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Última modificación: 2008-07-24
Violación del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial por detención ilegal, no disposición del detenido ante autoridad judicial competente privación arbitraria de la libertad e ineficacia del recurso de habeas corpus.

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Wilson García Asto fue detenido el 30 de junio de 1995 por personal de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo - DINCOTE mientras se encontraba en un paradero de autobus y se habría encontrado en su poder supuesta documentación de ?carácter subversivo?. La detención se llevó a cabo sin una orden de detención suscrita por un juez competente y sin que se acreditara una situación de flagrancia, contrario a los requisitos establecidos en la Constitución peruana. El señor Wilson García Asto fue puesto a disposición de autoridad judicial competente días después de su detención. El artículo 6 del Decreto Ley No. 25.659 de 1992, vigente en aquel momento, denegaba la posibilidad de presentar acciones de garantía en delitos de terrorismo o traición a la patria. Dicha norma fue modificada por el Decreto Ley No. 26.248, promulgado el 25 de noviembre de 1993 que permitió, en principio, la interposición de la acción de hábeas corpus ante el Juez Penal Especializado de Terrorismo [y] en su defecto, el Juez Penal ordinario. No obstante, la acción era inadmisible cuando los hechos o causales, eran materia de un procedimiento en trámite o resuelto. En el presente caso, tomando en cuenta el reconocimiento parcial de hechos por parte del Estado, la falta de flagrancia y de orden judicial para llevar a cabo la detención del señor Wilson García Asto, el hecho de que fue puesto a disposición de autoridad judicial competente 17 días después de su detención, y que se vio privado a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que este decidiera sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención, así como la falta de protección judicial, la Corte declaró que el Perú violó en su perjuicio los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, al momento de su detención y durante el primer proceso judicial al que fue sometido. La anulación del proceso penal seguido en el fuero común ante jueces sin rostro contra el señor Wilson García Asto se produjo el 15 de enero de 2003 por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, al revocar la decisión de 27 de noviembre de 2002 que había declarado infundado el hábeas corpus interpuesto a su favor y ordenó la remisión del expediente a la autoridad competente, dentro del término de 48 horas, para que se dispusiera el trámite de ley correspondiente. Sólo, hasta el 10 de marzo de 2003 el Primer Juzgado Especializado Penal en Delito de Terrorismo dictó el auto apertorio de instrucción en el nuevo juicio seguido, en el que se dictó la medida cautelar de privación de libertad. Por lo anterior, la Corte consideró que el tiempo transcurrido entre el 15 de enero de 2003 y el 10 de marzo de 2003, el señor Wilson García Asto estuvo sujeto a una privación arbitraria de la libertad, en violación del artículo 7.3 de la Convención.

En el mismo Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido en su domicilio el 27 de julio de 1991 por personal de la DINCOTE cuando se encontraba enfermo y sin que se configurara flagrante delito. La detención no fue llevada a cabo por mandamiento escrito y motivado de un juez, sino por la mera sospecha por parte de agentes de la DINCOTE. La presunta víctima fue puesta a disposición de autoridad judicial competente 13 días después de su detención. A pesar de que el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley No. 25.659 de 1992, en el procedimiento se le aplicó la restricción al recurso de hábeas corpus prevista en el artículo 6 de dicho Decreto. Con fundamento en lo anterior, tomando en cuenta el reconocimiento parcial de hechos por parte del Estado, la falta de flagrancia y de orden judicial en la detención del señor Urcesino Ramírez Rojas, el hecho de que no fue puesto a disposición de autoridad judicial competente sino 13 días después de su detención, y las restricciones que enfrentó para interponer el recurso de hábeas corpus al momento en que fue juzgado, la Corte consideró que el Estado violó en su perjuicio los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, al momento de su detención y durante su primer proceso judicial. El 27 de marzo de 2003 el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la acción de hábeas corpus a favor del señor Urcesino Ramírez Rojas y anuló la sentencia y algunas etapas del proceso a que fue sometido, pero desestimó la pretensión de excarcelación, toda vez que, la nulidad no afectó el auto apertorio de instrucción, que contiene el mandato de detención, dictado por el Juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado de Instrucción de Lima el 9 de agosto de 1991. Posteriormente, el 13 de mayo de 2005, se surtió la anulación del proceso penal seguido en el fuero común ante jueces, por la Sala Nacional de Terrorismo, la cual señaló que la causa debía remitirse al Juzgado Penal correspondiente. No obstante, sólo hasta el 24 de junio de 2003, el Primer Juzgado Penal Especializado en Delito de Terrorismo avocó el conocimiento del proceso. El 1 de septiembre de 2004 el Primer Juzgado Penal Especializado en Delito de Terrorismo declaró improcedente la solicitud de variación del mandato de detención por el de comparecencia presentada por la defensa, por estimar que el mandato de detención dictado por el Juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado de Instrucción de Lima estaba conforme con los requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. En sentir de la Corte, se concluye que el Primer Juzgado Penal Especializado en Delito de Terrorismo, a más de 14 años de dictada dicha medida cautelar, no presentó motivación suficiente para mantener la detención del señor Urcesino Ramírez Rojas. Por lo anterior, el Estado violó el artículo 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas en el segundo proceso llevado en su contra. nota 1



  1. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C No. 137 .

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