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10. Principio de legalidad (artículo 9 de la convención)

10.1. Principio de legalidad y de retroactividad. delito no tipificado: ausencia de condena y juzgamiento y tribunal sin competencia

En el Caso Yvon Neptune, al señor Yvon Neptune, ex Primer Ministro de Haití durante el gobierno del ex presidente Jean Bertrand Aristrid, entre el 2002 hasta marzo de 2004, se le dictó una orden de arresto, en marzo de 2004, expedida por una Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia, como "inculpado de haber ordenado y participado en la masacre de la población de La Scierie (Saint-Marc) y en el incendio de varias casas en el curso del mes de febrero de 2004".

Estos hecho habían ocurrido en un contexto en Haití de polarización y violencia política, inseguridad pública, deficiencias institucionales, protestas, represiones y enfrentamientos entre los opositores del Presidente Aristide, que pedían su dimisión y sectores de la Policía Nacional, que culminaron con la salida del país del ex presidente a la República Central Africana y el establecimiento de un gobierno de transición.

Dicho gobierno solicitó la intervención de la Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, que estableció una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) y posteriormente la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, entre otros aspectos, para "proveer un entorno seguro y estable para el proceso constitucional y político haitiano, así como vigilar la situación de los derechos humanos en el país". En el 2006, Haití regresa a la legalidad constitucional expresado en la elección del Presidente de la República, señor René Préval.

De conformidad con la descripción de los hechos realizada por la Comisión Interamericana: un grupo antigubernamental se tomó, el 7 de febrero de 2004, tras varios día de combate, el destacamento de la policía de la ciudad de Saint-Marc, recuperado dos días después por la policía con la ayuda de un grupo progubernamental. Ese mismo día, 9 de febrero, se produce la visita del ex Primer Ministro, señor Neptune, en donde exhorta a la policía a imponer el orden y defender la ciudad de las bandas que se dirigían por esa ciudad hacia la capital de Haití, Port ? au ? Prince. Dos días después, a la mencionada visita, la policía y el grupo de civiles que la apoyaban ingresaron a un barrio de la ciudad, considerado bastión del grupo antigubernamental, y según los informes como resultado del enfrentamiento resultaron varias personas muertas y heridas y se habría quemado y ejercido vandalismo sobre viviendas y automóviles ?Según testigos, algunas personas fueron deliberadamente quemadas en sus casas. [?]?

En este contexto, dos días después de ordenado el arresto del señor Neptune , el gobierno le prohibió salir del país. Posteriormente, en junio de 2004, el imputado se presenta y se entrega a la policía , tras haberse enterado por radio de la orden de arresto. Al momento del arresto se le enseñó la orden respectiva, pero de acuerdo con la Comisión Interamericana no se le informó sobre las razones de su detención ni sobre cuáles eran sus derechos. Se le detuvo en una penitenciaría nacional, después en el anexo de tal penitenciaría, para luego, dos años y un mes después, ser liberado por razones humanitarias.

Esta liberación "por razones humanitarias" fue ordenada por la Corte de Apelaciones de Gonaïves, por aplicación de la action en main levée (libertad provisional bajo el artículo 80 del Código de Instrucción Criminal), quedando sin embargo a disposición de la justicia para todo asunto relacionado con la acusación, es decir que el proceso penal continuó.

En cuanto al desarrollo procesal, el 25 de mayo de 2005 el señor Neptune compareció ante la Jueza de Instrucción encargada para efectos de la legalidad de su detención. Solo hasta el cierre de la investigación, el 14 de septiembre de ese mismo año, se le formularon formalmente los cargos, por conductas relacionadas con la masacre de la Scierie ocurrida el 11 de febrero de 2004; se interpuso recurso de apelación contra el auto de cierre; el fiscal del caso recomendó, en las audiencias, retirar los cargos contra la víctima por falta de pruebas y se solicitó su libertad provisional, petición que fue rechazada.

La Corte de apelaciones además de ordenar la libertad del señor Neptune por razones humanitarias, también señaló que en su caso, dada su calidad de Primer Ministro al momento de los hechos, el procedimiento que debía seguirse, de acuerdo con la Constitución de la República de Haití, era de naturaleza política ante el Senado, constituido en Alta Corte de Justicia, sin que por otro lado. Tal decisión no le fue notificada al imputado, no constituye absolución ni implica que no pueda sometérsele a proceso penal, puede ser apelada en casación y no valoró las cusas y fines d su privación de las libertad ni de la su responsabilidad.

