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Última modificación: 2013-06-25
Derecho a la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa: violación del derecho a las garantías judiciales y tardía notificación de la realización de prueba y ausencia de abogados defensores en su práctica

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza, ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

Durante el proceso el juez competente ordenó la práctica de una prueba ? ION SCANNER- en la fabrica de fabricación de hieleras, el día 7 de enero de 1998 y fue notificada a las partes dos horas y cincuenta minutos antes de practicarse la diligencia, que se realizó sin la presencia de los abogados defensores. Esta prueba fue la única prueba técnica en contra de las víctimas y que fundamento para llamar a plenario al señor Chaparro.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte encontró violado el derecho a la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa ?artículo 8.2 c) Convención Americana sobre derechos humanos-, contenido del derecho a las garantías judiciales, en tanto que la tardía notificación de la realización de la prueba impidió que los abogados defensores pudieran estar presente en su práctica. nota 1



  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 

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