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Última modificación: 2008-07-31
Violación del derecho a la propiedad privada por destrucción y sustracción de bienes de la población civil, básicos para su supervivencia, en el marco de un conflicto armado, producidos por grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas del estado.

En el Caso de las Masacres de Ituango, en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997, en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia, grupos paramilitares perpetraron sucesivas incursiones armadas, asesinando a su paso en forma selectiva a 19 civiles en estado de indefensión. Durante la incursión en El Aro, los paramilitares sustrajeron aproximadamente entre 800 y 1200 cabezas de ganado de las fincas que encontraron a su paso. Asimismo, miembros del Ejército tenían conocimiento de la sustracción y traslado del ganado de El Aro, e incluso impusieron un toque de queda a la población, para poder evacuar por plena vía pública el ganado, del cual también se lucraron algunos militares. Además, las autoridades públicas omitieron asistir a la población civil durante la sustracción y traslado del ganado en dicho corregimiento. De otra parte, antes de retirarse de El Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas del casco urbano, quedando a salvo sólo una capilla y ocho viviendas, con el fin de causar terror y el desplazamiento de la población. Dado que la sustracción de ganado, y la quema de las viviendas sucedió con la aquiescencia o tolerancia de miembros del Ejército colombiano, dentro de un contexto de conflicto armado interno, la Corte, al analizar los alcances del artículo 21 de la Convención, consideró apropiado para interpretar sus disposiciones, de conformidad con el artículo 29 del mismo instrumento, utilizar el Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados de carácter interno. En este sentido dicho Tribunal observó que los artículos 13 (Protección de la población civil) y 14 (Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil) del Protocolo II de los Convenios de Ginebra prohíben, respectivamente, ?los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil?, así como ?atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil?. Para la Corte, el daño sufrido por las personas que perdieron su ganado, del cual derivaban su sustento así como la destrucción de sus hogares, además de constituir una gran pérdida de carácter económico, causó en los pobladores una pérdida de sus más básicas condiciones de existencia, lo cual hace que la violación al derecho a la propiedad en este caso sea de especial gravedad. nota 1



  • Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .

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