De la Constitución y legislación de la República de Haití en relación con la Alta Corte de Justicia, se estableció que no existe claridad sobre los procedimientos para su conformación y los que se deben seguir ante ella ni tampoco cuáles son las garantías de quienes deban ser sometidas a su competencia.

La Corte estableció que el Estado no violó el principio de legalidad y de retroactividad penal -artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, porque el implicado no fue juzgado ni condenado con base en el contenido de un auto que calificó la conducta como masacre, no tipificada en el código penal haitiano y en cuanto que dicho auto fue dictado por un tribunal que carecía de competencia para hacerlo. nota 1

  1. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Sentencia Serie C. No. 180 
10.2. Violación del principio de legalidad por ambigüedad o indeterminación en la formulación de los tipos penales

Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, la Corte ha señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos, y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. nota 1

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte advierte que las conductas típicas descritas en los Decretos-Leyes -terrorismo y traición a la patria- son similares en diversos aspectos fundamentales. La traición a la patria constituye una figura de "terrorismo agravado", a pesar de la denominación utilizada por el legislador. Ambos decretos-leyes se refieren a conductas no estrictamente delimitadas por lo que podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como de otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos y de la propia policía. La existencia de elementos comunes y la imprecisión en el deslinde entre ambos tipos penales afecta la situación jurídica de los inculpados en diversos aspectos: la sanción aplicable, el tribunal del conocimiento y el proceso correspondiente. En efecto, la calificación de los hechos como traición a la patria implica que conozca de ellos un tribunal militar "sin rostro", que se juzgue a los inculpados bajo un procedimiento sumarísimo, con reducción de garantías, y que les sea aplicable la pena de cadena perpetua. La Corte ha dicho que el sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen. La protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en este caso, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 9 de la Convención. nota 2

En el Caso Cantoral Benavides, considera la Corte que las definiciones de los delitos de terrorismo y traición a la patria por los cuales se acusó a Cantoral Benavides, utilizan expresiones de alcance indeterminado en relación con las conductas típicas, los elementos con los cuales se realizan, los objetos o bienes contra los cuales van dirigidas, y los alcances que tienen sobre el conglomerado social. La Corte concluye que el Estado de Perú violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 9 de la Convención. nota 3

  1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111  Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia serie C No. 119 . Caso de la Cruz Flórez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 115 .
  2. Caso Castillo Petruzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  3. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 .
10.3. Violación del principio de legalidad al condenar con base en dos tipos penales que por sus características son excluyentes e incompatibles entre sí y de retroactividad por ley que no se encontraba vigente al momento de los hechos

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Wilson García Asto fue detenido en forma ilegal el 30 de junio de 1995 por personal de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo - DINCOTE por encontrarse en su poder supuesta documentación de ?carácter subversivo?. En el primer proceso seguido contra el señor Wilson García Asto se invocaron y aplicaron los delitos de colaboración con el terrorismo y el delito de afiliación a organizaciones terroristas establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley No. 25.475, respectivamente, en los que se fundó la condena dictada el 18 de abril de 1996 por la Sala Especial de Terrorismo de la Corte Superior de Lima. La Corte observa que los delitos de colaboración con el terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas son tipos penales que por sus características son excluyentes e incompatibles entre sí. El Tribunal estima que calificar una conducta con ambos tipos penales, colaboración con el terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley No. 25.475, respectivamente, es incompatible con el principio de legalidad establecido en la Convención, por tratarse de tipos penales excluyentes e incompatibles entre sí. Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta el reconocimiento de los hechos ocurridos con anterioridad a septiembre de 2000 hecho por el Estado, la Corte consideró que el Estado violó el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Wilson García Asto, al condenarlo en el primer proceso de manera conjunta por los delitos de colaboración y afiliación a organizaciones terroristas en el primer proceso seguido en su contra.

