› Observatorio de Justicia Constitucional
» Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2013-07-04
Violación del derecho a la libertad personal: privación de la libertad por fuera de la legislación interna; falta de presentación personal al juez y presentación tardía; y pérdida de efectividad de control judicial

En el Caso Bayarri, el señor Juan Carlos Bayarri fue detenido sin orden judicial previa el 18 de noviembre de 1991 por miembros armados y de civil de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, quienes lo llevaron, maniatado y vendado sus ojos, a un centro de detención clandestino. Esta detención se realizó en el marco de un sumario que inició la Comisión de Secuestros Extorsivos reiterados en la causa que tramitó el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción No. 25 de la Capital de la República Argentina.

Tanto la Constitución de la Nación Argentina, vigente al momento de los hechos, como el Código de Procedimiento en Materia Penal establecían respectivamente que nadie podía ser arrestado o constituido en prisión preventiva sin orden escrita de autoridad competente y con mayor precisión, el código procesal penal para la prisión preventiva, "sin orden escrita de Juez competente, expedida contra persona determinada, y a mérito de existir contra ella semiplena prueba de delito o indicios vehementes de culpabilidad". De acuerdo con la normativa vigente a los hechos, toda detención, salvo por delito in infraganti, debía efectuarse previa orden escrita de juez competente y la persona detenida ser puesta a disposición del juez competente para que resolviera, practicada las diligencias necesarias, sobre su libertad o la prisión preventiva.

En el 2005 dos instancias judiciales argentinas, un Juzgado Nacional de Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, establecieron que la detención de la víctima se produjo de manera ilegítima sin que existiera previa orden escrita de juez competente.

Está probado que la víctima fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Criminal, el día 19 de noviembre de 1991, por el Jefe de la División de Defraudaciones y Estafa de la Policía Federal Argentina y que el Secretario de dicho Juzgado ordenó mantener su detención.

Una semana después fue escuchado en indagatoria, sin que oportunamente se hubiere establecido la legalidad de la detención ni se hubiere ordenado examen médico, pese a que la víctima presentaba signos de traumatismo severo en rostro y oído. Finalizada la diligencia la víctima fue remitida a un centro penitenciario, decretándose la detención preventiva tres meses después. El juez de instrucción quien recibió la indagatoria no dejó constancia de las lesiones apreciables a simple vista que tenía la víctima ni sobre los exámenes médicos que le practicaron. Tampoco ordenó que se le realizara examen médico integral ni que se iniciara, tal como lo establecía la legislación argentina, una investigación que determinara el origen de las lesiones. Al contrario, por orden del juez la revisión practicada por un médico forense se limitó a la "evaluación de lesiones en los oídos".

El 20 de diciembre de 1991 se le impuso medida cautelar de prisión preventiva y fue confirmada en apelación en febrero de 1992; se le dictó en agosto de 2001 sentencia de primera instancia que lo condena a prisión perpetua y en el 2004, resolviendo la apelación interpuesta, se ordenó su libertad "al absolver[lo] libremente de culpa y de cargo". El proceso duró aproximadamente trece años en los que permaneció en prisión preventiva. La correspondiente autoridad judicial fundamentó la absolución en que la confesión que se obtuvo de la víctima fue "bajo la aplicación de tormentos", para lo cual se tuvo en cuenta los exámenes médicos que le fueron practicados en el transcurso de las dos primeras semanas de su detención que daban cuenta de las lesiones, y concluyó que los apremios y torturas fueron producidas por "parte del personal policial que intervino en el caso".

El abogado defensor denunció, el 23 de diciembre de 1991, los apremios a los que fue sometido la víctima y transcurrieron aproximadamente diecisiete años y la causa penal seguía tramitándose, sin resultados correspondientes.

La Convención Interamericana contra la Tortura entró en vigor para Argentina desde el 30 de abril de 1989 y por lo tanto, desde esa fecha fueron exigibles al Estado el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas ?artículo 22 de la Convención.

La Corte estableció la violación del derecho a la libertad individual ?artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, por la vulneración del derecho de la víctima detenida, a ser privada de la libertad solamente por las causas y en las condiciones previamente señaladas en la Constitución Política o la leyes expedidas conforme a ella ?artículo 7.2 de la Convención? y del derecho a ser puesta, sin demora, a disposición de un juez u otro funcionario con legales funciones judiciales y al control judicial de la privación de la libertad -artículo 7.5 de la Convención?, en tanto que: 1. la privación de la libertad no se ajustó a la legislación interna argentina; 2- la víctima privada de la libertad no fue inicialmente llevada personalmente al juzgado ni ante un juez; 3- su presentación posterior ante el juez fue tardía, 4- se despojó de efectividad el control judicial por la demora en la presentación personal ante juez, porque no se abordaron aspectos relacionados con la legalidad o no de la detención y ya que el juez que recibió indagatoria no ordenó examen médico correspondientes de quien como la víctima presentaba signos de traumatismo severo y 5- luego de rendir indagatoria fue ordenado el traslado de la víctima a un centro penitenciario sin decretarse detención preventiva como lo establece el código de procedimiento penal, lo que se hizo tres meses después.

La Corte señaló que la "intervención judicial no resultó un medio efectivo para controlar la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales encargados de la detención y custodia de Juan Carlos Bayarri y reestablecer sus derechos". nota 1



  1. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 187 

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-10-08
Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial

2013-09-13
La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada

2013-09-13
Obligación del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una institución estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
En la parte superior e inferior se encuentran los ítem anterior y siguiente de cada elemento.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad