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13. Libertad de pensamiento y expresión (artículo 13 de la convención)

13.1. Violación de la libertad de pensamiento y de expresión por la prohibición de exhibir una película

En el Caso La Última Tentación de Cristo una firma productora solicita permiso al Consejo de Calificación cinematográfica para rodar en Chile la película ?La Última Tentación de Cristo?, porque el artículo 19 de la Constitución Política de Chile de 1980 establece un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. En segunda instancia es permitido el rodaje, pero un grupo de ciudadanos interponen en su nombre, en el de Jesús y en el de la Iglesia Católica, un recurso de protección solicitando impedir la presentación del filme, que es decidido a su favor y así se impide la presentación de la película.

De acuerdo con la Corte, quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, así como el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social. Sobre la dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. De modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. Con respecto a la dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. El artículo 13.4 de la Convención establece una excepción a la censura previa, al permitirla en el caso de los espectáculos públicos pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. Estima la Corte, que la prohibición de la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo" constituyó, por lo tanto, una censura previa impuesta y declara que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de los denunciantes (artículo 13 de la Convención). nota 1

  1. Caso La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 73 .
13.2. Violación de la libertad de pensamiento y expresión por actos de censura previa expresados en la prohibición de publicación de un libro

En el Caso Palamara Iribarne, el señor Palamara Iribarne ingresó a la Armada de Chile en 1972 y su retiro como militar se produjo a partir del 1 de enero de 1993. A finales de 1992 escribió el libro ?Ética y Servicios de Inteligencia". El contenido se refería al rol de la inteligencia a nivel general, analizada desde la perspectiva ética y no contenía ninguna información clasificada. Aproximadamente en los últimos días del mes de enero y principios de febrero de 1993, el señor Palamara Iribarne encargó a la imprenta Ateli la edición de 1000 ejemplares de su libro. El 9 de febrero de 1993 se inscribió el libro en el registro de propiedad intelectual, tanto en la Biblioteca del Congreso Nacional de los Estados Unidos de América, como en la Biblioteca Nacional de Chile. El Jefe del Estado Mayor General de Chile negó la autorización para publicar el libro dado que se estimaba que su contenido atentaba contra la ?seguridad y la defensa nacional?. El señor Palamara Iribarne manifestó que estaba dispuesto a publicar su libro sin autorización. El Comandante en Jefe de la III Zona Naval ordenó oralmente al señor Palamara Iribarne que detuviera dicha publicación. También se ordenó incautar los antecedentes del libro en la imprenta y se suprimió la información electrónica de las computadoras del señor Palamara Iribarne y de la imprenta.

A pesar de que el libro se encontraba editado y que el señor Palamara Iribarne contaba con casi 1000 ejemplares y con panfletos de promoción, no pudo ser efectivamente difundido mediante su distribución en las librerías o comercios de Chile y, por consiguiente, el público no tuvo la opción de adquirir un ejemplar y acceder a su contenido tal como era la intención del señor Palamara Iribarne. Como consecuencia de la negativa del señor Palamara Iribarne de detener la publicación del libro y por la falta de solicitar autorización para publicarlo, se inició en su contra un proceso penal en el Juzgado Naval de Magallanes por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. El 26 de marzo de 1993 el señor Humberto Antonio Palamara Iribarne ante un periódico, realizó comentarios críticos sobre el proceso que se le seguía. Luego de las referidas declaraciones al señor Palamara Iribarne se le imputó otro delito de desobediencia de órdenes impartidas por un superior jerárquico. Estos procesos culminaron con sanciones penales y militares. En la sentencia condenatoria por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares se dictó la orden de comiso de los libros y el material relacionado.

