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Última modificación: 2013-03-07
Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con los derechos a la vida y a la integridad personal: iniciación oportuna de investigación por muerte de un menor y falta de diligencia para obtener la extradición de un implicado

En el Caso Albán Cornejo y otros, los padres de la menor, Laura Albán, con quien existía una estrecha relación afectiva, interpusieron denuncio penal, para que se investigara la muerte de su hija, ocurrida en un Hospital privado en la ciudad de Quito, Ecuador, quien ingreso por una meningitis bacteriana y murió después de que el médico residente le aplicara una inyección de morfina para calmarle el dolor.

Antes de denunciar penalmente, habían acudido a un juzgado civil para obtener la historia clínica, que el Hospital había negado, posteriormente al Tribunal de Honor del Colegio Médico de Pichincha.

Los padres de la menor de edad después de solicitar de forma informal el análisis del expediente médico, recibieron como respuesta de otros médicos, en la que se señalaba que la causa de la muerte fue la morfina aplicada.

Las investigaciones penales contra dos médicos, por negligencia en la práctica médica, terminaron en uno de los casos el sobreseimiento por prescripción de la acción y en el otro se encontraba pendiente la resolución judicial.

El Estado ecuatoriano, en la audiencia ante la Corte, se allanó parcialmente, reconociendo las violaciones a los derecho de las garantía judiciales y a la protección judicial, derivado de ?la falta de impulso del proceso de extradición del médico residente?, uno de los encausados y a la del artículo 2 de la Convención Americana sobre derechos humanos, de adecuar el derecho interno a la citada Convención, lo que conllevó a que se cesara la controversia sobre ese hecho.

Sobre el aspecto penal, haciendo una síntesis, se tuvo por probado que la denuncia penal presentada por la madre de la menor en 1995, no fue recibida por el funcionario Ministro Fiscal General de la Nación. En 1996, la madre de la occisa, solicitó a la Fiscalía que asumiera la denuncia por la muerte de su hija, con celeridad, en tanto el término de prescripción de la acción eran diez años, dándose inicio a la investigación penal, después de varios trámites de la Fiscalía, enero de 1997, cuando se dictó auto cabeza de proceso.

Después de varias actuaciones procesales, la Fiscalía, el 20 de julio de 1998 presentó dictamen acusatorio contra los médicos, el tratante y el residente. El juez correspondiente, a finales del año 1998, dictó sobreseimiento provisional a favor de los médicos imputados. En este contexto y en conocimiento el caso por la Corte Superior de Justicia de Quito, decidió declarar la prescripción a favor de uno de los médicos y abierta la etapa del plenario para el otro, con la orden de embargo de sus bienes Los padres de la menor, interpusieron varios recursos, los cuales fueron resueltos negativamente a sus pretensiones.

En el año 2006, los padres informaron al Juzgado, que el médico cuya causa continuaba, se encontraba fuera del pais. Iniciado ese mismo año los trámites para solicitar la extradición, por el Juzgado de conocimiento ante la Corte Suprema, el juez de la causa declara, en octubre de 2007, la prescripción de la acción, como resultado de la respuesta a una solicitud de información que le había planteado la Corte.

La Corte estableció que el Estado fue responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial ?en los términos de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana-, en relación con los derechos a la vida e integridad personal y el deber de respeto de los derechos humanos -artículos 4, 5.1 y 1.1 de dicha Convención-, en perjuicio de los padres de la víctima, por cuanto: 1- No se inicio oportunamente la investigación sobre la muerte de la menor de edad y 2- La investigación para ubicar y obtener la extradición de uno de los médicos implicados en la conducta delictiva no fue seria ni diligente, como fue reconocido por el propio Estado.

La Corte declaró la violación a la integridad personal en relación con el deber de respeto de los derecho humanos ?arts. 5.1 y 1.1. de la Convención Americana-, en tanto que la falta de respuesta judicial para esclarecer la muerte de Laura Albán afectó la integridad personal de sus padres. nota 1



  1. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 171 

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