aspecto otras formas de reparación, en relación con la obligación del Estado de investigar los hechos constitutivos de las violaciones e identificar, juzgar y sancionar a los responsables, señaló que "resulta imperativo que el Estado agote todos los trámites necesarios para asegurar, dentro de un plazo razonable, el efectivo cumplimiento de su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de este caso y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado, para que la sociedad guatemalteca conozca la verdad."

En ese contexto, ordenó aspectos específicos de la obligación de investigar, por lo tanto el Estado:

1- deberá asegurar, para garantizar que las investigaciones sobre desaparición forzada de personas se realicen con la debida diligencia, que las autoridades encargadas: a) cuenten "con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente (...)y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas"; b) "utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada." y c) "tomen en cuenta los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos en el presente caso, con el objeto de que la investigación sea conducida tomando en cuenta la complejidad de estos hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación."

Señaló la Corte que las autoridades en caso de violaciones de derechos humanos, "no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes."

2- conforme al principio de legalidad, atendrá que "la figura de la desaparición forzada constituye el tipo penal aplicable a los hechos del presente caso, ya que el destino de María y Josefa Tiu Tojín sigue siendo desconocido."

3- debe asegurar, mediante intérpretes u otros medios que sen eficaces, que las víctimas, miembros del pueblo Maya, puedan comprender y hacerse comprender en el transcurso de los procedimientos legales, como manera de garantizar su acceso a la justicia. nota 19

En el Caso Ticona Estrada y otros, la Corte ordenó, como forma de reparación, que el Estado deberá continuar de manera eficaz con la tramitación del proceso penal por la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada o de cualquiera otro que se llegaré a abrir, de forma que aquel se concluya en el más breve plazo, dando cumplimiento a los mandamientos judiciales de aprehensión de las personas condenadas.

Consideró la Corte "que el Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables" de estos hechos ni "argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables." nota 20



  1. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 .
  2. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 181 
  3. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  4. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  5. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  6. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
  7. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
  8. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 138 .
  9. Caso López álvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 
  10. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  11. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  12. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  13. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  14. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  15. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 164 
  16. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 
  17. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
  18. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
  19. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 175 
  20. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 190 
  21. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Sentencia Serie C. No. 191 

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