En sentir de la Corte el libro ?Ética y Servicios de Inteligencia?, así como las declaraciones efectuadas por el señor Palamara Iribarne que fueron publicadas en medios de comunicación, implicaban el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, mediante la difusión de sus pensamientos e ideas. Por tanto, las medidas de control adoptadas por el Estado para impedir la difusión del libro constituyeron actos de censura previa no compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, dado que no existía ningún elemento que, a la luz de dicho tratado, permitiera que se afectara el derecho a difundir abiertamente su obra, protegido en el artículo 13 de la Convención. La Corte estimó que a través de la aplicación del delito de desacato, se utilizó la persecución penal de una forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, por lo cual se privó al señor Palamara Iribarne del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en relación con las opiniones críticas que tenía respecto de asuntos que le afectaban directamente y guardaban directa relación con la forma en que las autoridades de la justicia militar cumplían con sus funciones públicas en los procesos a los que se vio sometido. Por todo lo expuesto, la Corte consideró que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, por los actos de censura previa y por las restricciones al ejercicio de este derecho impuestos, y que incumplió la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de dicho tratado. Asimismo, al haber incluido en su ordenamiento interno normas sobre desacato contrarias al artículo 13 de la Convención, algunas aún vigentes, indicó que Chile había incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno emanada del artículo 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
13.3. Violación de la libertad de pensamiento y de expresión por decisión judicial de suspender el ejercicio de derechos accionarios a presidente de canal de televisión

En el Caso Ivcher Bronstein, la Corte reitera su jurisprudencia sobre la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Considera que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención. La importancia de este derecho destaca aún más al analizar el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática, cuando son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Asimismo es fundamental que los periodistas que laboran en dichos medios gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad. El mismo concepto de orden público reclama que en una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. La libertad de expresión no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. No sólo implica que compete a los medios de comunicación la tarea de transmitir información e ideas relativas a asuntos de interés público, sino también que el público tiene el derecho a recibirlas. Al evaluar una supuesta restricción o limitación a la libertad de expresión, el Tribunal no debe sujetarse únicamente al estudio del acto en cuestión, sino que debe examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad, incluyendo las circunstancias y el contexto en los que éstos se presentaron. La libertad de expresión, deja un margen muy reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público. Los límites de críticas aceptables son más amplios con respecto al gobierno que en relación a un ciudadano privado o inclusive a un político. En un sistema democrático las acciones u omisiones del gobierno deben estar sujetas a exámenes rigurosos, no sólo por las autoridades legislativas y judiciales, sino también por la opinión pública. nota 1

En el presente caso se ha establecido que en 1997 el señor Ivcher era el accionista mayoritario de la empresa operadora del Canal 2 de la televisión peruana; era Director y Presidente del Directorio de dicha Compañía y se encontraba facultado para tomar decisiones editoriales respecto de la programación. El Canal 2 difundió en el programa Contrapunto, reportajes de interés nacional, como las denuncias sobre posibles abusos de miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército y los supuestos ingresos millonarios percibidos por el señor Vladimiro Montesinos, asesor del Servicio de Inteligencia del Perú. Varios testimonios ilustraron la amplia cobertura que tenía el Canal 2, en todo el país. Tanto el señor Ivcher como los periodistas que laboraban en el programa tenían el derecho pleno de investigar y difundir hechos de interés público como los denunciados, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión. También se ha demostrado que, como consecuencia de la línea editorial asumida por el Canal 2, el señor Ivcher fue objeto de acciones intimidatorias de diverso tipo. El Director General de la Policía Nacional informó que no se había localizado el expediente en el que se tramitó el título de nacionalidad del señor Ivcher, y que no se había acreditado que éste hubiera renunciado a su nacionalidad israelí, razón por la cual, mediante una ?resolución directoral?, se dejó sin efecto el mencionado título de nacionalidad. Como consecuencia de lo anterior, el Juez Percy Escobar ordenó que se suspendiera el ejercicio de los derechos del señor Ivcher como accionista mayoritario y Presidente de la Compañía y se revocara su nombramiento como Director de la misma, se convocara judicialmente a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para elegir un nuevo Directorio y se prohibiera la transferencia de las acciones de aquél. Además, otorgó la administración provisional de la Empresa a los accionistas minoritarios, hasta que se nombrase un nuevo Directorio, retirando así al señor Ivcher Bronstein del control del Canal 2. La Corte ha constatado que, después de que los accionistas minoritarios de la Compañía asumieron la administración de ésta, se prohibió el ingreso al Canal 2 de periodistas que laboraban en el programa Contrapunto y se modificó la línea informativa de dicho programa. La Corte observa que la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboraban e investigaban para el programa Contrapunto. Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, y afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13.1 y 13.3 de la Convención, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. nota 2

