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Última modificación: 2008-07-17
Vulneración del derecho a la vida por ejecuciones extrajudiciales de los internos por agentes estatales, que implicó el uso ilegítimo de la fuerza, con gran intensidad

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, en un contexto de sistemática violación a los derechos humanos en el Perú, se ejecutó el ?Operativo Mudanza 1? dentro del Penal Miguel Castro Castro, ubicado en la ciudad de Lima. Dicho operativo, que contó con la participación de agentes de la policía, del ejército y de fuerzas especiales, fue planificado desde las más altas esferas del gobierno, tuvo como objetivo atentar contra la vida e integridad de los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal, acusados de delitos de terrorismo vinculados al partido comunista del Perú, Sendero Luminoso. El ataque se realizó con armas muy lesivas, con explosiones, gases y humo, con disparos indiscriminados, en oscuridad total, en un espacio cerrado y en condiciones de hacinamiento. El operativo inició contra el pabellón de mujeres 1A del Penal y duró cuatro días, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, tiempo en el que los internos de los pabellones 1A y 4B vieron constantemente amenazadas sus vidas por la intensidad del ataque, y por la magnitud de los daños que producía. En el tercer día del ?operativo?, continuaron el ataque con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de mortero y granadas. Algunos internos, quienes el último día del ?operativo? anunciaron a los agentes estatales que iban a salir del pabellón 4B y pidieron que dejaran de disparar, al salir fueron recibidos por ráfagas de balas provenientes de disparos de agentes estatales. Los demás internos que también decidieron salir del pabellón 4B corrieron la misma suerte. Ese último día otro grupo de internos, quienes también se encontraban bajo el control de las autoridades estatales, fueron separados del grupo y ejecutados por agentes estatales. El Estado rechazó expresamente el ofrecimiento de intervención realizado por la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Después de concluido el ?operativo? una minoría de los internos heridos fueron llevados a los hospitales y murieron debido a que no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían. Otros internos que estaban heridos fueron mantenidos en las zonas del referido penal conocidas como ?tierra de nadie? y ?admisión? y no recibieran atención médica. Posteriormente fueron trasladados o reubicados en el mismo penal. En sus nuevos sitios, los internos sufrieron condiciones de detención y tratamiento incompatible con su dignidad personal, e incluyeron modalidades de castigo adicionales a la privación de la libertad en sí misma, que conllevaron graves lesiones, sufrimientos y daños a la salud de los internos. Finalmente perdieron la vida 41 personas identificadas y 185 internos lesionados. A los familiares no se les proporcionó ninguna ayuda para buscar e identificar los restos de sus familiares. Dentro de la investigación, no se realizaron actas de levantamiento de cadáveres, y solo hasta el 16 de junio de 2005, el Estado inició un proceso penal ante el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, en el que se encuentran 14 personas en calidad de imputados, entre los que figura el ex Presidente del Perú, en los cuales no se ha dictado sentencia. En noviembre de 1992, el Consejo Superior de Justicia de la II Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú declaró que no había mérito para la apertura de instrucción contra los miembros de la Policía Nacional.

Para la Corte al momento en que el Estado inició el ?operativo?, los internos no se encontraban amotinados y no se probó que existiera ninguna causal que ameritara el uso legítimo de la fuerza por los agentes estatales en ese primer acto del ataque. Por el contrario, el comportamiento observado por los agentes de seguridad, altas autoridades del Estado y otros funcionarios estatales durante el ?operativo?, así como con posterioridad a éste, y la magnitud del ataque que implicó el uso de armas de guerra, demuestran que se trató de un operativo ejecutado para atentar contra la vida e integridad de los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B. Los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad no tenían la finalidad de inmovilizar o persuadir a los internos, sino causar un daño irreparable a la vida de dichas personas. Las fuerzas de seguridad, en una actitud coherente con el fin que tenía el ?Operativo Mudanza 1?, no hicieron nada por utilizar otros medios que no fueran el uso de la fuerza letal. En estos casos es notaria la forma deliberada en que actuaron las fuerzas de seguridad para privar a los reclusos de la vida. Asimismo, las omisiones en la asistencia médica a los internos heridos respondieron a decisiones deliberadas y no a meros descuidos o negligencias, que dieron lugar a privaciones arbitrarias de la vida. Para la Corte las muertes cometidas contra las víctimas de este caso por agentes estatales, constituyen crímenes de lesa humanidad. Por lo anterior y de acuerdo al reconocimiento de responsabilidad parcial efectuado por el Estado, el Perú es responsable por la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el 1.1 de la misma, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados. nota 1



  1. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 160 

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