En el mismo Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido ilegalmente y por la mera sospecha, el 27 de julio de 1991 por personal de la DINCOTE cuando se encontraba enfermo y sin que se configurara flagrante delito. El señor Urcesino Ramírez Rojas fue sometido a dos procesos penales en el fuero ordinario. El primer proceso se llevó a cabo ante jueces sin rostro y fue condenado a veinticinco años de pena privativa de libertad mediante sentencia de 30 de septiembre de 1994, dictada por la Corte Superior de Justicia de Lima por el delito de terrorismo agravado tipificado en el artículo 320, incisos 1 y 5 del Código Penal de 1991, por una serie de hechos delictivos ocurridos en los años de 1987, 1988, 1989 y 1990. En relación con el principio de no retroactividad la Corte observa que en el primer proceso cursado en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas le fueron imputados ciertos actos que se llevaron a cabo con anterioridad a la entrada en vigor del Código Penal de 1991, hechos delictivos ocurridos en los años de 1987, 1988, 1989 y 1990. Por lo anterior, tomando en cuenta el reconocimiento de los hechos anteriores a septiembre de 2000 realizado por el Estado, la Corte consideró que el Estado violó el principio de no retroactividad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas, al aplicar el Código Penal de 1991 de manera retroactiva en el primer proceso llevado en su contra. nota 1

  1. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 137 
10.4. Violación del principio de legalidad y de retroactividad por ley que no se encontraba vigente al momento de los hechos

En el Caso Baena Ricardo y otros, al parecer de la Corte, de conformidad con el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, el Estado se encuentra impedido de ejercer su poder punitivo en el sentido de aplicar de modo retroactivo leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstancias agravantes o creen figuras agravadas de delito. Asimismo, tiene el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punible o perseguible. nota 1

Baena Ricardo, entre 270 trabajadores del sector público, realizaba una manifestación en reclamación de derechos laborales, que coincidió con un intento de toma militar realizado por otro grupo, razón por la cual la manifestación fue suspendida. Posteriormente, con base en la Ley 25, fueron destituídos los trabajadores que participaban en las manifestaciones por ?atentar contra la democracia?.

La Corte señaló que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Por lo tanto, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. En lo que concierne al principio de legalidad, la Ley 25 de Panamá sólo contenía un concepto muy amplio e impreciso sobre posibles conductas ilícitas, cuyas características específicas no se establecían puntualmente, y que sólo se caracterizaban bajo el concepto de participación en actos contrarios a la democracia y el orden constitucional. En el Caso Baena Ricardo, la Ley 25 se aplicó retroactivamente. Las cartas de despido entregadas a los trabajadores contienen actos administrativos dictados según una ley que no existía al momento de los hechos. A los trabajadores despedidos se les informaba que su destitución se debía a la participación en la organización, llamado o ejecución de acciones que atentaron contra la democracia y el orden constitucional y señalaban a la participación en el paro nacional como la conducta atentatoria de la democracia y el orden constitucional. Por todo ello, la Corte concluye que el Estado violó los principios de legalidad y de irretroactividad consagrados en el artículo 9 de la Convención, en perjuicio de los 270 trabajadores. nota 2

  1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 . Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 . Caso de la Cruz Flórez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 115 .
  2. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panama. Sentencia Serie C. No. 72 .
10.5. Violación del principio de legalidad por incluir la peligrosidad del agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones

En el Caso Fermín Ramírez, la imposición de la pena de muerte por parte del Tribunal de Sentencia Penal, que tuvo en cuenta las circunstancias agravantes del delito relativas a la peligrosidad social del procesado, se basó en la aplicación del artículo 132 del Código Penal de Guatemala, que tipifica y sanciona el asesinato. Del penúltimo párrafo de ese precepto se desprende la posibilidad de que el juez condene al imputado a una u otra pena con base en el juicio de peligrosidad del agente.

En sentir de la Corte, el ejercicio del ius puniendi estatal de Guatemala se basa en las características personales del agente y no del hecho cometido. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán, connotación absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. Por lo anterior, la corte expresó que la introducción en el texto penal de la peligrosidad del agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones, es incompatible con el principio de legalidad criminal y, por ende, contrario a la Convención. nota 1

  1. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 126 .
10.6. Violación del principio de legalidad por incumplir el principio de retroactividad de la norma penal más favorable

En el Caso Baena Ricardo y otros, la Corte expresó que el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 de la Convención, al indicar que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de la misma, ya que la Convención no establece un límite en este sentido. nota 1

En el Caso Ricardo Canese, la Corte resolvió declarar la responsabilidad del Estado de Paraguay por incumplir el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, puesto que, durante un período de aproximadamente cuatro años en el cual estuvo en vigencia un nuevo Código Penal que contenía normas más favorables que las aplicadas en las sentencias condenatorias al señor Canese, dicha normativa más favorable no fue tomada en cuenta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, a pesar de los recursos planteados por el señor Canese solicitando la revisión de su condena, así como tampoco fue considerada de oficio por el juez competente. nota 2

  1. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panama. Sentencia Serie C. No. 72 .
  2. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .

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