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Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales y a la protección judicial cuando el estado no ha proporcionado a los familiares un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos y la reparación de las consecuencias de las violaciones por tratos crueles, inhumanos o degradantes y muerte sufridos por la víctima, con discapacidad mental, en centro de atención psiquiátrico

En el Caso Ximenes Lopes, el señor Damião Ximenes Lopes, persona con discapacidad mental, fue internado el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, centro de atención psiquiátrica privado. Durante tres días de internación fue sometido a condiciones inhumanas y degradantes de hospitalización, al final de los cuales falleció de forma violenta. A pesar de que se había ejercido violencia contra el señor Damião Ximenes Lopes, el director clínico y médico de la Casa de Reposo Guararapes, que examinó a la presunta víctima luego de su muerte, diagnosticó la causa de la muerte como ?paro cardio respiratorio?. Como consecuencia de los hechos, el Instituto Médico Legal realizó la autopsia, en la cual concluyó que el caso se trataba de una ?muerte real de causa indeterminada?, y dejó constancia de la existencia de diversas lesiones, pese a lo cual no indicó cómo habrían sido provocadas. Tampoco describió el examen del cerebro de la presunta víctima. La investigación policial sobre la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, fue iniciada por la Comisaría Regional de Sobral el 9 de noviembre de 1999, 36 días después de lo ocurrido en la Casa de Reposo Guararapes. El 25 de febrero de 2000 la Comisaría Regional de Sobral remitió al Juez Titular de Sobral las investigaciones seguidas. El 27 de marzo de 2000 el Ministerio Público presentó ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral, la denuncia penal en contra de los presuntos responsables por los hechos. La Tercera Sala del Juzgado de Sobral tardó más de dos años en celebrar las audiencias destinadas a escuchar las declaraciones de testigos e informantes, y durante algunos períodos no ha realizado ninguna actividad tendiente a terminar el proceso. La falta de conclusión del proceso penal ha tenido como consecuencia que en la acción civil de resarcimiento tampoco se ha dictado sentencia de primera instancia. En consideración de la Corte, el protocolo de autopsia que se practicó al señor Damião Ximenes Lopes el 4 de octubre de 1999, no cumplió con las directrices internacionales reconocidas para las investigaciones forenses, ya que no indicó, entre otras, una descripción completa de las lesiones externas y del instrumento que las ocasionó. Hubo una falta a la debida diligencia de las autoridades estatales al no iniciar inmediatamente la investigación de los hechos, lo que impidió, entre otras cosas, la oportuna preservación y recolección de la prueba y la identificación de testigos oculares. Asimismo, los funcionarios estatales no preservaron ni realizaron una inspección de la Casa de Reposo Guararapes, ni efectuaron una reconstrucción de los hechos para explicar las circunstancias en que murió el señor Ximenes Lopes. Este Tribunal considera que este caso no es complejo. Hay una sola víctima, quien está claramente identificada y murió en una institución hospitalaria, lo que permite que la realización de un proceso penal en contra de presuntos responsables, quienes están identificados y localizados, sea simple. En el proceso penal, las autoridades competentes se han limitado a diligenciar la recepción de pruebas testimoniales. El plazo en que se ha desarrollado el procedimiento penal en el presente caso no es razonable, ya que a más de seis años, o 75 meses de iniciado, todavía no se ha dictado sentencia de primera instancia y no se han dado razones que puedan justificar esta demora. La Corte concluyó que el Estado no ha proporcionado a las familiares del señor Ximenes Lopes un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos, la investigación, identificación, procesamiento y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por lo tanto, el Estado tiene responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese mismo tratado, en perjuicio de la madre y hermana de la víctima. nota 1



  1. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 

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