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Última modificación: 2008-07-31
Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por faltas al deber de investigar los hechos, así como por falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a los responsables

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990 un grupo paramilitar de aproximadamente 60 hombres armados, provenientes del Departamento de Córdoba, Colombia, ingresaron en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Departamento de Antioquia, saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y con base en una lista que portaban, escogieron a 43 hombres, quienes fueron obligados a salir del pueblo, secuestrados, torturados y finalmente asesinados o desaparecidos. En relación con los hechos del presente caso, fueron abiertos procesos penales en las jurisdicciones penales militar y ordinaria, procesos contencioso administrativos y procedimientos disciplinarios. Ante la jurisdicción penal ordinaria la gran mayoría de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados, y a varios paramilitares se ha condenado en ausencia pero el estado no hace efectiva la sanción. En ese orden de ideas, la Corte consideró que la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no han representado un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida con plena observancia de las garantías judiciales. Ante la jurisdicción penal militar las actuaciones fueron gravemente negligentes y no se investigó seriamente a miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran estar vinculados con los hechos, por tanto, la Corte concluyó que además de que esta jurisdicción no era la vía adecuada, no constituyó un recurso efectivo para investigar las graves violaciones cometidas en perjuicio de las 43 víctimas de Pueblo Bello. Dentro del procedimiento disciplinario llevado a cabo por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ordenó la práctica y recepción de elementos probatorios pertinentes, constituyéndose así en la única vía interna que investigó la posible vinculación de miembros de las Fuerzas Militares colombianas en los hechos de Pueblo Bello, incluso bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas. No obstante, la Corte consideró que el procedimiento desarrollado, dada su naturaleza de protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos, puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos, por tanto, la Corte estimó que el procedimiento disciplinario no constituyó un recurso efectivo y suficiente para los propósitos señalados. En relación con la jurisdicción contencioso administrativo, a partir del año 2001 los familiares de 39 de las víctimas de la masacre de Pueblo Bello han presentado demandas de reparación directa. En vista de que dichos procesos contencioso administrativos se encuentran en trámite y no han producido resultados concretos al momento de dictar la Sentencia, la Corte consideró irrelevante, analizar más profundamente los alcances y características de la jurisdicción contencioso administrativa como un recurso útil y efectivo para los efectos de un caso de esta naturaleza. No obstante, advirtió, que en los términos de la obligación de reparación que surge como consecuencia de una violación de la Convención, el proceso contencioso administrativo no constituye per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa violación. En suma, la Corte concluye que los procesos y procedimientos internos no han constituido, ni individualmente ni en conjunto, recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, la determinación del paradero de las personas desaparecidas y de toda la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida del presente caso. nota 1

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, como consecuencia del ?Operativo Mudanza 1? dentro del Penal Miguel Castro Castro, ejecutado por agentes de la policía y del ejército, que implicó el uso de la fuerza, con gran intensidad, se produjo la muerte de al menos 41 internos y 185 resultaron lesionados, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros internos, incluso, con posterioridad al ?operativo?. Dentro de la investigación, no se realizaron actas de levantamiento de cadáveres; en el acta de incautación de armas encontradas dentro del penal no se especificó el lugar exacto ni las circunstancias del hallazgo; los certificados de necropsia e informes médicos forenses se limitaron a describir las heridas sufridas por las víctimas mortales y las lesiones encontradas en algunos heridos, sin indicar los proyectiles recuperados de los cuerpos de las víctimas. El 16 de junio de 2005, el Estado inició un proceso penal ante el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial. En ese proceso solamente se están investigando las muertes de internos como consecuencia de lo sucedido en el Penal Castro, y se encuentran 13 personas en calidad de imputados, entre los que figuran el ex Director del Penal Castro Castro, el ex Director de la Policía Nacional y el ex Ministro del Interior, así como también figuran como imputados diez funcionarios de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el 29 de agosto de 2006, el juzgado ordenó abrir instrucción contra Alberto Fujimori Fujimori, también para investigar dichas muertes. Entre otras medidas, se decretó en su contra detención, y se ordenó la inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional. De otra parte, en agosto de 1992 se instruyó el Atestado Policial NO. 322 IC-H-DDCV respecto a la investigación de los sucesos ocurridos en el Penal, mediante el cual se determinó, que el personal policial que intervino en el ?debelamiento del motín? había actuado dentro del marco legal con apoyo de la Fuerzas Armadas. De la misma manera en noviembre de 1992, el Consejo Superior de Justicia de la II Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú declaró que no había mérito para la apertura de instrucción contra los miembros de la Policía Nacional que intervinieron, por encontrarse en Acto de Servicio y en cumplimiento de la Ley, disponiéndose el archivo definitivo de la denuncia que le dio origen.

Para la Corte las autoridades estatales incurrieron en importantes omisiones en cuanto a la recuperación, preservación y análisis de la prueba, lo cual contravino el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. El primer proceso penal ante la justicia ordinaria para investigar la responsabilidad penal por las violaciones cometidas se abrió aproximadamente 13 años después de ocurridos aquellos, tiempo que sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal. De acuerdo con la prueba allegada a la Corte, en los procesos abiertos desde el año 2005 el Estado ha respetado el principio del plazo razonable y en los tiempos establecidos en la normativa interna se han realizado gran cantidad de diligencias probatorias. Para la Corte, si bien la apertura de esos procesos constituye pasos positivos hacia el esclarecimiento y juzgamiento de los responsables, se considera violatorio del derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares que dichos procesos solo abarquen las muertes y no la totalidad de los hechos violatorios de derechos humanos ocurridos, con lo cual el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares. Por todo lo anterior, este Tribunal estima que los procedimientos internos abiertos en el presente caso no han constituido recursos efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones a la vida e integridad. Por ello, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación contenida en el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos. nota 2



  1. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  2. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 160 .

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