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Última modificación: 2008-07-24
Violación del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial por detención arbitraria, omisión de informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detención, e ineficacia del recurso de habeas corpus

En el Caso López Álvarez, el día 27 de abril de 1997, el señor Alfredo López Álvarez fue detenido en flagrante delito por agentes de la policía y le fue decomisada una sustancia con la apariencia de ser una droga prohibida. En el momento de la detención, las autoridades estatales no le notificaron las razones de su detención ni los cargos formulados en su contra. El 28 de abril de 1997 el Ministerio Público puso a disposición del Juzgado de Letras Seccional de Tela al señor López Álvarez. El 29 de abril de 1997 la presunta víctima rindió declaración indagatoria ante la Jueza del mencionado Juzgado, sin contar con la asistencia de un abogado defensor, el cual solamente recibió acreditación ante el juez el 2 de mayo de 1997. En la indagatoria ante los agentes estatales de la Dirección de Investigación Criminal, la víctima fue objeto de maltrato físico y sicológico con los interrogantes que le hacían con el objetivo de incriminarlo, pese a lo cual la presunta víctima no aceptó los cargos. El Juzgado dictó auto de prisión preventiva en contra del señor Alfredo López Álvarez, el 2 de mayo de 1997, cinco días después de la detención. El 4 de agosto de 1997 el señor Alfredo López Álvarez solicitó ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela la revocación del auto de prisión preventiva dictado el 2 de mayo de 1997. El 7 de agosto de 1997 el referido Juzgado consideró sin lugar la solicitud interpuesta por la presunta víctima, por considerar ajustado a derecho el auto de prisión. Dentro del proceso, la sustancia decomisada fue objeto de dos análisis, uno el 14 de mayo de 1997 y otro el 4 de mayo de 1998, respectivamente, cuyos resultados fueron contradictorios. El primer dictamen sostuvo que la sustancia decomisada era cocaína; el segundo manifestó lo contrario. El señor Alfredo López Álvarez fue procesado por delito de tráfico de drogas.

El 7 de noviembre del año 2000 el juez dictó sentencia condenatoria, pero fue anulada el 2 de mayo de 2001 por la Corte de Apelaciones de la Ceiba; en cuya decisión se ordenó retrotraer el juicio a la etapa del sumario. En el presente caso la señora Teresa Reyes, esposa de la víctima, interpuso el recurso de hábeas corpus, a nombre del señor Alfredo López Álvarez, el 20 de julio de 2001, fundamentado en el retardo injustificado en la tramitación de la causa penal, que había convertido su detención en ilegal, pues había transcurrido más de 50 meses, desde la fecha que se puso a los imputados en disposición judicial, hasta el momento de interposición del habeas corpus. El 23 de julio de 2001 la Corte de Apelaciones de la Ceiba declaró improcedente el recurso, al señalar que la detención no fue ilegal, sin referirse expresamente al plazo de detención. El 13 de enero de 2003, el Juzgado se manifestó sobre la contradicción de la prueba y concluyó que no había evidencia del delito. Dicho fallo fue confirmado el 29 de mayo de 2003 por sentencia de la Corte de Apelaciones de la Ceiba. No obstante el fallo absolutorio, el señor Lopez Alvarez permaneció detenido hasta el 26 de agosto de 2003. Durante más de seis años y cuatro meses en que estuvo privado de libertad el señor Alfredo López Álvarez en los centros penales de Tela y de Támara, permaneció en compañía de reclusos condenados y sufrió las precarias condiciones de dichos centros penitenciarios. En el año 2000 el Director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garífuna de dicho centro penal, en la cual se incluía el señor Alfredo López Álvarez, a hablar en su idioma materno.

Para la Corte, la detención del señor Alfredo López Álvarez no fue ilegal en sí misma, pues ésta se realizó en condiciones que permiten suponer, razonablemente, la flagrancia requerida para ese fin por la legislación interna, tomando en cuenta que la detención coincidió con el decomiso por parte de los agentes del Estado de una sustancia con la apariencia de ser una droga prohibida. Para la Corte el procesamiento se basó en la existencia de una sustancia prohibida, lo que fue desvirtuado en el segundo dictamen, hecho frente al cual el juez de la causa no evaluó oportunamente la contradicción probatoria conforme a los parámetros de la legislación interna y de la Convención Americana, a fin de precisar si se mantenían las condiciones que justificaran la prisión preventiva del señor López Álvarez. La autoridad judicial no tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba que justificaran la prisión sino consideró solamente los mismos elementos que sustentaron la detención en flagrancia, Por lo anterior, la Corte concluyó que, al mantener a la presunta víctima bajo prisión preventiva en tales condiciones, se violó su derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario e ilegal. De otra parte, la Corte expresó que el artículo 433 del Código de Procedimientos Penales sólo permitía la concesión del beneficio de libertad bajo caución en el supuesto de delitos que cuya pena no exceda de cinco años. La pena aplicable por tráfico ilícito de drogas era de 15 a 20 años de reclusión. En razón de ello, la privación de la libertad a que fue sometido el señor Alfredo López Álvarez fue también consecuencia de lo dispuesto en la legislación procesal penal. Dicha legislación ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la prisión preventiva se justificara en cada caso, a través de una ponderación de los elementos que concurren en éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute al individuo.

Asimismo, la Corte expresó el derecho de la persona detenida o retenida de ser informada sin demora de las razones de su detención y de los cargos formulados en su contra está consagrado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la que se practica infragranti. Por ello se puede concluir que el arrestado en flagrante delito conserva aquel derecho, como es el caso del señor López Alvarez. En sentir, si bien la víctima interpuso diversos recursos con el objeto de que se revocara la prisión preventiva y se le otorgara la libertad, incluido el de exhibición personal los mismos resultaron infructuosos. Así por ejemplo, en lo que se refiere al recurso de hábeas corpus, la Corte de Apelaciones al resolver sobre el mismo, omitió pronunciarse sobre lo alegado por la presunta víctima en el sentido de que el plazo de detención era excesivo y podría constituir una violación de la Convención. Esta omisión muestra que el recurso no fue efectivo, en el caso concreto, para combatir la violación aducida. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. nota 1

En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. En relación con los hechos del presente caso, fueron presentadas acciones de habeas corpus a favor de las 10 personas que habían sido detenidas. Sin embargo, los juzgados rechazaron las acciones, en dos de las cuales se limitaron a aceptar las justificaciones o silencio de las autoridades militares, que alegaban estado de emergencia o razones de ?seguridad nacional? para no brindar información. En este caso, según la Corte, a pesar de haber sido tramitadas y decididas, las acciones de habeas corpus no constituyeron una investigación seria e independiente, por lo que la protección debida a través de las mismas resultó ilusoria. De otra parte, la Corte observó que las circunstancias de la privación de libertad señalan claramente que no era una situación de flagrancia, pues las presuntas víctimas se encontraban en sus residencias cuando los efectivos militares irrumpieron en forma violenta en horas de la madrugada y se los llevaron con base en una lista. Para la Corte evidentemente la detención de dichas personas constituyó un acto de abuso de poder, no fue ordenada por autoridad competente y el fin de la misma no era ponerlos a disposición de un juez u otro funcionario autorizado por la ley para que decidiera acerca de la legalidad de la misma, sino ejecutarlos o forzar su desaparición. Por lo anterior, la Corte estimó que se había el estado había violado los artículos 7.1, 7.2 y 7.6 de la Convención, en perjuicio de las víctimas. nota 2



  1. Caso López Alvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C No. 141 
  2. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 

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