  1. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia. Serie C. No. 74 .
  2. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 74 .
13.4. Violación de la libertad de pensamiento y de expresión por la prohibición de expresarse en el idioma de su elección a un interno en centro carcelario, porque dicha medida lesiona la individualidad del detenido y no obedece a condiciones de seguridad o a necesidades de tratamiento

En el Caso López Álvarez, el 27 de abril de 1997, la víctima fue privada de su libertad personal, por posesión y tráfico ilícito de estupefacientes y sobre la misma el Juzgado del conocimiento dictó auto de prisión preventiva, el 2 de mayo de 1997. Dentro del proceso, la sustancia decomisada fue objeto de dos análisis, uno el 14 de mayo de 1997 y otro el 4 de mayo de 1998, respectivamente, cuyos resultados fueron contradictorios. El 29 de mayo de 2003, la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Honduras, confirmó el fallo que absolvió al señor López Álvarez; sin embargo, éste permaneció detenido hasta el 26 de agosto de 2003. En el presente caso, en el año 2000 el Director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garífuna de dicho centro penal, en la cual se incluía el señor Alfredo López Álvarez, a hablar en su idioma materno. En sentir de la Corte, dicha medida negó a la presunta víctima expresarse en el idioma de su elección. Tal medida no fue justificada por el Estado. Dicha prohibición lesiona la individualidad del detenido y no obedece a condiciones de seguridad o a necesidades de tratamiento. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, y por el incumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. nota 1

  1. Caso López álvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 
13.5. La dimensión individual y social del derecho a la libertad de expresión deben ser protegidas conjuntamente

Con respecto al artículo 13 del la Convención, la Corte ha señalado, que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social.

La primera se refiere a que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; mientras la segunda, por otro lado, se refiere a un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

En este sentido la Corte ha determinado que ambas dimensiones deben ser protegidas conjunta y efectivamente. nota 1

En el Caso Ricardo Canese, la Corte reiterando lo dicho en el Caso Ulloa Herrera, decide que al restringir el derecho de libertad del señor Canese por sancionarlo posteriormente a las declaraciones que hizo sobre un candadito presidencial en la arena electoral cuando el mismo era candidato a la presidencia, condujeron a violar tanto la dimensión individual como la social del derecho a la libertad de expresión.

?Las declaraciones por las que el señor Canese fue querellado, efectuadas en el marco de la contienda electoral y publicadas en dos diarios paraguayos, permitían el ejercicio de la libertad de expresión en sus dos dimensiones. Por un lado permitían al señor Canese difundir la información con que contaba respecto de uno de los candidatos adversarios y, por otra parte, fomentaban el intercambio de información con los electores, brindándoles mayores elementos para la formación de su criterio y la toma de decisiones en relación con la elección del futuro Presidente de la República.? nota 2

  1. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia Serie C. No. 107 .
  2. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
13.6. La libertad de pensamiento y de expresión es indispensable en la formación de una sociedad democrática por lo que el margen de restricciones a este derecho debe ser reducido cuando se trata sobre actividades de interés público

Al parecer de la Corte el derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención es uno de aquéllos íntimamente ligados con la formación de un Estado democrático.

?Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.?

Al respecto, en el Caso Herrera Ulloa, la Corte decide declarar la violación del derecho de libertad de expresión del periodista Herrera Ulloa puesto que con la sentencia condenatoria que profiere el Estado de Costa Rica, se le estaba restringiendo su derecho de manera injustificada.

