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Última modificación: 2008-07-21
Violación por parte del estado de su obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno compatibles con la convención americana y la convención interamericana sobre desaparición forzada.

En el Caso Gómez Palomino, en la madrugada del 9 de julio de 1992, la víctima fue objeto de desaparición forzada por cuenta de un grupo de hombres y mujeres armados que entraron a su casa y se lo llevaron, sin presentar una orden judicial o administrativa ni informar el motivo de la detención o el sitio a donde lo trasladaban, luego fue ejecutado, sus restos siguen sin encontrarse y la investigación penal no ha sobrepasado su fase preliminar. La Corte advirtió que los Estados deben tipificar el delito de desaparición forzada. Esta tipificación debe hacerse tomando en consideración el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, donde se encuentran los elementos que debe contener el tipo penal en el ordenamiento jurídico interno. La Corte expresó que si bien el tipo penal contemplado en el artículo 320 del Código Penal Peruano permite la penalización de ciertas conductas que constituyen desaparición forzada de personas, la norma no está conforme con los presupuestos exigidos por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, por las siguientes razones: 1) El artículo 320 del Código Penal del Perú restringe la autoría de la desaparición forzada a los ?funcionarios o servidores públicos?.; 2) no lo incluye la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas 3) la ambigua exigencia de la ?debida comprobación? de la desaparición forzada no permite al Estado cumplir a cabalidad sus obligaciones internacionales. La Corte expresó que valora positivamente los esfuerzos realizados por el Perú para la reforma del citado artículo 320 del Código Penal, sin embargo, observó que estas medidas no han sido concretadas para lograr su efectiva adecuación a la normativa internacional vigente sobre la desaparición forzada de personas. Por todo lo anterior, la Corte consideró que el Estado no ha cumplido las obligaciones que le imponen el artículo 2 de la Convención Americana, para garantizar debidamente los derechos a la vida, la libertad personal y la integridad personal del señor Santiago Gómez Palomino, y el I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, por lo que corresponde al Estado adecuar su legislación interna para compatibilizarlo con sus obligaciones internacionales. nota 1



  1. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 

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Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial

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La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada

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