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Última modificación: 2008-06-27
No es procedente el allanamiento de un estado frente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha en que el estado reconoció la competencia de la corte interamericana.

En el Caso Vargas Areco, el niño Gerardo Vargas Areco fue reclutado para el servicio militar en las fuerzas armadas de Paraguay el 26 de enero de 1989, cuando tenía 15 años de edad. El 30 de diciembre de 1989, el niño se encontraba supuestamente arrestado como sanción por no haber regresado a su destacamento voluntariamente y a tiempo, luego de disfrutar una licencia para visitar a su familia en Navidad. Vargas Areco se presentó a la enfermería de la unidad militar donde le atendieron de una hemorragia nasal. Al regresar de la enfermería el niño Vargas Areco supuestamente comenzó a correr, presumiblemente para huir del destacamento y evitar la sanción a la que se le había sometido. Al ver que el niño se alejaba corriendo, un suboficial le disparó por la espalda, ocasionándole la muerte. El cadáver del niño fue encontrado al día siguiente a 100 metros de la enfermería del destacamento. El 13 de octubre de 2003, casi 13 años despúes de iniciada la investigación en el fuero ordinario y más de 10 años luego del reconocimiento de la competencia de la Corte, se decretó el cierre del período probatorio en relación con el procesado. Finalmente, el 2 de marzo de 2005, 15 años después de ocurridos los hechos y 12 años después del reconocimiento de la competencia de la Corte, se dictó una Sentencia condenatoria en el proceso desarrollado ante la justicia ordinaria por ?homicidio culposo?.

En el presente caso, la Corte consideró pertinente admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por las violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como en el artículo 5.1 de dicho instrumento, en relación con los artículos 1.1 del mismo y 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo ello con posterioridad al 26 de marzo de 1993, fecha en que el Estado reconoció la competencia de la Corte, en perjuicio de los familiares del niño Gerardo Vargas Areco. Asimismo, la Corte consideró pertinente admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por la violación al deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 4 y 5.1 de la Convención, leídos conjuntamente con el artículo 1.1 de la misma, todo ello con posterioridad al 26 de marzo de 1993, en perjuicio de los familiares del niño Gerardo Vargas Areco. Sin embargo, de conformidad con el artículo 53.2 del Reglamento, la Corte no considera procedente el allanamiento por la supuesta violación al derecho a las medidas especiales de protección a favor de los niños previsto en el artículo 19 de la Convención, en relación con los artículos 1.1, 2 y 7 de la misma, en perjuicio de los niños del Paraguay ni en perjuicio del niño Vargas Areco. La muerte del niño Vargas Areco ocurrió el 31 de diciembre de 1989, más de tres años antes de la fecha de reconocimiento de competencia. La supuesta violación de los derechos reconocidos en el artículo 19 de la Convención se habría consumado al momento de la muerte del niño Vargas Areco. De igual manera, el Estado ratificó la Convención el 24 de agosto de 1989, mientras que el reclutamiento del niño ocurrió el 26 enero de 1989. Por lo tanto, dado que el allanamiento del Estado abarca únicamente aquellas violaciones que ocurrieron con posterioridad al 26 de marzo de 1993, la Corte carece de competencia para juzgar al Estado por el reclutamiento y la permanencia de Vargas Areco en las fuerzas armadas en el año 1989, así como por su muerte en diciembre de dicho año.

En las consideraciones de la sentencia, la Corte estimó que el Estado no cumplió, con su obligación de llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, una investigación efectiva y completa de la presunta tortura y ejecución extrajudicial del niño Gerardo Vargas Areco. Asimismo, estimó que los procedimientos internos abiertos en el presente caso no han constituido recursos efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia por parte de los familiares de Gerardo Vargas Areco, dentro de un plazo razonable, que abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las presuntas torturas y la privación de la vida de Gerardo Vargas Areco. De ello se desprende la responsabilidad del Estado por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares del Niño Vargas Areco. Igualmente, la Corte consideró que la falta de cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar dicha muerte y la supuesta tortura afectó, con posterioridad al 26 de marzo de 1993, la integridad personal de los familiares del niño Vargas Areco. Ello constituye una violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 1



  1. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 

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