Mauricio Herrera Ulloa, periodista del diario ?La Nación? de Costa Rica, publicó una serie de artículos que vinculaban a un diplomático costarricense en Viena con conductas ilícitas. El diplomático fue destituido del cargo e interpuso ciertas acciones judiciales en contra del señor Herrera Ulloa y el representante del diario ?La Nación? por los delitos de calumnia difamación, calumnias y publicación de ofensas, a raíz de la publicación de los artículos mencionados anteriormente. El tribunal penal condena al señor Herrera y al representante de ?La Nación? por tales delitos así como al pago del correspondiente resarcimiento. Este tribunal también ordena la publicación de la sentencia condenatoria en el diario ?La Nación? así como el establecimiento de un enlace en internet entre el nombre del diplomático y la parte dispositiva de la sentencia condenatoria. El señor Herrera se abstuvo de publicar información relativa al diplomático. El apoderado del señor Herrera interpuso el recurso de casación contra la sentencia condenatoria el cual fue resuelto negativamente por los mismos jueces que le concedieron el recurso cuando éste fue interpuesto por el diplomático. Esta decisión dejó en firme la sentencia condenatoria. Ante la demanda interpuesta ante la Corte Interamericana por el señor Herrera, el tribunal penal decidió suspender la ejecución de la sentencia condenatoria hasta que esta Corte profiriera su fallo.

Igualmente en el Caso Ricardo Canese la Corte estima que las declaraciones por las que el señor Canese fue querellado se dieron durante el debate de la contienda electoral a la Presidencia de la República, en un contexto de transición a la democracia. Es decir, las elecciones presidenciales en las que participó el señor Canese, en el marco de las cuales realizó sus declaraciones, formaban parte de un importante proceso de democratización en el Paraguay, haciendo imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión como mecanismo para la construcción de una verdadera sociedad democrática, por lo que la sentencia condenatoria proferida en contra del excandidato presidencial restringieron injustificadamente su libertad de expresión. nota 1

Al saber de la Corte puesto que el control democrático, por parte de la sociedad se hace a través de la opinión pública, en tanto ésta fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, cuando la actividad del periodista, y en general de cualquier persona que trata de manera crítica las funciones de un servidor público, las restricciones al derecho de libertad de expresión deben ser aún menores puesto que el debate se da sobre cuestiones de interés público. En estos casos se debe recordar, sin embargo que de modo alguno el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas, en concordancia con el artículo 11 de la Convención, no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático. nota 2

  1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
  2. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia Serie C. No. 107 . Ver también caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
13.7. Violación de derecho a la libertad de expresión, uso arbitrario del poder punitivo del estado, protección de las opiniones en asuntos públicos y debate público de las actuaciones oficiales de los funcionarios públicos en una sociedad democrática

En el Caso Kimel, el historiador, periodista, escritor e investigador argentino Eduardo Kimel, publicó a finales de año de 1989 un libro titulado "La masacre de San Patricio", en donde analizó el asesinato de cinco religiosos, consumados en la última dictadura militar en Argentina, el 4 de julio de 1976. En la mencionada publicación, en relación con la actuación del juez que investigó la masacre, en resumen expreso que el funcionario había cumplido con la mayoría de los requisitos investigativos de carácter formal, pero que hubo desconocimiento ostensible de los elementos para el esclarecimiento del caso, se dijo en el libro que "La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto".

En octubre del año 1991, el Juez mencionado por el escritor argentino en su libro puso acción penal contra el autor del libro por el delito de calumnia. En septiembre de 1995 el juzgado penal correspondiente lo condenó en primera instancia por injurias, a la pena de prisión de un año, en suspenso y al pago por reparación del daño de la suma de $20.000,00 pesos argentinos. La condena fue revocada, en noviembre de 1996, por la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por el fallo respuesta a la apelación interpuesta, en donde estableció que no existía ni el delito de calumnia ni el de injuria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia absolutoria, en diciembre de 1998, por considerarla arbitraria, en fallo que resolvió el recurso extraordinario que le fue interpuesto. El fallo ordena la remisión de la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal para que dictara nueva sentencia.

