› Observatorio de Justicia Constitucional
» Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por violación del plazo razonable y faltas al deber de investigar los hechos, así como por la falta de mecanismos judiciales efectivos para investigar y sancionar a los responsables, en casos de desaparición forzada, en perjuicio de las víctimas y/o familiares

En el Caso Goiburú y otros, agentes del Estado paraguayo detuvieron ilegalmente, mantuvieron incomunicados, torturaron y desaparecieron a los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, personas cuyas actividades políticas se oponían al régimen dictatorial de Stroessner. Después de la caída del régimen dictatorial, en 1989, son iniciados tres procesos penales en relación con los hechos del presente caso. Aquéllos fueron abiertos contra los más altos mandos del gobierno dictatorial, desde el entonces Jefe de Estado hasta los más altos rangos del Ministerio del Interior, los servicios de Inteligencia Militar y de la Policía de la Capital y su Departamento de Investigaciones, además de varios ex oficiales de la Policía de la Capital que ocupaban mandos medios y de inferior jerarquía. Los procesos penales fueron instruidos, y, en algunos casos, los imputados fueron condenados bajo tipos penales tales como secuestro, privación ilegítima de libertad, abuso de autoridad, asociación o concierto para delinquir, lesiones, coacción o amenazas y homicidio. Ninguno de los tres procesos penales ha culminado. En relación con los altos mandos, en el proceso del caso de Agustín Goiburú Giménez, en mayo de 2000 el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia Número Tres declaró "rebeldes y contumaces a los mandatos de la justicia a los encausados", y en diciembre del mismo año dicho Juzgado "decretó la prisión preventiva con fines de extradición" de aquellos procesados. A pesar de dicha orden, no consta que la extradición de Alfredo Stroessner o de Sabino Augusto Montanaro fuera efectivamente solicitada en el marco de este proceso penal. En relación con el caso de los hermanos Ramírez Villalba, luego de algunas comunicaciones entre el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Cuarto Turno y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 4 de agosto de 1993 el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Quinto Turno decretó la prisión preventiva con fines de extradición del procesado Alfredo Stroessner Matiauda. El 5 de junio de 2001 el Juzgado resolvió ?solicitar la extradición del encausado Alfredo Stroessner? a través de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el proceso penal abierto en relación con el caso de Carlos José Mancuello, no fueron iniciados procedimientos de extradición. En dos de los procesos penales en que fueron incoadas acciones civiles, algunos de los condenados fueron declarados civilmente responsables, aunque no consta que los demandantes civiles en sede penal hayan intentado ejecutar esas condenatorias en la vía correspondiente.

La Corte observó en el presente caso, que los procesos penales se encuentran abiertos luego de alrededor de 17 años de haber sido iniciados, frente a lo cual, el Estado aceptó la existencia de un "retardo judicial grave". Si bien los procesos penales no pudieron ser incoados hasta después de la caída del régimen dictatorial, el Estado no ha demostrado diligencia en las acciones oficiales de investigación, las que a pesar de la naturaleza de los hechos no fueron activadas de oficio sino por denuncia o querella interpuestas por los familiares de las víctimas. No constan, además, acciones adoptadas en el marco de los procesos penales, o a través de otras instancias, para determinar el paradero de las víctimas o buscar sus restos mortales. La ausencia de dos de los principales procesados, el ex dictador y el ex Ministro del Interior, asilados en Brasil y Honduras, respectivamente, declarados "rebeldes a los mandatos de la justicia", sumada a la falta de concreción de una solicitud de extradición respecto del primero de aquéllos determinan en parte importante la impunidad de los hechos. Respecto de la efectividad de esos procesos penales, la Corte reconoció que aquéllos han sido abiertos contra los más altos mandos del gobierno dictatorial, sin embargo, en el marco de impunidad verificado, no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicha Convención, en perjuicio de las víctimas y de sus familiares. nota 1

En el Caso Ticona Estrada y otros, la Corte Interamericana declaró violados los derechos a las garantías judiciales ?8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- , a la protección judicial -artículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención? y el incumplimiento de la obligación proveniente del artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de "Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo.", porque el proceso iniciado hace más de veinticinco años sobrepasa excesivamente lo que se puede considerar como plazo razonable, quedando otro tiempo para su culminación y sin que se hubieren realizado las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, el conocimiento de los familiares de lo ocurrido, y la sanción de los responsables. nota 2



  1. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 153 
  2. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Sentencia Serie C. No. 191 

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-10-08
Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial

2013-09-13
La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada

2013-09-13
Obligación del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una institución estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede aumentar o disminuir el tamaño del texto de todos los elementos haciendo clic en el tamaño correspondiente en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad