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Última modificación: 2008-07-15
Violación de la protección judicial cuando se consagra expresamente la prohibición de interponer un recurso de amparo que impida acceder a la justicia para reclamar los derechos que se consideran vulnerados

El Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), ocurre en un contexto histórico dentro del marco de la llamada ?racionalización del personal del Congreso de la República? del Perú. El 16 de abril de 1992 el ?Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional? emitió el Decreto Ley No. 25438 mediante el cual constituyó la Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso de la República, a la cual se le encargó que adoptara las medidas administrativas y dictara las acciones de personal que fueran necesarias. Mediante el Decreto Ley No. 25640 de 21 de julio de 1992 se autorizó la ejecución del proceso de racionalización del personal del Congreso de la República. El 6 de noviembre de 1992, el Presidente de la Comisión Administradora emitió dos resoluciones mediante las cuales fueron cesados 1110 funcionarios y servidores del Congreso, entre los cuales se encuentran las 257 víctimas del presente caso. Algunos trabajadores cesados interpusieron recursos administrativos ante el Congreso, a pesar de que el artículo 27 de la Resolución 1239-A-CACL, que impedía la impugnación ante la Comisión Administradora de sus propias decisiones. Además, estaba vigente el artículo 9 del Decreto que dispuso la ?racionalización del Congreso? que impedía interponer la acción de amparo contra los efectos del mismo. Seis trabajadores cesados del Congreso, entre ellas dos de las víctimas, habrían optado por acudir a la vía contencioso administrativa para que se declarara la nulidad de una de las resoluciones que decretaron su cese. En dos casos las acciones fueron declaradas fundadas y en cuatro no, aun cuando en ocasiones existían fundamentos de hecho prácticamente idénticos. No fue sino hasta marzo de 1995 que las presuntas víctimas interpusieron una acción de amparo ante el 28º Juzgado Especializado de lo Civil de Lima. Dicho Juzgado entró a analizar el fondo de lo alegado, declaró procedente el amparo e inaplicables las resoluciones que dispusieron el cese de los recurrentes. Sin embargo, el Procurador de la República apeló dicha sentencia ante la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia, la cual la revocó y declaró improcedente el amparo por considerar que el mismo estaba caducado, por no haber sido interpuesto dentro del plazo establecido por la ley, ya que no les era exigible el agotamiento de las vías previa administrativa. Por tanto, los trabajadores interpusieron un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, el cual confirmó la resolución de la Corte Superior de Justicia, bajo el mismo argumento de la caducidad.

Para la Corte lo resuelto por los tribunales internos en la jurisdicción contencioso administrativa en los seis casos, no surge claramente si debía agotarse la vía administrativa de previo a interponer una acción en la vía judicial. En este sentido no resultan claras la viabilidad o idoneidad de la jurisdicción contencioso administrativa para que las presuntas víctimas pudieran impugnar su cese. En cuanto a la normativa aplicada a las personas cesadas, el artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 prohibía expresamente la posibilidad de interponer la acción de amparo contra los efectos del mismo. La Corte estima que una normativa que contenga una prohibición de impugnar los eventuales efectos de su aplicación o interpretación no puede ser considerada en una sociedad democrática como una limitación válida al derecho a un real y efectivo acceso a la justicia de los destinatarios de esa normativa, el cual, a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, no puede ser arbitrariamente restringido ni reducido o derogado. La Corte consideró que el artículo 9 del Decreto Ley No. 26540 y el artículo 27 de la Resolución 1239-A-CACL de la Comisión Administradora contribuyeron a propiciar un clima de desprotección e inseguridad jurídica que impedía o dificultaba, en gran medida, a las personas afectadas que pudieran determinar con razonable claridad la vía idónea a la cual se podía o se debía acudir para reclamar los derechos que consideraran vulnerados. Esa situación de desprotección e inseguridad jurídica, propiciada por la vigencia del artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 en particular, se vio reflejada en que durante más de dos años las presuntas víctimas no intentaran interponer una acción de amparo. No obstante, cuando fue interpuesta ni la Corte Superior ni el Tribunal Constitucional entraron a considerar el fondo del asunto, sino que rechazaron el recurso por cuestiones de procedencia o admisibilidad del mismo. En el presente caso, los recursos internos existentes no fueron efectivos, ni individual ni en conjunto, para los efectos de una adecuada y efectiva garantía del derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas cesadas del Congreso peruano, en los términos de la Convención Americana. Con base en lo anteriormente expuesto, la Corte concluyó que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las 257 personas relacionadas en la Sentencia como víctimas. nota 1



  1. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 158 

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