La Cámara de Apelaciones, en marzo de 1999, de conformidad con los planteos de la Corte, mantuvo la sentencia condenatoria de primera instancia en cuanto a las penas, variando la tipificación de la conducta al delito de calumnia. Contra la sentencia condenatoria el señor Kimel interpuso, en primer lugar, el recurso extraordinario y posteriormente un recurso de queja. El primero fue declarado improcedente y el segundo fue rechazado in limine -14 de septiembre de 2000- quedando en firme la condena.

La Corte estableció que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión, porque existió abuso del ejercicio del poder punitivo, con fundamento en los hechos imputados, las consecuencias sobre los bienes jurídicos del querellante y la privación de libertad a la víctima, en tanto que: 1- la imprecisa tipificación de los delitos de injuria y calumnia, lo que puede ser contraria "al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal"; 2- la desproporcionada medida restrictiva de la libertad en relación con el pretendido derecho a la honra del juez, por el contenido de las afirmaciones que no implicaban comisión de y correspondía a opiniones o juicios de valor sobre asuntos de interés público, protegidas en la sociedades democráticas y por la calidad del querellante como funcionario, en tanto que sus actuaciones públicas, en una sociedad democrático están sometidas al debate público. nota 1

  1. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 177 
13.8. Las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática

La Convención Americana, en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática. nota 1

Aplicando lo anteriormente expuesto, en el Caso Ricardo Canese, la Corte considera que el proceso penal, la consecuente condena impuesta al señor Canese durante más de ocho años y la restricción para salir del país aplicada durante ocho años y casi cuatro meses, constituyeron una sanción innecesaria y excesiva por las declaraciones que emitió la presunta víctima en el marco de la campaña electoral, respecto de otro candidato a la Presidencia de la República y sobre asuntos de interés público; así como también limitaron el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública y restringieron el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión del señor Canese de emitir sus opiniones durante el resto de la campaña electoral. De acuerdo con esta circunstancia, no existía un interés social imperativo que justificara la sanción penal, pues se limitó desproporcionadamente la libertad de pensamiento y de expresión de la presunta víctima sin tomar en consideración que sus declaraciones se referían a cuestiones de interés público. nota 2

  1. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia Serie C. No. 107 .
  2. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
13.9. Violación del principio de legalidad penal por imprecisa tipificación de los delitos de injuria y calumnia

En el Caso Kimel Vs. Argentina, el historiador, periodista, escritor e investigador argentino Eduardo Kimel, publicó a finales de año de 1989 un libro titulado "La masacre de San Patricio", en donde analizó el asesinato de cinco religiosos, consumados en la última dictadura militar en Argentina, el 4 de julio de 1976. En la mencionada publicación, en relación con la actuación del juez que investigó la masacre, en resumen expreso que el funcionario había cumplido con la mayoría de los requisitos investigativos de carácter formal, pero que hubo desconocimiento ostensible de los elementos para el esclarecimiento del caso, se dijo en el libro que "La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto".

En octubre del año 1991, el Juez mencionado por el escritor argentino en su libro puso acción penal contra el autor del libro por el delito de calumnia. En septiembre de 1995 el juzgado penal correspondiente lo condenó en primera instancia por injurias, a la pena de prisión de un año, en suspenso y al pago por reparación del daño de la suma de $20.000,00 pesos argentinos. La condena fue revocada en noviembre de 1996 por la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por el fallo respuesta a la apelación interpuesta, en donde estableció que no existía ni el delito de calumnia ni el de injuria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia absolutoria, en diciembre de 1998, por considerarla arbitraria, en fallo que resolvió el recurso extraordinario que le fue interpuesto. El fallo ordena la remisión de la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal para que dictara nueva sentencia.

