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Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, a no ser juzgado por jueces sin rostro, a interrogar a los testigos, a la publicidad del proceso penal, y a ser a ser oído y juzgado dentro de un plazo razonable.

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Wilson García Asto fue detenido en forma ilegal el 30 de junio de 1995 por personal de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo - DINCOTE por encontrarse en su poder supuesta documentación de ?carácter subversivo?. En relación con el primer proceso seguido contra el señor Wilson García Asto, éste fue juzgado por tribunales ?sin rostro?, lo cual, a juicio de la Corte, determinó la imposibilidad de que éste conociera la identidad del juzgador y, por ende, pudiera valorar su idoneidad, conocer si se configuraban causales de recusación y ejercer una adecuada defensa ante un tribunal independiente e imparcial. Además, su juicio no fue hecho público. Mediante sentencia de 15 de enero de 2003 de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nulo el primer proceso penal seguido en su contra en el fuero común por el delito de terrorismo en agravio del Estado. En esta providencia reconoció que el procedimiento al que fue sometido el señor Wilson García Asto violó principios fundamentales como el debido proceso, el de juez natural, el derecho de conocer si el juzgador resultaba competente y el derecho a no ser juzgado por jueces sin rostro. El artículo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 establecía que no se podrá ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razones de sus funciones en la elaboración del Atestado Policial. Por lo anterior, el señor Wilson García Asto no pudo interrogar a los policías que intervinieron en la elaboración de los atestados policiales que sirvieron de base para fundamentar los cargos en su contra. Tomando en cuenta el reconocimiento parcial sobre hechos realizado por el Estado, la Corte consideró que durante el primer proceso penal seguido contra el señor Wilson García Asto, el Estado violó el derecho a un debido proceso, a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, a ejercer el derecho a interrogar a los testigos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación contra la presunta víctima, así como el derecho a la publicidad del proceso penal, según lo establecido en los artículos 8.1, 8.2 y 8.5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En relación con el segundo proceso, la sentencia de 5 de agosto de 2004 que absolvió a la presunta víctima, no notificada, siendo ésta solamente ?leída en acto público? el día de su emisión, por tanto, el defensor no pudo hacer referencia a dicho documento al momento de presentar sus alegatos orales y escritos ante la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero de 2005 en relación con el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público contra dicha sentencia absolutoria. Al respecto, la Corte consideró que dicha conducta violó el derecho de defensa y el derecho a ser oída, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, consagrados en el artículo 8.1 y 8.2 inciso c de la Convención, en relación con el artículo 1.1. de la misma.

En el mismo Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido ilegalmente y por la mera sospecha, el 27 de julio de 1991 por personal de la DINCOTE cuando se encontraba enfermo y sin que se configurara flagrante delito. El señor Urcesino Ramírez Rojas fue condenado el 30 de septiembre de 1994 por la Sala Penal Especializada de Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Lima conformada por jueces ?sin rostro?. Dicha sentencia desestimó los argumentos y las pruebas presentados por éste, al señalar no se había aparejado ninguna otra prueba que demostrara su inculpabilidad. La Corte Suprema de Justicia del Perú, conformada también por jueces ?sin rostro?, el 8 de agosto de 1995, confirmó la sentencia. Las audiencias llevadas a cabo en dicho proceso no eran abiertas al público. El artículo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 establecía que no se podrá ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razones de sus funciones en la elaboración del Atestado Policial. Por lo anterior, el señor Wilson García Asto no pudo interrogar a los policías que intervinieron en la elaboración de los atestados policiales que sirvieron de base para fundamentar los cargos en su contra. El 13 de mayo de 2003 la Sala Nacional de Terrorismo declaró la nulidad del proceso seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas. Tomando en cuenta el reconocimiento parcial sobre hechos realizado por el Estado, la Corte consideró que durante el primer proceso penal seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas, el Estado violó el derecho a un debido proceso, la presunción de inocencia, a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, a ejercer el derecho a interrogar a los testigos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación contra la presunta víctima, así como el derecho a la publicidad del proceso penal, según lo establecido en los artículos 8.1, 8.2 y 8.5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En cuanto al análisis del plazo razonable en el primer proceso seguido en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas, la Corte observó que transcurrieron más de 38 meses desde que la presunta víctima fuera detenida hasta que fuera condenada en primera instancia, más de 48 meses desde la detención hasta la confirmación de la sentencia en segunda instancia y más de 8 años en total desde la detención hasta la desestimación del recurso de revisión interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia. A raíz del reconocimiento de estos hechos realizado por el Estado, el Tribunal consideró que dicha demora constituyó per se una violación del derecho del señor Urcesino Ramírez Rojas a ser oída dentro un plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de la Convención. Igualmente, se presentaron demoras en el nuevo proceso penal seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas, las cuales no se han producido por la complejidad del caso, sino por las actuaciones sistemáticamente demoradas de las autoridades estatales. Así, por ejemplo, a pesar de haber sido reiniciado su proceso penal el 13 de mayo de 2003, 27 meses después, continuaba en etapa de instrucción. Por lo anterior, la Corte concluyó que el Estado ha violado, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que establece el artículo 8.1 de la Convención Americana. nota 1



  1. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 137 

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