La Cámara de Apelaciones, en marzo de 1999, de conformidad con los planteos de la Corte, mantuvo la sentencia condenatoria de primera instancia en cuanto a las penas, variando la tipificación de la conducta al delito de calumnia. Contra la sentencia condenatoria el señor Kimel interpuso, en primer lugar, el recurso extraordinario y posteriormente un recurso de queja. El primero fue declarado improcedente y el segundo fue rechazado in limine -14 de septiembre de 2000- quedando en firme la condena.

La Corte encontró violados el principio de legalidad, en relación con el deber de respeto de los derechos humanos y el de adoptar en el derecho interno disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos para hacer efectivo los derechos y libertades allí contenidos, en tanto que en el derecho interno, la tipificación penal era imprecisa para los delitos de calumnias e injurias. nota 1

  1. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 177 
13.10. Violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión cuando se desconoce el derecho de acceso a la información bajo el control del estado.

En el Caso Claude Reyes y otros, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile es el único organismo estatal autorizado para aceptar el ingreso de capitales del exterior acogidos y para establecer los términos y condiciones de los respectivos contratos. La Fundación Terram es una organización no gubernamental que tiene por finalidad, entre otras, promover la capacidad de la sociedad civil para responder a decisiones públicas sobre inversiones relacionadas con el uso de los recursos naturales en Chile. El señor Marcel Claude Reyes, en su calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Terram, mediante carta calendada 7 de mayo de 1998, se dirigió al Comité de Inversiones Extranjeras para solicitar información de interés público relacionada con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado y dos empresas extranjeras y una empresa chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal denominado ?Proyecto Río Cóndor? que por el impacto ambiental que podía tener generó gran discusión pública. Al solicitar la información al Comité de Inversiones Extranjeras, el señor Marcel Claude Reyes se propuso evaluar los factores comerciales, económicos y sociales del proyecto, medir el impacto sobre el medio ambiente y activar el control social respecto de la gestión de órganos del Estado que tienen o han tenido injerencia en el desarrollo de dicho proyecto. Con similar sentido fiscalizador, el señor Arturo Longton Guerrero, diputado de la República, acudió a pedir información preocupado por la posible tala indiscriminada de bosque nativo en el extremo sur de Chile. En reunión sostenida el 19 de mayo de 1998 con el Vicepresidente del referido Comité y la participación de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero les fue entregada parte de la información solicitada. Los días 3 de junio y 2 de julio de 1998 el señor Marcel Claude Reyes remitió dos comunicaciones al Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras mediante las cuales reiteró su pedido de información. El mencionado funcionario no adoptó una decisión escrita en la cual fundamentara la denegatoria de entregar la información que faltaba por suministrar. Posteriormente, las víctimas interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de julio de 1998, que fue declarado improcedente.

En el presente caso, la Corte estimó que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a ?buscar? y a ?recibir? ?informaciones?, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Respecto de los hechos, la Corte estimó como evidente que la información que no fue entregada por el Estado era de interés público, y que la solicitud de información guardaba relación con la verificación del adecuado actuar y cumplimiento de funciones por parte de un órgano estatal. La Corte expresó que la restricción aplicada en el presente caso no cumplió con los parámetros convencionales. En efecto, consideró que la restricción aplicada al acceso a la información no se basó en una ley, ni tampoco respondía a un objetivo permitido por la Convención Americana, ni que fuera necesaria en una sociedad democrática, máxime, si la autoridad encargada de responder la solicitud de información no adoptó una decisión escrita fundamentada que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos para restringir el acceso a tal información. Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de dicho tratado. Asimismo, al no haber adoptado las medidas necesarias y compatibles con la Convención para hacer efectivo el derecho al acceso a la información bajo el control del Estado, Chile incumplió la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151 

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Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

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Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

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Tomo 1

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Tomo 2

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